GÉNERO Y POLÍTICA

La esperanza de una legislación robusta

Noviembre 25, 2021 | Por: Wendy Briceño Zuloaga

Era de esperar que, con la Legislación amplia y robusta sobre Paridad en Todo, para garantizar la participación simétrica de hombres y mujeres en las candidaturas políticas, así como en los espacios de decisión, se desatan las violencias políticas en contra de las mujeres en razón de genéro. Lo hemos visto y analizado: cada victoria para los derechos de las mujeres recibe por respuesta más violencias patriarcales.

Así que desde la Cámara de Diputados promovimos la aprobación de la Reforma Constitucional y la armonización a 86 leyes secundarias en materia de paridad de género, a la par que legislamos la violencia política contra las mujeres en razón de género, reformando ocho ordenamientos legales.

En ese momento no imaginaba que esa legislación que impulsamos, analizamos, discutimos en la Comisión de Igualdad de Género, en mesas de trabajo y foros, sería clave para enfrentar violencia política contra mi persona en razón de género.

El viacrucis por los vericuetos legales

 

En diciembre de 2020, promoví dos denuncias administrativas (Procedimiento Especial Sancionador) ante el Instituto Nacional Electoral, así como, una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la FGR en contra de tres individuos que, desde redes sociales y portales, coincidiendo en las fechas de inicio, empezaron a atacar mis derechos políticos; por lo que las denuncias fueron por la comisión de actos de violencia política contra las mujeres en razón de género en mi contra.

A partir de ese momento experimenté en carne propia los puntos a fortalecer -aunque no son sólo temas de legislación-, y la confluencia de otros temas: los lentos procesos de impartición de la justicia en México no son acordes a los procesos electorales tan raudos.   

Las violencias políticas suelen darse en el marco de procesos electorales; las resoluciones, con sus respectivas sanciones, suceden cuando las elecciones han transcurrido y cuando el daño de las violencias surten efectos, irreparables, antes de que la ley pueda detenerlo.

También entran en juego algunas otras fuerzas adversas: desde las estructuras estatales y locales de poder, en ocasiones se logra comprometer a organismos electorales que se suponen autónomos. 

En mi caso el camino no estuvo exento de dificultades y vericuetos legales. Por cuestiones de competencia, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE remitió los expedientes al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, para que fueran las autoridades electorales locales quienes investigaran y dirimieran dichas controversias.

Entre los meses de diciembre de 2020 y enero de 2021, la Comisión Permanente de Denuncias del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora (IEESonora), decretó en mi favor una serie de medidas cautelares para garantizar la no repetición de las conductas violentas en mi contra.

Lo que podría significar una victoria solo significó una frustración e impotencia, otra violencia más: estas medidas no fueron acatadas por los infractores; al contrario, en los meses subsecuentes continuaron perpetrando nuevos actos de violencia de manera sistemática para deteriorar mi imagen pública ante el electorado, inclusive durante el transcurso de mi campaña política la cual inició en abril y culminó en junio de 2021.

Por estos nuevos hechos, tuve la necesidad de promover una nueva denuncia por incumplimiento de medidas cautelares ante el IEESonora; a la par, el 26 de abril de 2021 promoví una denuncia administrativa (Procedimiento Especial Sancionador), ante el Instituto Nacional Electoral en contra de los denunciados.

Respecto a la denuncia por incumplimiento de medidas cautelares, el Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos del IEESonora determinó la existencia de nuevos actos de violencia. ¿Por fin una victoria? No: la misma autoridad estableció que se encontraba impedido de decretar sanción alguna porque las medidas cautelares carecían del apercibimiento respectivo. 

Esta resolución fue impugnada mediante un recurso de apelación que fue conocido y resuelto por el Tribunal Estatal Electoral de Sonora (TEESonora), que determinó por unanimidad confirmar dicha resolución, determinando de forma arbitraria que es necesario el formalismo del apercibimiento para imponer medidas de apremio a los infractores, aun cuando se dictaminó la existencia de las nuevas conductas violentas denunciadas.

Por otra parte, respecto a la nueva denuncia realizada ante el INE, esta autoridad nacional electoral se encargó de realizar los actos de investigación necesarios para recabar las pruebas necesarias, y así poder determinar la responsabilidad de los denunciados, por lo que, el expediente fue remitido a la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para su resolutivo.

El 23 de julio de 2021, esta Sala Regional Especializada determinó sancionar a los denunciados, por incurrir en violencia política contra las mujeres por razón de género, en detrimento de mis derechos como candidata a una diputación federal por el Distrito 5 del estado de Sonora, debido a que en el transcurso de la campaña electoral, estos ejercieron violencia política en mi contra vulnerando mis derechos político-electorales.

El camino de espinas y piedras

 

Las denuncias fueron por publicaciones en Twitter y Facebook, además de portales, en las que me calumniaban, partían de un prejuicio o estereotipo como mujer, llamaban al escarnio público al mostrarme como una persona merecedora de rechazo. Es decir, los mensajes no se referían a mi trabajo político o desempeño público que he venido realizando.

 

Esa fue la razón por la que se les sancionó con la imposición de las multas correspondientes y se ordenó la inscripción y ampliación de la permanencia del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia Política contras las Mujeres en Razón de Género del Instituto Nacional Electoral.

 

También se dictaron medidas de reparación consistentes en publicar el presente extracto de la sentencia, ofrecer una disculpa pública, realizar cursos en materia de violencia política contra las mujeres y recomendarles libros sobre lenguaje incluyente.

 

Pero el camino todo el tiempo estuvo lleno de piedras y espinas.

 

Por una parte, los personajes denunciados se encargaron de generar una narrativa que les hacía ver como víctimas de mordazas, violentados en su derecho a la libre expresión. Aunque convoqué a ruedas de prensa donde expliqué el origen de las denuncias, el proceso, y a pesar de que algunos de los acusados eran reincidentes, porque ya habían sido juzgados por violencia política, algunos de sus colegas se fueron por esa narrativa y complicó mi relación con periodistas.

 

Asimismo, las victorias empañadas por una impartición de justicia con sesgos parciales. Respecto del procedimiento local, el 30 de julio de 2021, el IEESonora determinó de manera unánime que sí existió Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Genero en mi contra, referente a las conductas realizadas antes del proceso electoral federal de parte de los denunciados, sin embargo, en su resolución ordenó como sanción sólo un apercibimiento, lo cual no garantiza la no repetición de las violencias ni mucho menos la reparación integral del daño ocasionado.

 

Estas sentencias fueron impugnadas para que la Sala Superior del TEPJF resuelva conforme a derecho.

 

Por último, el procedimiento penal relativo a la denuncia promovida ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la FGR se encuentra en trámite, la última novedad es que los denunciados fueron citados por un Juez Penal Federal para que la fiscalía les formule imputación por las conductas violentas denunciadas.

 

Durante la campaña intensa para refrendar la Diputación por el Distrito 5 Federal de Sonora, cabecera Hermosillo, estos ataques se acentuaron, se multiplicaron, se sofisticaron y se vulgarizaron. Alguien podrá aducir: no hicieron daño, refrendaste en las urnas el voto ciudadano.  Sí hicieron daño. La energía, la defensa constante son recursos valiosos, que generan un desgaste, un desgaste innecesario al que apuestan los violentadores y sus patrocinadores para descarrilar tu carrera política. Y estoy segura que el margen de la victoria hubiera sido más holgada de no haber sufrido esta violencia y constante.

 

Robustecer, apuntalar, afinar la legislación en materia de violencia política contra las mujeres en razón  de género deberá ser un compromiso  de la actual legislatura. Nadie deberá volver a atemorizarnos, debilitarnos, amenazarnos en nuestros derechos políticos de participar en la vida pública y contender sobre suelo parejo

En mi caso y desde cualquier espacio, refrendo mi compromiso con este derecho: el derecho que tenemos las mujeres de vivir libres de violencias en todos los planos, en este caso en el público-político-electoral.

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