JUSTICIA

25 años de expansión de la democracia

Septiembre 24, 2021 | Por: Alejandra Tello Mendoza

Hace unos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió una sentencia histórica a favor de las mujeres. Nunca más se nos criminalizará por tomar una decisión sobre nuestro propio cuerpo. Esto me hizo pensar en varios temas. Uno de ellos, en la importancia del control de constitucionalidad para las democracias contemporáneas. Después de los aberrantes hechos de la Segunda Guerra Mundial comprendimos que debe haber un guardián no solo de la democracia, sino sobre todo de la dignidad de todas las personas y los derechos humanos. Hitler llegó al poder de manera legal en una democracia. Eso nos recuerda que ni la legalidad ni la democracia procedimental son garantías de nada. De ahí la importancia de contar con tribunales que revisen la constitucionalidad de las leyes históricamente hechas por una élite política que ha dejado fuera la voz de mujeres y otros grupos vulnerados. Esto me llevó a otra reflexión: el papel también relevante que ha tenido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en la tutela de los derechos políticos justo de grupos históricamente relegados del poder.

Por más de 150 años se retrasó la justicia electoral en nuestro país. Se apelaba a la división de poderes y al peligro de la “politización de la justicia” para evitar entrarle al control de la legalidad y constitucionalidad de los procesos electorales. Como si la justicia no tuviera que ver con la política bien entendida y como si la justicia no pudiera grillarse y corromperse por no conocer asuntos electorales. Pero básicamente esta es la famosa tesis Vallarta que explica la actual improcedencia del juicio de amparo en materia electoral.

En 1996 al fin se hizo la reforma “definitiva” para crear un auténtico tribunal constitucional especializado después de un largo y sinuoso camino de apertura democrática concedida a cuentagotas. Y si bien todavía hay mucho camino por andar para mejorar la democracia y la justicia electoral en nuestro país, resulta fundamental tener presente los kilómetros que hemos avanzado. Woldenberg afirmó alguna vez que parte del desencanto con la democracia se explica a partir de la ausencia de una pedagogía pública que socialice los importantes cambios que se han dado en el país desde la reforma política de 1977. ¿Cómo vamos a valorar la democracia si no sabemos todo lo que nos ha costado? Por ello considero fundamental fortalecer la pedagogía pública electoral a fin de situar las instituciones y reglas electorales vigentes colectivamente en su justa dimensión y evitar que la anunciada reforma política sea otra vez producto de un prejuicio cocinado al vapor.

A 25 años de la creación del TEPJF resulta vital recordar algunas de las sentencias históricas que han contribuido a fortalecer nuestra democracia. Y así como nos lo recordaron activistas y académicas con la resolución de la SCJN, estas sentencias transformadoras no son exclusivamente una aportación de las y los jueces, detrás de todas estas sentencias hay organizaciones, activistas, litigantes, comunidades indígenas y ciudadanía que han acudido a exigir justicia y el respeto a sus derechos políticos. El avance en la justicia electoral por ello tiene que ver con ese diálogo que se crea entre la ciudadanía, las y los actores políticos, otros poderes del Estado y las magistraturas electorales.

En 1999, con el famoso caso Tlacolulita (SUP-JDC-37/1999), por primera vez se reconoce la legitimación de los pueblos y comunidades indígenas para presentar el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano (JDC). A partir de entonces el Tribunal ha conocido de los problemas derivados de las elecciones por sistemas normativos indígenas e incluso ha contribuido a que se les reconozca este derecho de autogobierno como en el famoso caso de la comunidad Cherán en Michoacán (SUP-JDC-9167/2011). Si bien en una primera época existía una tendencia a priorizar la garantía de los derechos individuales sobre los colectivos, hoy el Tribunal en sus más recientes sentencias ha adoptado un enfoque más intercultural y de constitucionalismo dialógico justo para promover que sea la propia comunidad a través del diálogo, la negociación y la sensibilización de sus habitantes quien incluya paulatinamente a mujeres y otras personas a la esfera de la representación política en ejercicio de su autonomía (Ver por ejemplo los REC 33, 38, 39 de 2017).

En 2003 (SUP-JDC-84/2003), por primera vez se reconoció a los actos de los partidos políticos como actos de autoridad, lo cual permitió que el JDC fuera procedente para conocer de violaciones a los derechos políticos de las y los militantes. ¿Cómo construir una democracia cuando los monopolizadores de las candidaturas a los cargos de elección popular no garantizan condiciones mínimas de democracia en su interior? La jurisprudencia del Tribunal justo ha contribuido a que las normas internas de los partidos sean democráticas, a que las dirigencias partidistas se renueven y se integren incluso de manera paritaria y a que se sancione la violencia política al interior de estos institutos políticos (ver los SUP-JDC 369 de 2017, 20 de 2018, 1862 de 2019 y 1332 de 2020). Pero ojo, siempre se ha buscado que la jurisdicción electoral sea la última ratio, es decir, la última opción a los conflictos internos de los partidos políticos. Lo ideal siempre será que se recurra incluso a los mecanismos alternativos de solución de conflictos obligatorios desde la publicación de la Ley General de Partidos Políticos en 2014. Hay que hablar más de este tema.

Cómo olvidar también la importancia que tuvo la famosa sentencia SUP-JDC-1773/2016 que por primera vez obligó a los partidos políticos a cumplir con la cuota de género que en el aquel momento mandataba el Cofipe de 60/40 y que determinó que todos los procesos de selección interna de candidaturas eran democráticos y que por tanto no cabían excepciones a la cuota. A partir de ahí ha sido gracias a criterios innovadores de las autoridades electorales que se ha obligado a los partidos a cumplir con la paridad a pesar de la continua búsqueda de válvulas de escape para evitarlo: alternancia en las fórmulas, suplentes del mismo género, obligación de paridad vertical y horizontal en municipios; distritos competitivos; listas de representación proporcional encabezadas por mujeres y un largo etc.

Con la histórica sentencia SUP-REC-352/2018, en las pasadas elecciones de 2021 votaron 898 personas en situación de prisión preventiva, con la sentencia SUP-JDC-134/2020 se reconoció el derecho de las personas mexicanas naturalizadas a integrar órganos electorales nacionales y en la SUP-JDC-1109/2021 se pidió al INE considerar casillas no binarias para la integración de las autoridades electorales locales. No es admisible que en nuestro país existan ciudadanías de primera y de segunda. Los derechos políticos deben estar garantizados para todas las personas.

En el contexto de este proceso electoral 2021, fue a golpe de sentencias que se vinculó a los partidos políticos a nominar siete candidatas a las gubernaturas (SUP-RAP-116/2020); que se vinculó al INE a implementar acciones afirmativas para personas afromexicanas, de la comunidad LGBTTIQ+, personas con discapacidad y migrantes (SUP-REC-21/2021); nunca las plurinominales habían representado de mejor manera la diversidad que compone a nuestra sociedad.   Finalmente está la sentencia en que se determinó modificar la asignación de diputaciones de representación proporcional hecha por el INE lo cual permitió que por primera vez en la historia de nuestro país la Cámara de Diputaciones se integre exactamente de manera paritaria (SUP-REC-1414/2021).

Sabemos insisto, que son aun muchos los problemas de nuestra joven democracia, y no se trata de caer en la autocomplacencia, sabemos bien que el progreso no es lineal. No obstante, sí es vital reconocer que el activismo, el litigio estratégico y tribunales comprometidos con los derechos humanos son un ingrediente importantísimo para expandir la democracia más allá del gradualismo reformista que bien ha descrito Soledad Loaeza en sus más importantes obras sobre el sistema político mexicano.

Resulta primordial que la ciudadanía, las candidatas y candidatos, las colectivas y cualquier persona, sepa que cuenta con el derecho a la democracia argumentativa frente a los tribunales constitucionales, ojo, no como sustitución de la democracia representativa, sino como un complemento de esta forma de gobierno que ya ha mostrado sus limitaciones y que requiere urgentemente ser revitalizada con mayor pluralidad en los órganos de representación política.

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