Hace algún tiempo, cuando el Tribunal Electoral se incorporó al Poder Judicial de la Federación, se discutía si la política se judicializaba o se politizaba la justicia. Hoy, a 23 años de distancia, se pueden encontrar bastantes elementos para sostener ambas cosas.

Y es que la decisión de abandonar la calificación de las elecciones presidenciales por un órgano político –colegio electoral- para dar paso a una calificación por órgano jurisdiccional, fue uno de los factores de mayor empoderamiento de la Sala Superior del Tribunal Electoral, pero también el motivo tentador para que los partidos políticos quisieran incidir en el tipo de personas que integrarían el órgano, especialmente después del 2000; lo que dio paso a una mala práctica de distribución de espacios por cuotas para las fuerzas políticas mayoritarias. Dicha tentación se volvió casi una obsesión, pues cada vez más tenían mayor relevancia los asuntos que resolvía el Tribunal.

Esa intromisión partidista también pasó con los tribunales electorales de todas las entidades federativas, que tuvieron tal importancia en las elecciones en los Estados, que a ellos, bajo el pretexto de sacarlos del control político local, el Poder Reformador de la Constitución eliminó la participación de los poderes estatales –Judicial y Legislativo- en el nombramiento de la magistratura local y se la trasladó como facultad exclusiva del Senado, lo cual, en mi concepto, no ha tenido los mejores resultados.

Estoy totalmente convencido que no fue la mejor decisión en términos de autonomía e independencia para los órganos jurisdiccionales locales, pues el poder de nombramiento del Senado no es soporte para que los tribunales locales sean fuertes ante los poderes de los Estados; a contrario, acabada la designación, aquéllos regularmente enfrentan carencias económico-presupuestales para cumplir sus obligaciones, generadas intencionalmente por los gobiernos estatales con el fin de manipular las decisiones jurisdiccionales. Es decir, el poder del Senado no alcanza para dotarles de plena autonomía e independencia, pero tampoco se han preocupado y mucho menos ocupado de solucionarlo.

            En mi opinión, en la integración de los tribunales electorales hay un importante componente político, no sólo porque formalmente el Senado designa, sino porque nuestra clase política ha establecido, según su percepción, vínculos de “confianza” o “desconfianza” sobre una magistratura o un tribunal, de acuerdo a si los fallos les benefician o no a sus intereses. Además, el sistema de nombramiento se ha ido pervirtiendo, pues muchas veces pesa más esa percepción de afinidad que las trayectorias intachables y conocimientos especializados de los aspirantes.

            Sobre el particular, creo que esa percepción tan dañina para la justicia electoral se puede contrarrestar no sólo a través de fallos apegados a la Constitución y la ley –esa es la exigencia básica de actuación-, sino con mecanismos de justicia abierta y con una nueva narrativa sobre el papel de la función judicial. Para ello, debe tenerse presente que cada órgano jurisdiccional tiene más o menos garantías orgánicas y funcionales de autonomía e independencia, pero éstas son insuficientes si quienes los integran no asumen un compromiso individual, consigo, con sus pares y con la sociedad, de resolver de manera autónoma e independiente los asuntos de que conoce. Ninguna garantía en la ley es suficiente, si la persona juzgadora electoral no se comporta correctamente con sus obligaciones jurídicas y éticas.

Ahora bien, el que la política participe en la designación no puede convertir a los tribunales electorales en órganos de la política o para hacer política, porque hacerlo genera desconfianza y falta de certeza en la función, y eso necesariamente terminará afectando la calidad de los procesos democráticos y la credibilidad ante la sociedad.

Es por eso que como sociedad debemos hacer llamados para que la magistratura electoral se vuelva discreta, sin protagonismos indebidos, porque la justicia electoral no se hizo para el lucimiento personal, la función es de la mayor relevancia y con esa seriedad se debe asumir.

He tenido la fortuna de pertenecer al TEPJF y coincidir en el tiempo con sus 3 integraciones. La institución ha evolucionado y se ha vuelto más compleja, al igual que los procesos electorales.

Hoy el TEPJF es un tribunal robusto que no se ocupa solo de las tareas sustantivas, sino desarrolla muchas actividades complementarias a la función judicial, pues hace actividades académicas y de capacitación, editoriales y de relaciones internacionales, inclusive es de los pocos Tribunales en el mundo que ofrece una maestría y doctorado con reconocimiento oficial. Son tantas y tan variadas las tareas no jurisdiccionales que realiza, que se ha llegado a ironizar que el tribunal además de todo lo que hace, también imparte justicia.

El aparato burocrático del tribunal es amplio para realizar muchas tareas, muchas áreas de interés, mucha agenda mediática, lo que ha traído consigo en varias ocasiones ataques políticos y mediáticos sin justificación o con ella, que sin duda distrae de las tareas sustantivas para las que fue creado. Y es que en el desgaste de repartirse las tareas no sustantivas entre sus integrantes, a lo largo de su historia ha generado distanciamientos y conflictos internos, no siempre bien solucionados por la ruta institucional interna, dando paso a externar en medios de comunicación no sólo denuncias, sino a veces auténticos golpes bajos.

Ninguna de las 3 integraciones de la Sala Superior ha sido ajena a tales tensiones y desgastes, lo que hace reflexionar si sigue siendo conveniente el modelo de repartición de espacios o “presidencias colegiadas” para realizar tantas actividades, como lo sostienen algunos, o si de plano, habría que limitarles a hacer solamente tareas sustantivas, como platean otros.

Por ejemplo, en la primera integración se llegó al absurdo de tener 3 áreas académicas para dar gusto o no contrapuntear a sus integrantes. Había un Centro de Capacitación, una Escuela Judicial y un Centro de Investigaciones Especializadas, obviamente cada una tenía mando superior como titular. No recuerdo la mediatización de un conflicto interno, a pesar de que se dieron grandes desencuentros por diversos temas, especialmente por la elección de Presidente o las nulidades de gubernaturas.

En la segunda integración, la manzana de la discordia más intensa estuvo con las descalificaciones por la compra de un inmueble, supuestas reuniones secretas con actores políticos relevantes, así como una férrea pelea por la representación internacional del Tribunal ante la Comisión de Venecia. Con esa integración empezó un golpeteo mediático, pues en el exterior se expusieron algunos de los problemas internos entre sus integrantes.

Creo que en la actual integración, a pesar de los llamados a la unidad que sus integrantes han hecho, no ha logrado cuajar la armonía, me preocupa que con mucha frecuencia los medios han dado cuenta de si un magistrado hizo o dejó de hacer algo, si otro abusa de los recursos públicos, de los viajes y sus acompañantes, de las decisiones comprometidas con la clase política; inclusive se han llegado a entrometer en la vida privada. No se si detrás de cada publicación hay datos objetivos o sólo se trata de alentar la división interna, lo que sí nos merecemos todos los mexicanos es el cuidado de una valiosa institución, el cual debe empezar desde adentro.

Obviamente esta situación no favorece a nadie, no le hace bien al Tribunal, no nos conviene como sociedad, porque son los depositarios, nada más, ni nada menos, de la última decisión cuando se controvierte una elección Presidencial o de una Gubernatura o la integración de las Cámaras del Congreso de la Unión, debemos tener muy claro que con ejercicio adecuado de su función se contribuye a la gobernabilidad de este país.

Creo que debiéramos recordar a las integraciones de la Sala Superior del TEPJF por sus resoluciones icónicas y no por los escándalos alimentados por los medios de comunicación y hoy día con las redes sociales.

Porque nadie puede negar que uno de los pilares de nuestra democracia es el modelo de justicia electoral para la solución de los conflictos electorales en México; es decir, la ruta institucional a través de los tribunales electorales, y dentro de ellos un baluarte es el TEPJF.

En este aspecto hay decisiones históricas de las 3 integraciones que marcaron época como los casos de Amigos de Fox, Pemexgate, nulidad de elección de gubernaturas de Tabasco y Colima, creación judicial del principio de paridad en la postulación e integración de órganos de representación popular y del procedimiento especial sancionador electoral, protección de derechos indígenas, el combate a la violencia política por razón de género, entre muchos otros, que han hecho avanzar de manera acelerada nuestros procesos democráticos y que han contribuido a la alternancia en los gobiernos, tanto a nivel federal como estatal.

Necesitamos una justicia electoral a la altura de los retos de autonomía e independencia en tiempos de la hegemonía partidista que se viene, la sociedad mexicana debe tener la tranquilidad de que las instituciones de la democracia están listas para resistir inclusive los ataques a la democracia, que están preparadas para anteponer la protección a los derechos humanos de las personas, de la mano de la Constitución y la ley, a cualquier otra legítima aspiración personal. Queremos jueces electorales guardianes de la democracia, de sus principios y valores, consecuentes con el Estado de Derecho.

Para hacer política hay otros espacios y sobran, pero el México de hoy requiere juzgadores y juzgadoras electorales que contengan a la política, que dejen que los protagonistas sean los actores políticos, de lo contrario las vanidades personales pueden ir consumiendo a los tribunales electorales del país.