JUSTICIA

SANCIÓN CONTUNDENTE CONTRA LA VPMG EN PROCESOS ELECTORALES

Sanción contundente contra la VPMG[1] en procesos electorales 

El feminismo es una aventura colectiva, para las mujeres, pero también para los hombres y para todos los demás. […] No se trata de oponer las pequeñas ventajas de las mujeres a los pequeños derechos adquiridos por los hombres, sino de dinamitarlo todo. Así termina su libro “Teoría King Kong” la novelista Virginie Despentes.

Ese movimiento social, más allá de todas sus formas y manifestaciones, respondió, por fin, y con contundencia a la búsqueda que desde varios años han empujado grupos de mujeres y asociaciones relacionadas con sus derechos políticos y la democracia paritaria, a que se sancione con efectivas consecuencias a la violencia política contra las mujeres por su género en los procesos electorales.

 

Ese tiempo llegó. Una sentencia histórica emitida por el TEPJF (que confirmó la sentencia previa de la SRCDX) evidenció que es posible sancionar de forma severa la VPMG, ello, al declarar la nulidad de una elección municipal en el estado de Guerrero, por la acreditación de hechos de violencia simbólica contra una candidata indígena.[2] 

 

Para la justicia electoral, la puesta de la violencia en la escena pública ante el incremento de más mujeres en cargos de tomas de decisión gubernamental permitió entender que era necesario trabajar por su eficaz erradicación y prohibición, ya que representaba un obstáculo evidente, recurrente y cotidiano para el efectivo goce y ejercicio de sus derechos políticos.

 

El origen de esa necesidad comenzó por construir una la línea jurisprudencial sustantiva y de sistema probatorio respecto a la VPMG, sin embargo, seguía hasta, hace pocas semanas, una ausencia evidente de una resolución que marcara un antes y un después de esa cadena de precedentes, y con la nulidad de la mencionada elección municipal esta decisión, cumple con ese parteaguas tan esperado.

 

Este nuevo precedente considerado un hito en el derecho electoral, confirmó la resolución de la Sala Regional Ciudad de México y que, atendió a la necesidad de atribuir la consecuencia máxima a la violencia política por razones de género para abarrotar los obstáculos que generalmente enfrentan al ser candidatas.

 

La Sala Superior estimó que existían pruebas contundentes que acreditaban que los hechos de la violencia afectaron el derecho a ser votada de la candidata, la VPG tuvo un impacto negativo y derivó en violaciones que transgredieron la certeza de la elección que trascendieron a su resultado. Para arribar a esa conclusión, indicó lo siguiente:

 

1) Del estudio de las pruebas con una perspectiva de género objetiva e interseccional, el género de la candidata influyó en el ejercicio de sus derechos políticos y en el resultado de la elección, porque los hechos que consistieron en 14 pintas con mensajes con intención disminuir y afectar derechos de la candidata, el contenido afectó su imagen pública como mujer era incapaz de gobernar.

 

Algunas de las frases que se encontraban en esas pintas eran: “es tiempo de hombres” y que “ninguna vieja más en el poder”, “Las mujeres no saben gobernar”, “Fuera” “Las viejas no cirben (sic)” y pintas sobre la imagen de la cara de la Candidata de lo que aparenta ser barba y bigote, además de la frase “Ni una bieja mas en el poder (sic)”

 

Esas manifestaciones se consideraron de tipo simbólico porque se analizó que fueron utilizadas según el significado social que conviene en el momento cultural. En concreto, el mensaje permitió ver que el poder de la simbolización del género es que parece que los hombres están “naturalmente” mejor capacitados para determinados roles y las mujeres para otros.

 

2) En el valor contextual de la elección se observó que: a. era una comunidad indígena en la sierra de Guerrero, en donde si bien las mujeres han sido electas, ello no era razón para considerar que no se les violenta ante los hechos advertidos; b. las pintas de frases databan de al menos 6 días antes de la jornada y de veda electoral, y c. la ubicación de mensaje estaban en inmediaciones de comunidades del municipio

 

3) Se actualizó la determinancia, pues entre el ganador y la víctima resultaron solo 53 votos de diferencia, lo que se traducía en un porcentaje mínimo de 0.97% de los votos. Este caso es distinto al recordado caso Coyoacán en el que si bien se acreditó la VPMG, la diferencia de voto entre los primeros lugares fue de 11.11 %.

4) Se comprobó un impacto desproporcionado en el resultado porque la población estuvo expuesta a los mensajes en un periodo muy cercano a la elección, así como durante el periodo de reflexión, e incluso, durante su traslado a las casillas.

Esos fueron los elementos advertidos en el análisis del caso para anular la elección, sin embargo, es de resaltar cuatro criterios derivados de esta importante decisión:

 

1) Respecto de las impugnaciones de los resultados de una elección y las denuncias relacionadas con VPG, se estipuló que en su análisis se debe permitir un estándar de prueba que permita inferir con un alto grado de certeza el perjuicio que ocasiona en el electorado.

 

Pues lo contario sería fijar un estándar probatorio muy alto, casi imposible de alcanzar al otorgar a la denunciante la carga de la prueba para acreditar la trascendencia de los hechos en proceso electoral, y ello, la revictimizaría.

 

2) La posibilidad de anular una elección por principios constitucionales que dota consecuencias reales a los actos de VPMG.

 

3) Vincula a toda autoridad electoral a mirar todo el contexto de una elección desde una perspectiva interseccional. Esto es, maximiza el respeto y tutela de los derechos políticos de las mujeres indígenas.

 

4) El deber de cuidado que tienen los partidos políticos y las autoridades electorales para accionar las debidas diligencias cuando observen la presunción de este tipo de conductas que puedan advertir la posibilidad de estar frente a actos de VPMG.

 

Esta sentencia muestra que el derecho puede interpelar y convocar a una deliberación ética, dando origen a nuevas sensibilidades a quienes participan en política.

 

 


[1] Violencia política contra las mujeres por razón de su género.

[2] SUP-REC-1861/2021

 

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