AMÉRICA LATINA

La última elección de una anacrónica legislación

Febrero 24, 2020 | Por: Piero Corvetto

El 26 de enero último, los peruanos vivimos una jornada electoral histórica, producto de la disolución del Congreso de la República y la inmediata convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso[1]. Resulta saludable, en términos democráticos, que una comunidad política se adhiera a caminos electorales para intentar solucionar conflictos políticos generados por las relaciones de poder entre sus principales representantes.

 

Sin embargo, la reciente jornada electoral no sólo fue histórica por su connotación política sino también porque, muy probablemente, hemos  celebrado la última elección con unas reglas de juego electoral que desde hace tiempo dejaron de responder a las demandas sociales que buscan regenerar nuestra representatividad política.

 

 

El 21 de diciembre de 2018, el Presidente de la República Martín Vizcarra, mediante Resolución Suprema, creó la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política - CANRP[2], con el objeto de modificar parte de las normas que regulan el funcionamiento de las instituciones políticas, sus relaciones entre sí y optimizar el binomio representante – representados en nuestro país.

 

Tras dos meses de coordinaciones con diferentes organizaciones políticas, asociaciones civiles y diversos colectivos sociales, así como el arduo trabajo de producción intelectual de sus integrantes, la CANRP presentó, al Poder Ejecutivo, 12 proyectos de ley, que buscaban enfrentar los evidentes problemas de legitimidad y desafección ciudadana respecto al estado actual de nuestra democracia representativa. De este bloque de propuestas, el Ejecutivo priorizó seis proyectos de reforma (dos constitucionales y cuatro legales), las mismas que fueron presentadas para su debate en el Congreso de la República.

 

Los intensos debates en la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, que luego se trasladaron al Pleno del Parlamento, estuvieron marcados por una muy dura negociación inter partidaria, que copó la esfera política, mediática y social durante las semanas de discusión.

 

Finalmente, y con el apremio de los tiempos exigidos por el Ejecutivo, el Congreso disuelto acogió, parcialmente, los proyectos de reforma presentados y aprobó cuatro leyes que, luego, fueron promulgadas por el Presidente de la República, el pasado 26 de agosto de 2019.

 

Estas leyes fueron: La Ley N° 30995, Ley que modifica la legislación electoral sobre inscripción, afiliación, comités partidarios, suspensión, cancelación, integración y renuncia a organizaciones políticas; Ley N° 30996, Ley que modifica la ley orgánica de elecciones respecto al sistema electoral nacional; Ley N° 30997, Ley que modifica el Código Penal e incorpora el delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas; y la Ley N° 30998, Ley por la que se modifica la Ley N° 28094, Ley de organizaciones políticas, para promover la participación política y la democracia en las organizaciones políticas.

 

Las propuestas abordaron, con acierto, algunos de los puntos más acuciantes para el fortalecimiento de nuestro sistema político. Así, por ejemplo, se establecieron nuevas reglas dirigidas a brindar impulso a las prácticas democráticas al interior de las organizaciones políticas, así como otras dirigidas a la rendición de cuentas y la transparencia en las finanzas partidarias. Estos no son temas menores, pues en todo sistema democrático representativo, que se precie de ser tal, son los partidos políticos los actores llamados a canalizar las grandes demandas de la ciudadanía; y si dejan de cumplir este rol, la estabilidad política y la gobernabilidad peligran. En este marco, la reforma presentada atiende, por un lado, la inscripción y cancelación de partidos y, por otro, la democracia interna y la regulación de las finanzas partidarias.

 

Hasta antes de la reforma, para lograr su inscripción, los partidos políticos debían presentar una relación de adherentes no menor al 4% del total nacional de electores. Esta regla no solo imponía a las organizaciones políticas peruanas la valla más alta de inscripción de la región, sino que establecía un requisito en base a exigencias cuantitativas que perdían de vista la importancia del contenido: no se trata solo de recolectar firmas, sino de cómo, a partir de este gesto de otorgamiento de confianza, se genera un vínculo permanente y un compromiso con la construcción de un espacio político colectivo, vínculo que manifiesta con la militancia o afiliación a un partido político. Una reforma claramente enfocada en el fortalecimiento de la relación  ciudadano – partido político.

 

De conformidad a lo dispuesto por la Ley N° 30995, los partidos políticos no se verán obligados a presentar una relación de adherentes, sino, más bien, una relación de afiliados equivalente o mayor al 0,1% del total de electores (aproximadamente 24 mil electores), además de otros requisitos que incluyen la conformación de comités, presentación de acta de fundación, estatuto y designación de representantes.

 

Pero la reducción del requisito de firmas -aun cuando estas sean cualitativamente superiores- no podía ser una condición aislada por lo que, para mantener su inscripción, el partido deberá dar prueba tanto de participación activa en la vida política nacional como de representatividad. Por ello, la norma en mención indica que el partido político perderá la inscripción cuando no obtenga representación congresal -una condición contemplada también en la anterior legislación, aunque con efectividad mediata- o cuando no participe en las elecciones de alcance nacional.

 

Entre las causales de cancelación de inscripción de un partido político, se modificó aquella referida a no participar en dos elecciones generales sucesivas, por la no participación en elecciones de alcance nacional o el retiro de todas sus listas de candidatos del proceso electoral correspondiente. Asimismo, cuando el partido político no participe, por lo menos, en 3/5 de las regiones; y en las elecciones municipales, por lo menos en la mitad de las provincias y 1/2 de los distritos a nivel nacional, también se cancelará su inscripción. El nuevo marco promueve, con mayor énfasis, una participación constante de los partidos en la vida política nacional. 

Otros dos elementos clave para el fortalecimiento partidario se encuentran en la obligatoriedad de la celebración de elecciones primarias y la regulación del financiamiento partidario. La democracia interna, tal como queda establecida a partir de la aprobación de la Ley N° 30998, se realizará de forma obligatoria, simultánea, será organizada por los organismos que conforman el sistema electoral y contará con la participación de la ciudadanía en su conjunto. En virtud a este cambio, la norma propicia el fortalecimiento del binomio ciudadanía – partidos pero, más aun, genera incentivos para el trabajo sostenido de estos últimos que, a fin de poder obtener el porcentaje mínimo de respaldo ciudadano necesario para acceder a la elección general (1,5% de los votos válidos en las elecciones primarias[3]), deberán movilizar comités y sus bases de afiliados, generando con ello nuevas lógicas de participación. Este cambio por supuesto, afecta también a la ciudadanía, y exige de ella un mayor nivel de involucramiento, responsabilidad y compromiso.

 

Los recientes escándalos de corrupción y financiamiento ilícito de la política nacional exponen la gran necesidad de regular el financiamiento partidario y hacer seguimiento de sus fuentes. En esta línea se ha aprobado la Ley N° 30689, que modifica la Ley de Organizaciones Políticas y la Ley de Contrataciones del Estado con el fin de prevenir actos de corrupción, estableciendo nuevos límites a las aportaciones privadas y exigiendo su bancarización a partir de 1 Unidad Impositiva Tributaria – UIT. Asimismo, se ha incluido la disposición de impedimento de aportes de personas naturales condenadas con sentencia consentida o ejecutoriada, o con mandato de prisión preventiva vigente por delitos contra la administración pública, tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, tala ilegal, trata de personas, lavado de activos o terrorismo, extendiendo tal prohibición hasta 10 años después de cumplida la condena.

 

En el marco de esta reforma electoral, la importancia de la Ley N° 30997 es que incorpora en el Código Penal el delito de financiamiento prohibido de las organizaciones políticas.

 

Refiriéndonos ahora a las modificatorias de ley que inciden sobre el fortalecimiento del sistema electoral, es preciso hacer mención de dos cambios que serán fundamentales, no solo porque redundarán en la mayor representatividad de nuestros órganos de gobierno, sino porque eliminan incentivos para la presencia de actores desligados de la vida política partidaria. Nos referimos a la paridad y alternancia para promover la  participación política de mujeres y a la eliminación del voto preferencial.

 

La CANRP identificó un grave problema de subrepresentación histórica de mujeres quienes, a más de 60 años de ejercicio de su derecho de sufragio y más de 20 años de la aplicación del mecanismo afirmativo de cuotas, no han logrado acceder a cargos representativos en condiciones de igualdad, pese a que las mujeres conforman más del 50% del padrón electoral. Esta disparidad se debe, entre otros motivos, a que el 30% de cuota -pensado como un porcentaje mínimo deseable de participación- se ha convertido en un techo de cristal alimentado por la discrecionalidad con la cual son posicionadas las mujeres en las listas de candidaturas. La Ley N° 30996 ha dispuesto así que, en adelante, se establezca de manera progresiva la paridad y que se incluya la alternancia mujer-hombre/hombre-mujer en las listas de candidatos. Sin embargo, en el marco de esta progresividad, recién en el 2031 tendríamos listas paritarias.

Esta misma norma ha dispuesto la eliminación del voto preferencial, un tema que generó diversos debates en la última década y que entre sus principales críticas recoge el personalismo o individualismo no solo de las campañas electorales sino también de la toma de decisiones en el parlamento, así como la exacerbación de la competencia intrapartidaria en favor de quienes cuentan con más recursos financieros.  No obstante, al igual que en el caso de las cuotas, la eliminación del voto preferencial será también de aplicación mediata, de modo que en las siguientes Elecciones Congresales 2021, aun la ciudadanía tendrá la posibilidad de alterar el orden de las listas presentadas por los partidos por medio de su doble voto preferencial opcional. 

 

Resulta evidente que nos situamos ad portas de un nuevo tablero de juego electoral, debido a la promulgación de las 4 leyes (Leyes N° 30995, 30996, 30997 y 30998) del pasado 26 de agosto de 2019, las mismas que no pudieron ser aplicadas en las recientes Elecciones Congresales Extraordinarias 2020, del último 26 de enero de 2020, puesto que aún no se ha cumplido un año desde su publicación[4], tiempo que garantiza la intangibilidad de las leyes que rigen un determinado proceso electoral. Distinto será el panorama electoral del proceso de Elecciones Generales 2021, en el que elegiremos Presidente y Vicepresidentes de la República, representantes al Congreso de la República y representantes al Parlamento Andino, en un año sumamente especial, por la conmemoración de nuestros 200 años de vida republicana.

 

Es alentador que las futuras Elecciones Primarias, que muy probablemente se celebrarán a mediados de noviembre del presente año, seguidas de las Elecciones Generales, se lleven a cabo, cuando menos, con estas cuatro nuevas leyes en plena vigencia, que contribuyen, inicialmente, a generar ciertos cambios en nuestro sistema de partidos y democracia representativa, con lo cual podremos comenzar a olvidar la regulación anacrónica que padecimos en esta última competencia electoral.

 

 

 

 

 



[1] D.S. N° 165-2019-PCM (2019).  Decreto Supremo que disuelve el Congreso de la República y convoca a elecciones para un nuevo Congreso (publicado en Edición Extraordinaria del 30 de setiembre de 2019). Diario Oficial El Peruano.

[2] R.S. N° 228-2018-PCM (2018). Resolución Suprema que crea la Comisión Consultiva denominada “Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política” (publicado el 22 de diciembre de 2018). Diario Oficial El Peruano.

[3] Ley N° 28094. Ley de Organizaciones Políticas. Artículo 24.- Modalidad de las elecciones primarias. Para el caso de los movimientos regionales, estos deberán obtener al menos el 4% de los votos válidamente emitidos en las elecciones primarias de su circunscripción. Modificada por la Ley N° 30998.

[4] Ley N° 26859. Ley Orgánica de Elecciones. Artículo 4°.- Todas las normas con rango de ley, relacionadas con procesos electorales o de consulta popular que se publican desde un (01) año antes del día de la elección o de la consulta popular, tienen vigencia el día siguiente de la publicación de la resolución que declara la culminación del proceso correspondiente. Modificada por la Ley N° 30682.

EDICIÓN IMPRESA
Blog y Voto

El no registro

Por: Mtro. Carlos Carvallo

Septiembre 14, 2020

Justicia

riesgos en la elección

Por: Armando I. Maitret Hernández

Septiembre 23, 2020

Proceso de renovación INE

Consejeras y consejeros del INE. ¿En qué nos quedamos? ¿A dónde vamos?

Por: Fernando Díaz Naranjo

Junio 10, 2020

Género y política

La paridad

Por: Dania Paola Ravel Cuevas

Septiembre 21, 2020

Proceso electoral 2020 - 2021

campañas en tiempo

Por: Karolina M. Gilas

Septiembre 07, 2020

SÍGUENOS EN TWITTER
SÍGUENOS EN FACEBOOK