#OBSERVATORIOREFORMAS

(Des)Ordenando la Información

Octubre 15, 2021 | Por: Karina Cáceres

El auge de las mediáticamente denominadas “fake news” y la creciente crispación en el debate público se han convertido en problemáticas que encienden las alarmas sobre su impacto en la salud de nuestras democracias. Sin embargo, según los datos del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina [#ObservatorioReformas], sólo 8 de 18 países de la región cuentan con legislación sobre desinformación, específicamente, en tiempos electorales.

La tarea de legislar y frenar el avance de esta nueva amenaza a las democracias es ardua y compleja ya que implica tensiones entre derechos y garantías democráticas. Esta labor requiere encontrar fórmulas y soluciones que protejan el debate público, garanticen el derecho a la información cierta y veraz y que, a su vez, las nuevas reglas no afecten el ejercicio de la libertad de expresión ciudadana.

Sumado a esto, las respuestas tradicionales, como endurecer con mayores penas el marco jurídico o establecer multas, pueden resultar insuficientes para lidiar con la desinformación y la mentira en clave mediática. La dimensión masiva de este fenómeno hace que el problema sea en la actualidad más importante de lo que nunca fue en el pasado. Por lo tanto, delimitar y comprender algunas dimensiones y aspectos de este puede contribuir a alcanzar las mejores soluciones posibles.

#¿QuéEs?

Paradójicamente, una de las principales dificultades para comprender la tendencia a la desinformación es precisamente poder acotar su definición y, con ello, poner de acuerdo sobre lo que ello significa. El uso indistinto de términos como desinformación, posverdad, fake news o, el más reciente, infodemia, conlleva el riesgo de solapar significados y sentidos y generar más confusión y vaguedad.

Más allá de la pluralidad de términos con los que se conceptualiza, todos éstos se entienden como desórdenes informativos y comparten tres rasgos en común: a) tienen una intención, preferiblemente política; b) sostienen una falsedad y c) poseen una presentación formal con apariencia de verdad. Según el tipo de intención e información que contengan, el Informe de la Comisión Europea de 2018 los clasifica en:

-          Mis-information: cuando la noticia contiene información errónea, pero no se persigue el daño con su publicación.

-          Mal-information: cuando se publica información cierta, pero el principal objetivo de su publicación es dañar a una persona, colectivo, institución o país. Un ejemplo de este tipo de información fueron las filtraciones de los correos electrónicos personales de Hillary Clinton durante la campaña electoral de 2016.

-          Dis-information: cuando se persigue dañar a otra persona, colectivo, institución o país con información falsa y fabricada. Un ejemplo de esto se produjo en la pasada Segunda Elección Presidencial peruana cuando diversos actores políticos acusaban sin fundamento a las instituciones electorales de un posible fraude.

#¿PorQuéSucede?

A pesar de la atención mediática que existe en torno a la desinformación, su producción y existencia no es una novedad. Lo realmente novedoso es que existe un nuevo contexto social, político y mediático que facilita que el volumen, alcance y velocidad de distribución de este tipo de contenidos llegue a dimensiones anteriormente no vistas.

Este nuevo contexto se caracteriza por la erosión del papel institucional de los medios tradicionales como mediadores en la esfera pública; los cambios en la forma de producción, consumo y distribución de la información pública a raíz de la aparición de medios digitales y redes sociales y, finalmente, las motivaciones psicológicas y el funcionamiento de las redes a la hora de compartir y consumir este tipo de contenidos.

Las Redes Sociales proporcionan un entorno inédito para la difusión de información al combinar dos elementos completamente nuevos: a) la producción de contenidos, que no es el fruto de las organizaciones de medios sino de personas que suben sus historias e interactúan y b) la personalización de los contenidos a los que accede el usuario en función de los que sigue y de la publicidad que recibe en función de sus intereses.

En su libro “Fake News, Trolls y Otros Encantos”, Ernesto Calvo y Natalia Aruguete argumentan que se utilizan las redes sociales para conectarnos de manera afectiva. De esta manera, entrar en conexión con usuarios de la red social es parte del placer cognitivo que generan los intercambios sobre cuestiones políticas con quienes piensan de manera similar. En las redes sociales somos propensos a compartir noticias falsas que sean congruentes con nuestra cosmovisión y así contribuimos a la generación de desórdenes informativos.

#¿QuéHacer?

Los desórdenes informativos llaman nuestra atención y esfuerzos hacia proteger y vigilar las instancias de formación de la opinión pública y los flujos de información en nuestras democracias. Por esta razón, los Estados, las instituciones y los organismos encargados de la organización de los procesos electorales están interpelados a redoblar sus esfuerzos en materia de fortalecimiento de las capacidades propias para combatir este fenómeno. Algunos aprendizajes y lecciones pueden guiar la tarea de crear una agenda común de trabajo para controlar esta problemática:

#1. Generar instancias de cooperación y diálogo multilateral incluyendo a la mayor diversidad de actores implicados en la lucha contra los desórdenes informativos: Esta tarea supone enfrentar la desinformación a partir de una instancia multilateral de diálogo y debate donde todas las partes interesadas y afectadas trabajen en conjunto. Este tipo de instancias de colaboración e intercambio, integradas por autoridades electorales, empresas, sectores académicos, organizaciones sociales y partidos políticos, junto con agencias de verificación de datos y periodistas, pueden observar y emitir recomendaciones y códigos de buenas prácticas tanto para las plataformas como para los países de la región.

#2. Fortalecer los marcos legales de protección de datos personales y explorar la posibilidad de llegar a acuerdos de cooperación con plataformas y empresas intermediarias de Internet: En América Latina todavía existen países que no cuentan con leyes específicas de protección de datos personales. De acuerdo con el libro “Economía de los datos” de Verónica López Sabater (coordinadora) y el portal web Necessary and Proportionate, solo 11 de 18 países registran normativa al respecto.

Chile fue pionero en sancionar su ley de protección de datos en el año 1999, seguido de  Argentina (2000), Uruguay (2008), México (2010), Perú (2011), Costa Rica (2011, entrada en vigor 2016), Colombia (2012), Brasil (2018), Panamá (2019), Ecuador y El Salvador (2021). En consecuencia, existe la posibilidad de explotación de estos datos de manera inadecuada debido a la falta de legislación lo que también promueve el fenómeno de la desinformación.

Las leyes de protección de datos deben incluir que los partidos políticos transparenten e informen sobre el gasto que se invierte en sitios y plataformas que operan en línea, campañas digitales, fuentes de datos (data brokers), agencias publicitarias y proveedores de herramientas digitales. Esto supone una mayor fiscalización de los recursos que los partidos destinan a estas plataformas.

Adicionalmente, es importante fomentar y seguir fortaleciendo una de las prácticas positivas detectadas en la región: acuerdos establecidos entre autoridades electorales y empresas que prestan servicios de Internet para actuar en contra del fenómeno de la desinformación. Estos acuerdos permiten a las autoridades comprender mejor cómo funciona el Internet durante las elecciones y cómo despliegan las principales compañías sus políticas de moderación de contenidos.

#3. Fomentar la alfabetización digital: En tiempos de sobreabundancia de (des)información, la alfabetización digital es más importante que nunca. La ciudadanía debe tomar conciencia de su propia participación en los procesos de réplica de la desinformación y alertar sobre el empobrecimiento del debate público que este fenómeno genera. Por ello, es necesario realizar una apuesta real por la alfabetización mediática-digital con un enfoque cívico que refuerce la democracia y que brinde herramientas prácticas para formar una ciudadanía con espíritu crítico a la hora de consumir y compartir información.

#4. Fomentar el periodismo de calidad y grupos de fact-checking: En un ecosistema mediático en el que se institucionalizan los contenidos engañosos, la falta de rigurosidad y una gran abundancia de fuentes, es cada vez más necesario comprobar la veracidad de las noticias. Es así que nace una oportunidad: el fomento del periodismo de calidad y de investigación. Si algo bueno ha traído la desinformación ha sido el debate sobre la calidad de las noticias y la revalorización de la buena labor periodística. Entonces, resulta urgente impulsar y apoyar el crecimiento del fact-checking y las herramientas para evaluar la calidad de la información como armas para atacar la desinformación.

#5. Expandir las investigaciones periodísticas y académicas-empíricas sobre la desinformación en la región: Aún se conoce muy poco sobre la extensión de la desinformación, su alcance, causas y efectos. Es esencial que se profundicen las investigaciones sobre la desinformación, sobre todo en América Latina en donde los análisis tanto cualitativos como cuantitativos son escasos. Estas investigaciones deberían tener una sólida base empírica, enfocarse en eventos concretos de la región y realizarse de manera comparada.

¿Cómo ordenamos los desórdenes informativos? La claridad en torno a este fenómeno es fundamental y esto permitirá construir una agenda más sólida de investigación e incidencia pública que optimice los esfuerzos y estrategias ya existentes por parte de los diferentes países para proteger a nuestras democracias de este (no tan nuevo, pero renovado) desafío.

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