#OBSERVATORIOREFORMAS

Protocolos Trans en América Latina

Noviembre 16, 2021 | Por: Ericka López Sánchez

Actualmente cuatro países de América Latina tienen medidas para garantizar el derecho al voto de las personas trans*[[1]]: México, Colombia, Chile y Perú; el mecanismo legal que se ha construido para ello en estas naciones es el esquema de protocolo; el cual es, en sentido estricto, una serie de instrucciones que se fijan por tradición o convenio, y suele ser una normativa que establece cómo se debe actuar en ciertos procedimientos. En él se asientan conductas, acciones y técnicas que se consideran adecuadas para determinadas situaciones. Es decir, norma una situación en específico y es un documento que responde al procedimiento interno de un organismo, institución e incluso evento social.

Los cuatro Protocolos que existen en la región fueron aprobados por Organismos Públicos, en el caso de México el Instituto Nacional Electoral, INE; en Chile, el Servicio Electoral de Chile, Servel; en Colombia por el Consejo Nacional Electoral, CNE; y en Perú por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE.

La existencia de estos protocolos deja en claro que la ciudadanía no es universal y se encuentra acotada a términos y condiciones que atraviesan la identidad de género, la orientación sexual, la condición racial, la condición migratoria, la funcionalidad corporal, entre otras matrices de dominación.

Las personas trans* son aquellas personas que no se identifican con el sexo asignado al momento de nacer y construyen su identidad y expresión de género desde su autopercepción, y desde ahí parte su vivencia corporal, identitaria, emocional y sus propias trayectorias de vida. Esto lo hacen enfrentando, resistiendo y luchando un orden legal, social y político cissexista[[2]].

Así, el sistema legal bajo el cual se han construido las democracias posee un marco de comprensión cissexista desde el cual aprehende, ordena y atiende a la población. La noción de ciudadanía, el sujeto político de la democracia, se articula por tanto en clave binaria, basada en la idea de “cuerpos verdaderos” como identidades válidas que gozan de reconocimiento en el espacio público. Marcando con ello las fronteras de los cuerpos y trayectorias de vida que no se ajustan a este orden “natural” supremo.

Las personas trans* han emprendido diversas y múltiples acciones colectivas en el mundo desde la década de los años sesenta del siglo XX para luchar por el reconocimiento de su existencia, igualdad de acceso a derechos y vidas dignas. Los derechos humanos han sido cruciales para que poco a poco sus luchas empiecen a fracturar el monolito cissexista de la democracia y el paradigma de ciudadanía.

Hasta el momento nueve países de la región (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Uruguay) tienen ley de identidad de género a nivel nacional. Es decir, tres de los países que cuentan con protocolos para garantizar el voto de las personas trans* tienen esa ley, excepto México, la pregunta es entonces ¿por qué tienen protocolo Chile, Colombia y Perú? Parecería ya no ser necesario, pero lo que ocurre es que los derechos LGBT+ ganados no se encuentran armonizados y en casi todos los casos se requieren juicios extras y/o procedimientos administrativos dilatados, sujetos muchas veces a las resistencias de quienes ejercen la burocracia e imparten justicia, y entre las múltiples afecciones que esto produce están implicados los derechos político-electorales.

En Chile, tras la demora de la incorporación del “cambio de sexo” en el registro del padrón electoral para votar en el Plebiscito Nacional 2020, la OTD Chile Organizando Trans Diversidades y FI Fundación Iguales impulsaron en 2020 el Protocolo de actuación para casos de electores con cambio de sexo registral no incorporado al padrón electoral por cierre de actualización del Registro electoral. Este protocolo solo opera para las personas que han hecho legalmente la rectificación legal de su identidad de género.

En Colombia sucede algo similar, la Registraduría tarda años en actualizar los datos de las personas que hacen rectificación de su identidad de género. En 2019 hubo una denuncia de violencia y discriminación de una mujer trans que acudió a votar, ella hizo su rectificación de identidad de género en 2017, dos años después la Registraduría no había actualizado sus datos. Pero también ocurre que muchas personas trans* no han realizado el cambio de sus datos en sus documentos, especialmente los hombres trans, porque les exigen “la libreta militar para quienes corrigen el componente sexo a masculino, costo del trámite, inconformidad con una clasificación binaria de los documentos”[[3]]. Aunado a que el personal de las instituciones a las que tienen que acercarse para reunir los requisitos, desconocen que existe el decreto 1227 que reconoce el derecho a la rectificación de la identidad de género.

Misión de Observación Electoral, MOE; Fundación Grupo de Acción & Apoyo a Personas Trans, GAAT; y Caribe Afirmativo impulsaron en Colombia 2020 el Protocolo para promover medidas que garanticen el derecho al voto de las personas trans (transgénero, transexuales y travestis) en igualdad de condiciones y libre de discriminación; que a diferencia de Chile tiene la finalidad de garantizar el voto de las personas trans* que han hecho o no su rectificación legal de su identidad de género.

El caso peruano, el derecho a la identidad de género fue reconocido en 2016 mediante una sentencia[[4]] dictada por el Tribunal Constitucional de Perú, pero el proceso para la rectificación del sexo en los documentos de identidad debe hacerse vía proceso sumarísimo. Así, este proceso queda bajo tutela judicial “la rectificación del sexo deberá ser ordenada por un juez, aunque al menos el Tribunal Constitucional establece que deberá hacerse por vía sumarísima” [[5]]. Pero también presenta complejidades el proceso sumario en cuanto a atender asuntos relacionados con el Documento Nacional de Identidad, pues es el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, quien de acuerdo con la legalidad peruana es la instancia que debe reconocer el derecho a la identidad de género, pero la respuesta hasta ahora ha sido negativa.

La realidad es que mientras el RENIEC no reconozca el derecho a la identidad de género las personas trans* seguirán teniendo limitada su participación en los procesos electorales. Existe un proyecto de Ley de identidad de género en Perú, que pasó por el Congreso y al que el RENIEC dio visto bueno, pero se ha quedado estancado. Por eso en 2021, Activistas Trans independientes; IDEA Internacional, Unión Europea; Red peruana TLGB; Movimiento Manuela Ramos; Presente; Más Igualdad; Red LGTB Arequipa; Casa Trans de Lima Este; RUNA; PROMSEX; Visibilidad Trans Masculina y Consultorio Unicxs impulsaron el Protocolo para garantizar el derecho al voto de las personas trans* en la jornada electoral.

Mientras que en México, el Protocolo para adoptar las medidas tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elección y mecanismos de participación ciudadana, impulsado y aprobado en 2017, en el que participaron personas trans* activistas y colectivas y organizaciones de personas trans* se realiza como consecuencia de la falta de reconocimiento al derecho de la rectificación de la identidad de género a nivel nacional.

Los cuatro protocolos se fundamentan en el marco de los instrumentos internacionales que garantizan los derechos humanos de las personas trans* con especial énfasis en los derechos político-electorales y que han sido reconocidos en las leyes nacionales de cada país. Son protocolos que requieren de definiciones precisas en cuanto a la identidad y expresión de género, el orden cissexista y binario, y las violencias y discriminaciones vividas por las personas trans* al momento de ejercer su derecho al voto, además de los procedimientos a seguir antes y durante la jornada electoral. Es fundamental decir que cada Protocolo posee diferentes niveles de especificación y formas diferenciadas de atención de denuncias.

Es evidente que la ley de identidad de género en Chile, Colombia y Perú es un derecho mutilado que aún no logra garantizar el acceso a otros derechos, pues los entramados legales y burocráticos se encuentran distantes de la normatividad internacional e incluso nacional que ha generado instrumentos para garantizar vidas dignas a las personas trans*, es decir; el andamiaje legal nacional posee resistencias para hacer cumplir leyes nacionales en la vida cotidiana, producto de la articulación estructural y subjetiva del cissexismo, de esa creencia de sólo poder comprender y asegurar las vidas de los “cuerpos verdaderos”.



[[1]] Personas transexuales, travestis, transgénero, trans, no binarias de pueblos originarios y emergentes.

[[2]] Ordena a la diversidad humana a partir de criterios biologicistas, binarios y centrados en los genitales; los hombres son aquellos cuerpos con pene y las hembras los cuerpos con vulva y función de esos órganos se construye el género hombre-mujer y serán esos cuerpos los “cuerpos verdaderos” y los “más auténticos”, y en consecuencia gozarán de los marcos de comprensión legal, social y políticos.

[[3]] “El suplicio de votar para las personas trans”, en <https://www.dejusticia.org/column/el-suplicio-de-votar-para-las-personas-trans/>, consultado el 14 de diciembre de 2020. 

[[5]]El Tribunal Constitucional de Perú reconoce el derecho de las personas trans a ver reconocida su identidad de género en los documentos oficiales” en <https://www.dosmanzanas.com/2016/11/el-tribunal-constitucional-de-peru-reconoce-el-derecho-de-las-personas-trans-a-ver-reconocida-su-identidad-de-genero-en-los-documentos-oficiales.html >, consultado el 12 noviembre de 2016.

 

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