Octubre 14, 2019 | Por: Armando I. Maitret Hernández
Hace
algún tiempo, cuando el Tribunal Electoral se incorporó al Poder Judicial de la
Federación, se discutía si la política se judicializaba o se politizaba la
justicia. Hoy, a 23 años de distancia, se pueden encontrar bastantes elementos
para sostener ambas cosas.
Y
es que la decisión de abandonar la calificación de las elecciones
presidenciales por un órgano político –colegio electoral- para dar paso a una
calificación por órgano jurisdiccional, fue uno de los factores de mayor
empoderamiento de la Sala Superior del Tribunal Electoral, pero también el
motivo tentador para que los partidos políticos quisieran incidir en el tipo de
personas que integrarían el órgano, especialmente después del 2000; lo que dio
paso a una mala práctica de distribución de espacios por cuotas para las
fuerzas políticas mayoritarias. Dicha tentación se volvió casi una obsesión,
pues cada vez más tenían mayor relevancia los asuntos que resolvía el Tribunal.
Esa
intromisión partidista también pasó con los tribunales electorales de todas las
entidades federativas, que tuvieron tal importancia en las elecciones en los
Estados, que a ellos, bajo el pretexto de sacarlos del control político local, el
Poder Reformador de la Constitución eliminó la participación de los poderes
estatales –Judicial y Legislativo- en el nombramiento de la magistratura local
y se la trasladó como facultad exclusiva del Senado, lo cual, en mi concepto, no
ha tenido los mejores resultados.
Estoy
totalmente convencido que no fue la mejor decisión en términos de autonomía e
independencia para los órganos jurisdiccionales locales, pues el poder de
nombramiento del Senado no es soporte para que los tribunales locales sean
fuertes ante los poderes de los Estados; a contrario, acabada la designación, aquéllos
regularmente enfrentan carencias económico-presupuestales para cumplir sus
obligaciones, generadas intencionalmente por los gobiernos estatales con el fin
de manipular las decisiones jurisdiccionales. Es decir, el poder del Senado no
alcanza para dotarles de plena autonomía e independencia, pero tampoco se han
preocupado y mucho menos ocupado de solucionarlo.
En mi opinión, en la integración de los tribunales electorales
hay un importante componente político, no sólo porque formalmente el Senado
designa, sino porque nuestra clase política ha establecido, según su
percepción, vínculos de “confianza” o “desconfianza” sobre una magistratura o
un tribunal, de acuerdo a si los fallos les benefician o no a sus intereses. Además,
el sistema de nombramiento se ha ido pervirtiendo, pues muchas veces pesa más
esa percepción de afinidad que las trayectorias intachables y conocimientos
especializados de los aspirantes.
Sobre el particular, creo que esa percepción tan dañina
para la justicia electoral se puede contrarrestar no sólo a través de fallos
apegados a la Constitución y la ley –esa es la exigencia básica de actuación-, sino
con mecanismos de justicia abierta y con una nueva narrativa sobre el papel de
la función judicial. Para ello, debe tenerse presente que cada órgano jurisdiccional
tiene más o menos garantías orgánicas y funcionales de autonomía e
independencia, pero éstas son insuficientes si quienes los integran no asumen
un compromiso individual, consigo, con sus pares y con la sociedad, de resolver
de manera autónoma e independiente los asuntos de que conoce. Ninguna garantía
en la ley es suficiente, si la persona juzgadora electoral no se comporta correctamente
con sus obligaciones jurídicas y éticas.
Ahora
bien, el que la política participe en la designación no puede convertir a los
tribunales electorales en órganos de la política o para hacer política, porque
hacerlo genera desconfianza y falta de certeza en la función, y eso
necesariamente terminará afectando la calidad de los procesos democráticos y la
credibilidad ante la sociedad.
Es
por eso que como sociedad debemos hacer llamados para que la magistratura
electoral se vuelva discreta, sin protagonismos indebidos, porque la justicia
electoral no se hizo para el lucimiento personal, la función es de la mayor
relevancia y con esa seriedad se debe asumir.
He
tenido la fortuna de pertenecer al TEPJF y coincidir en el tiempo con sus 3 integraciones.
La institución ha evolucionado y se ha vuelto más compleja, al igual que los
procesos electorales.
Hoy
el TEPJF es un tribunal robusto que no se ocupa solo de las tareas sustantivas,
sino desarrolla muchas actividades complementarias a la función judicial, pues hace
actividades académicas y de capacitación, editoriales y de relaciones
internacionales, inclusive es de los pocos Tribunales en el mundo que ofrece
una maestría y doctorado con reconocimiento oficial. Son tantas y tan variadas
las tareas no jurisdiccionales que realiza, que se ha llegado a ironizar que el
tribunal además de todo lo que hace, también imparte justicia.
El
aparato burocrático del tribunal es amplio para realizar muchas tareas, muchas
áreas de interés, mucha agenda mediática, lo que ha traído consigo en varias
ocasiones ataques políticos y mediáticos sin justificación o con ella, que sin
duda distrae de las tareas sustantivas para las que fue creado. Y es que en el
desgaste de repartirse las tareas no sustantivas entre sus integrantes, a lo
largo de su historia ha generado distanciamientos y conflictos internos, no
siempre bien solucionados por la ruta institucional interna, dando paso a
externar en medios de comunicación no sólo denuncias, sino a veces auténticos
golpes bajos.
Ninguna
de las 3 integraciones de la Sala Superior ha sido ajena a tales tensiones y
desgastes, lo que hace reflexionar si sigue siendo conveniente el modelo de
repartición de espacios o “presidencias colegiadas” para realizar tantas
actividades, como lo sostienen algunos, o si de plano, habría que limitarles a
hacer solamente tareas sustantivas, como platean otros.
Por
ejemplo, en la primera integración se llegó al absurdo de tener 3 áreas
académicas para dar gusto o no contrapuntear a sus integrantes. Había un Centro
de Capacitación, una Escuela Judicial y un Centro de Investigaciones
Especializadas, obviamente cada una tenía mando superior como titular. No
recuerdo la mediatización de un conflicto interno, a pesar de que se dieron
grandes desencuentros por diversos temas, especialmente por la elección de
Presidente o las nulidades de gubernaturas.
En
la segunda integración, la manzana de la discordia más intensa estuvo con las
descalificaciones por la compra de un inmueble, supuestas reuniones secretas
con actores políticos relevantes, así como una férrea pelea por la
representación internacional del Tribunal ante la Comisión de Venecia. Con esa
integración empezó un golpeteo mediático, pues en el exterior se expusieron
algunos de los problemas internos entre sus integrantes.
Creo
que en la actual integración, a pesar de los llamados a la unidad que sus
integrantes han hecho, no ha logrado cuajar la armonía, me preocupa que con
mucha frecuencia los medios han dado cuenta de si un magistrado hizo o dejó de
hacer algo, si otro abusa de los recursos públicos, de los viajes y sus
acompañantes, de las decisiones comprometidas con la clase política; inclusive
se han llegado a entrometer en la vida privada. No se si detrás de cada
publicación hay datos objetivos o sólo se trata de alentar la división interna,
lo que sí nos merecemos todos los mexicanos es el cuidado de una valiosa
institución, el cual debe empezar desde adentro.
Obviamente
esta situación no favorece a nadie, no le hace bien al Tribunal, no nos
conviene como sociedad, porque son los depositarios, nada más, ni nada menos,
de la última decisión cuando se controvierte una elección Presidencial o de una
Gubernatura o la integración de las Cámaras del Congreso de la Unión, debemos
tener muy claro que con ejercicio adecuado de su función se contribuye a la
gobernabilidad de este país.
Creo
que debiéramos recordar a las integraciones de la Sala Superior del TEPJF por
sus resoluciones icónicas y no por los escándalos alimentados por los medios de
comunicación y hoy día con las redes sociales.
Porque
nadie puede negar que uno de los pilares de nuestra democracia es el modelo de
justicia electoral para la solución de los conflictos electorales en México; es
decir, la ruta institucional a través de los tribunales electorales, y dentro
de ellos un baluarte es el TEPJF.
En
este aspecto hay decisiones históricas de las 3 integraciones que marcaron
época como los casos de Amigos de Fox, Pemexgate, nulidad de elección de
gubernaturas de Tabasco y Colima, creación judicial del principio de paridad en
la postulación e integración de órganos de representación popular y del
procedimiento especial sancionador electoral, protección de derechos indígenas,
el combate a la violencia política por razón de género, entre muchos otros, que
han hecho avanzar de manera acelerada nuestros procesos democráticos y que han
contribuido a la alternancia en los gobiernos, tanto a nivel federal como
estatal.
Necesitamos
una justicia electoral a la altura de los retos de autonomía e independencia en
tiempos de la hegemonía partidista que se viene, la sociedad mexicana debe
tener la tranquilidad de que las instituciones de la democracia están listas
para resistir inclusive los ataques a la democracia, que están preparadas para
anteponer la protección a los derechos humanos de las personas, de la mano de
la Constitución y la ley, a cualquier otra legítima aspiración personal.
Queremos jueces electorales guardianes de la democracia, de sus principios y
valores, consecuentes con el Estado de Derecho.
Para
hacer política hay otros espacios y sobran, pero el México de hoy requiere
juzgadores y juzgadoras electorales que contengan a la política, que dejen que
los protagonistas sean los actores políticos, de lo contrario las vanidades
personales pueden ir consumiendo a los tribunales electorales del país.