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Mujeres y violencia política en Ecuador

¿Qué es la violencia política contra las mujeres?

La violencia política contra las mujeres por ser mujeres se define como aquellas acciones y omisiones que tienen por objeto menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público. Esta idea se encuentra tanto en la literatura como en la normativa que busca atajar esa violencia. Así, existen diferentes maneras con las cuales se puede ejercer este tipo de violencia como la psicológica, la física, la social, la económica, la simbólica, entre otras. Todas y cada una de estas limitan o impiden el pleno ejercicio de las mujeres en política haciendo que su contribución en este sector, en muchos casos, no sea sostenible.

Escuchar diferentes casos sobre cómo las mujeres en política han sido víctimas de la violencia es impactante e indignante. Muchas de las mujeres que han vivido violencias han sido invisibilizadas dentro de sus propios partidos y movimientos políticos, han recibido ataques personales de su propio binomio, han recibido amenazas contra su integridad por promover determinada ley o han sido invitadas a un medio de comunicación y, en lugar de ser preguntadas por su accionar político, se les ha interrogado por su vida privada (lo que no suele ocurrir cuando se entrevistan a los hombres). Estos actos no solo limitan el ejercicio de los derechos de las mujeres, sino que además las violentan y producen que muchas políticas se replanteen continuar o no con su carrera política.

En Ecuador, el caso de Cynthia Viteri, ejemplifica claramente lo mencionado. En 2016, el expresidente Rafael Correa en un conversatorio atacó a la entonces candidata a la presidencia por el Partido Social Cristiano mencionando que: “Yo de asesor de Cynthia Viteri le recomendaría que no hable de economía, que hable de cualquier cosa... de maquillaje, no de economía. Da vergüenza ajena”.[1] Este discurso revela la cultura machista en la cual no solo no se debate a través de ideas, sino que se emplean palabras que denigran a las mujeres con la intención de callarlas. Estas declaraciones además evidencian los estereotipos de género que subyacen las ideas que evalúan el liderazgo como algo exclusivo de los hombres.

El impacto de este tipo de violencia no solo perjudica a las mujeres lacerando su derecho de participación, sino que también afecta directamente a la manera en que se vive en democracia. En este sentido, los países deberían procurar adoptar políticas públicas nacionales contra la violencia política en razón de género (VPG). Como evidencian los datos del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina, ya diez países han aprobado algún tipo de normativa para prevenir, atajar, sancionar y/o reparar los derechos políticos afectados en situaciones de violencia política de género. Asimismo, es necesario aprender de la política comparada regional para que se desarrollen buenas prácticas en las instituciones públicas y dentro de los mismos partidos políticos para combatir esta problemática.

Las leyes no alcanzan: la experiencia ecuatoriana

Hace muy poco, Ecuador no contaba con un marco legal referente a la VPG. No obstante, con las reformas al Código de la Democracia, que fueron promulgadas en febrero de 2020, se definió a la VPG y se establecieron sanciones en caso de que este fenómeno se produzca. De esta manera, la VPG se conceptualiza en su Art. 280 como la “agresión cometida por una persona o grupo de personas, directa o indirectamente, contra de las mujeres candidatas, militantes, electas, designadas o que ejerzan cargos públicos, defensoras de derechos humanos, feministas, lideresas políticas o sociales, o en contra de su familia.” En esta normativa también se listan 13 actos de violencia contra las mujeres en la vida política y se determina, en los artículos 61 y 70, que la institución encargada de resolver las denuncias que se presenten y evaluar la sanción correspondiente es el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

A pesar de la existencia de una normativa, la presencia de una ley específica sobre este tópico en el aparato legal no ha evitado que se lleven a cabo múltiples ataques verbales, muchos a través de redes sociales, dirigidos a candidatas durante las Elecciones Generales que se realizaron en febrero y mayo de 2021. Según el monitoreo realizado por la Corporación Participación Ciudadana, se registraron un total de 15.872 expresiones denigrantes de las cuales apenas se presentaron cuatro denuncias ante el TCE. Todas estas denuncias, finalmente, fueron archivadas por motivos procedimentales. En consecuencia, es evidente que más allá de la implementación del concepto y sanción en la normativa -que es un hito histórico y relevante-, pocas personas llegan a denunciar la VPG.

La existencia de VPG produce consecuencias negativas al fortalecimiento democrático de los países de nuestra región. Si bien se considera una buena práctica el hecho de que varios Estados cuenten con una normativa que contempla este tipo de violencia la cual puede motivar a los países restantes a que la implementen, se evidencia que en su mayoría no existe una estructura que permita medidas de prevención y sanciones efectivas. Ejemplo de ello es Ecuador en donde pocos casos han sido denunciados versus las múltiples agresiones que se registraron en campaña electoral para los últimos comicios. Esto devela que, más allá de la normativa, se debe implementar una política pública que aborde este tópico de manera interinstitucional. 

Así, el caso ecuatoriano se destaca por una particularidad: la presencia de una ley específica vinculada sobre la VPG no ha evitado que la violencia deje de ocurrir, ni ha aumentado el número de denuncias y, mucho menos, ha garantizado sanciones efectivas. Entonces, ¿de qué manera se puede evitar que este tipo de comportamientos y acciones sigan ocurriendo? ¿Qué reformas se pueden proponer para garantizar que las mujeres compitan en procesos electorales en igualdad de condiciones y sin sufrir de violencia por ser mujeres?

Propuestas de reformas y aprendizajes comparados

Los casos denunciados en Ecuador evidencian que puede existir una normativa, pero que la aplicación de la misma puede conducir a un proceso judicial complejo que involucre que la víctima deba invertir una serie de recursos diversos (financieros, tiempo, conocimientos jurídicos, redes de apoyo, entre otros) que no siempre una ciudadana tiene disponibles. Por ello, las instituciones encargadas de aplicar esta norma deberían proveer de asesoría y acompañamiento jurídico que respalde de manera activa a las denunciantes. De nada sirve contar con una normativa de VPG si esta no puede ser aplicada debido a que las víctimas no pueden hacer efectiva sus denuncias.

Asimismo, existen componentes estructurales, sociales y culturales, los cuales se deben trabajar a través de campañas de educación, de una constante capacitación y estrategias de sensibilización. Por ello, la ciudadanía, los medios de comunicación, las y los actores políticos, los partidos y movimientos políticos y las instituciones tienen una responsabilidad directa para que se reduzca y mitigue la VPG en las sociedades democráticas. La suma de todos estos esfuerzos garantizará que las candidatas puedan participar en igualdad de condiciones que los hombres y eso no es una cuestión menor.

Finalmente, también es igual de importante que los partidos y movimientos políticos inviertan sus recursos (y esfuerzos) igualitariamente tanto en mujeres como en varones que quieren participar en política. La formación de cuadros políticos, capacitación, apoyo logístico y económico deben repartirse en igualdad de condiciones y sin considerar el género de la persona. Es impensable que se promueva -en el caso ecuatoriano- la paridad de género en la Constitución y Código de la Democracia si las escuelas de formación y las oportunidades competitivas se limitan solo a los candidatos varones. Promover igualdad de condiciones en la competencia política es una tarea esencial en el fortalecimiento de la democracia.



[1] El Comercio. 2016. “Rafael Correa: ‘Yo de asesor de Cynthia Viteri le recomendaría que no hable de economía’”. Disponible en: https://bit.ly/3m5SNzP

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