#OBSERVATORIOREFORMAS

Juventudes legislando en América Latina

Diciembre 03, 2021 | Por: Julio Ascarrunz

Para noviembre de 2021, la Unión Interparlamentaria identifica que solamente el 4,13% de las personas que integran los Parlamentos de Sudamérica y el 3,57% de Centroamérica tienen menos de 30 años. Estas cifras suben a 24,44% y 22,96% en Sudamérica y Centroamérica, respectivamente, con miembros de los Parlamentos menores de 40 años. A pesar del incremento de alrededor de 20 puntos porcentuales entre ambos rangos de edad, la presencia de personas jóvenes como legisladoras y legisladores es todavía baja. En esta línea, la Unidad de Estadísticas Sociales de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) identificó que para 2020 la población de entre 15 y 34 años en la región representó el 32,5% del total, siendo el grupo de edad más amplio ubicándose a casi 9 puntos porcentuales por encima del segundo grupo demográfico con mayor presencia, de 0 a 14 años.        

La relación entre las juventudes y la política es muy compleja. No solamente por su entramado empírico, sino porque, desde su conceptualización, ambos términos son variables y susceptibles a diferentes interpretaciones. Por un lado, la política se desarrolla en diversas instituciones y a partir de una gran variedad de visiones, símbolos, valores y prácticas, al mismo tiempo que busca efectos diferenciados y utiliza estrategias variadas. Lo que se considera político y la participación en esta esfera responde a una gran variedad de posibilidades. Por su parte, la noción de juventud tampoco escapa de problemas conceptuales. La condición de joven no solamente se define con base en el criterio etario sino en el ámbito al que se refiere y la normativa que rige en el país en que el sujeto radique. Así, una o un joven que quiere postularse a un cargo electivo no tiene la misma condición que la o el joven habilitado como elector, al igual que una persona puede considerarse joven bajo la normativa vigente en un determinado país, pero salir de dicho grupo en otro.

A pesar de estas dificultades conceptuales, la brecha entre la estructura poblacional de la sociedad y la conformación de los Parlamentos de América Latina merece ser analizada. En este corto artículo se describen las principales razones de la importancia de la presencia de las juventudes en la política y los Parlamentos. En segunda instancia, se esboza un breve diagnóstico del accionar de las Constituciones teniendo en consideración sus reformas políticas. Luego, se mencionan algunas de las acciones implementadas por distintos actores para atender esta problemática. Finalmente, se concluye con la identificación de algunos temas pendientes por investigar y atender.

La importancia de las juventudes en los procesos políticos formales

Una de las principales razones de la importancia de las juventudes legislando responde a una lógica descriptiva de la representación, que establece que los Parlamentos debieran asemejarse lo más cercanamente posible a la sociedad en la que funcionan. De la misma manera, un mayor número de jóvenes como autoridades electas aumenta el grado de inclusión que posee el propio sistema político. A su vez, estas condiciones mejoran la representatividad de los Parlamentos y legitiman en cierta medida las decisiones que estos toman.

En segundo lugar, si más jóvenes forman parte de la toma de decisiones es posible atender mejor las demandas diferenciadas de estos grupos. Por ejemplo, en un contexto de crisis económica el mercado laboral es uno de los rubros más afectados y la exigencia de mayor experiencia con salarios menos competitivos es un fenómeno que, si bien afecta a toda la población, tiene un impacto específico sobre las personas jóvenes. En este sentido, la presencia de legisladoras y legisladores de este grupo etario aumenta las probabilidades de toma de decisiones con sensibilidades distintas.

En una línea similar, se reconoce que la toma de decisiones que involucra directamente a las juventudes como protagonistas provee una perspectiva de mayor sostenibilidad a la gestión pública. Es posible evidenciar en las y los jóvenes una mayor predeterminación a pensar en el futuro a largo plazo. A esto se suma que la condición joven es más propensa hacia la innovación por lo que puede que la presencia de jóvenes en los Parlamentos sea fuente de creatividad para la adaptación de estas instituciones ante las múltiples amenazas que enfrentan.

Por último, y en relación con la flexibilidad del sistema, se aboga por la idea de que las juventudes no son apáticas ante la política, sino que no están atraídas a un sistema y unas lógicas de hacer política que se relacionan con la corrupción. Esta apuesta explicativa se basa en el hecho de que la mayor parte de las protestas modernas tienen a jóvenes en sus filas exigiendo cambios en las prácticas y las instituciones políticas que los han relegado y no han tomado en cuenta sus necesidades diferenciadas.

Acciones en favor de la presencia de jóvenes en Parlamentos de América Latina

En este escenario en el que la incorporación de juventudes a la política formal importa, pero los datos exhiben brechas persistentes entre la composición social y la parlamentaria, los países de la región han hecho poco o nada por atender esta cuestión. Una de las principales barreras a la hora de incorporar jóvenes en las instancias legislativas es el umbral de edad que muchas constituciones establecen como requisito de postulación.

En este sentido, y en clave de reformas políticas, la participación política de las juventudes ha sido un tema relegado por las instituciones de los países de la región, al menos a nivel de las constituciones de los últimos 40 años. A partir de su sistematización de normativa electoral de las últimas cuatro décadas, el Observatorio de Reformas Políticas en América Latina da cuenta que los cambios constitucionales en los que se establecen los requisitos para la elección de las y los miembros de los Parlamentos (sean bicamerales o unicamerales) han sufrido pocas modificaciones en favor de la presencia joven en estos espacios.

Así, se identifica que solamente en cinco países estas reformas han tenido como objeto la edad mínima de elegibilidad de las autoridades legislativas. En Bolivia, la reforma constitucional total de 2009 redujo la edad de elegibilidad de diputaciones y senadurías de 25 y 35 años, respectivamente, a 18 años en ambos casos. En Chile, la edad mínima para el Senado bajó de 40 a 35 años con la reforma de 2005 retornando a lo establecido en la Constitución de 1925. En Ecuador los cambios son vertiginosos, ya que, de 25 años en 1979, la edad mínima subió a 30 en 1996, volvió a bajar a 25 en 1998 y, finalmente, se redujo a 18 años para 2008. En Nicaragua, para las diputaciones se requería cumplir los 25 años hasta la reforma de 1995 donde se disminuyó la edad a 21. Finalmente, en Paraguay se redujo la edad mínima de 40 a 35 años en la reforma de 1992.

Ante esta situación, diferentes actores han tomado una postura a favor de las juventudes en instancias legislativas. Por ejemplo, organismos internacionales como la ONU promueven la incorporación de juventudes en los espacios políticos y de toma de decisiones a través de programas de empoderamiento e inclusión como el United Nations Youth; la OEA también cuenta con una agenda sobre juventud y promueve espacios de participación y empoderamiento político y no político; finalmente, la Unión Europea apoya proyectos de inclusión de jóvenes en espacios políticos y de formación, al igual que lo hacen otras agencias de esta naturaleza.

Como parte de las acciones desarrolladas por los Estados, además de los umbrales de edad para la entrada a los cargos legislativos, las medidas de acción afirmativa son otra veta para explorar en la incorporación de jóvenes a la política formal. En la región existen pocas experiencias o intentos de incorporación de cuotas generacionales. A saber, en Perú está la exigencia de al menos 20% de personas menores de 29 años en las listas de candidaturas para cargos legislativos en las elecciones subnacionales (regionales y locales) con efectos positivos en la inclusión de juventudes en candidaturas, pero con deficiencias en cuanto a cargos electos. Otra experiencia es la propuesta en Costa Rica que pretendía reservar 20% de las candidaturas para personas entre 18 y 35 años; sin embargo, este proyecto no prosperó.

Esta situación es poco común a escala global, ya que en la actualidad se contabilizan solamente once países en el mundo con algún tipo de cuota generacional, la mayoría en África y algunos pocos en Asia. Considerando su heterogeneidad, estas medidas de inclusión van desde un porcentaje mínimo requerido para candidaturas jóvenes hasta bancas directamente reservadas dentro de los Parlamentos. A pesar de las diferencias culturales e institucionales, estas experiencias pueden servir de detonante para un debate contextualizado a los países de la región respecto de la necesidad e importancia de medidas de este tipo.     

Este breve y resumido repaso da cuenta de una serie de pendientes en los que pueden fácilmente confluir el Estado y la sociedad civil en general. Más allá de las bondades de la participación política formal de las juventudes es posible reconocer todavía voces en contra de la presencia de este grupo etario como parlamentarios, donde destaca la crítica en torno a la falta de experiencia. Sobre este aspecto, resulta necesario el cambio cultural sobre la experiencia y los saberes, donde se puedan valorar distintas formaciones y vivencias como expresiones válidas que pueden servir también a la política.

En cuanto a los Estados y sus instituciones resulta importante pugnar por una transformación real. El sistema político es responsable de la aplicación de un enfoque generacional en la forma de hacer política y las políticas públicas adoptadas. Así, el mayor pendiente es el cambio de paradigma para que se deje de ver a las juventudes como fuente de potenciales problemas, como mera mano de obra o fuerza laboral, o como una simple etapa de transición hacia una adultez idealizada como perfecta, y se consideren a las y los jóvenes como sujetos de derecho y como actores centrales y corresponsables del desarrollo.

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