AMÉRICA LATINA

Falló el voto automatizado en República Dominicana

Febrero 28, 2020 | Por: Jesús Delgado Valery

La automatización de un ciclo electoral, independientemente de la cantidad de fases que vayan a ser modificadas, implica un esfuerzo coordinado de varios actores políticos, institucionales y técnicos, que en el mejor de los casos hace que el protagonismo de los comicios sea para quienes están ejerciendo sus derechos políticos. Es decir, en las elecciones, como en el futbol, un buen árbitro es el que pasa desapercibido y garantiza que las partes puedan competir en condiciones claras, transparentes y que los resultados sean aceptados y respetados por todos.

Es por ello que la consolidación de la confianza, por parte de las instituciones, pero especialmente la de los organismos electorales, es un paso fundamental para que un proceso electoral no sea conflictivo, tenga un efecto convocante tanto para organizaciones políticas como para los electores, y cumpla con su papel fundamental de capturar las preferencias de los ciudadanos de acuerdo a una oferta electoral de la forma más fiel posible.

No es posible que un proceso de implementación de tecnología para las elecciones sea exitoso si no se toman una cantidad de previsiones, lo que a su vez implica, inexorablemente, tiempo y capacidad técnica altamente profesionalizada.

Desafortunadamente estos ingredientes no estuvieron presentes en la planificación por parte de la Junta Central Electoral (JCE) de República Dominicana y su ausencia tuvo como consecuencia el fallido proceso electoral del pasado 16 de febrero, y que ha sido pospuesto para el próximo 15 de marzo.

Algunos antecedentes que vale la pena conocer

 

Para las elecciones del año 2016, la JCE, encabezada en aquel momento por Roberto Rosario, decidió implementar un sistema de identificación biométrica, así como escáneres para leer las boletas de votación y hacer un escrutinio automatizado, para ello adquirió la tecnología de la empresa española Indra (licitación JCE-CL-LPI-012015) por un total de US$ 31.831.680 dólares, a lo que hay que agregarle otros montos por «mejoras a los equipos de Identificación y Registro», que terminaron encareciendo la operación, que finalmente fue de alrededor de US$ 40 millones.

Ese proceso electoral tuvo tantos inconvenientes, que en un informe de la Dirección de Informática de la JCE se recomendó «no hacer uso en procesos electorales futuros de los equipos de registro de concurrentes y de escrutinio automatizado».

Esto debido a una serie de irregularidades, entre ellas, imposibilitar a los técnicos de la JCE a participar en el proceso de diseño, adaptación, integración ni de la implementación; la falta de previsión en el proceso evidenciado en que a menos de 75 días de la elección aún se estaba modificando el acuerdo entre Indra y la JCE, cambios en los componentes luego de la adjudicación del contrato, y menos de 50 días para que la autoridad electoral hiciera las pruebas correspondientes y capacitara a casi 20 mil funcionarios.

El saldo final es conocido. Según el informe de la JCE, 36 % de los Colegios Electorales no transmitió ningún dato y aproximadamente el 58 % de las Relaciones de Votación del nivel C1 fueron procesadas de forma manual debido a que no se pudo completar el proceso desde los Colegios Electorales.

Por otro lado, según el monitoreo de la organización Participación Ciudadana, en el 30.7 % de los colegios se registraron problemas en el escaneo de las boletas y en el 30.9 % en la transmisión de la votación. Se justificó la automatización de la transmisión argumentando, entre otras razones, la rapidez en la difusión de los resultados, pero a las 10:00 pm del día de la elección, a cuatro horas de haber cerrado las mesas, solo se había transmitido el 19 % de las actas. Incluso a la media noche, la cifra llegaba a tan solo 27 %, lo que obligó a acudir al conteo manual.

¿Qué pasó en las elecciones de este año?

En el proceso electoral de 2020, con una nueva directiva de la JCE, se repitieron los mismos errores. En este caso, se quiso avanzar con la automatización del instrumento de votación. Para ello, la autoridad electoral hizo una «licitación de urgencia» para adquirir el hardware, mientras que la Dirección de Tecnología se encargaría de diseñar el software. Esto debido a que se entendió que parte del fracaso del 2016 tenía que ver con la nula participación del ente electoral en el diseño, por lo que se pensó que un software propio le daría más control.

Empezar un proceso de esta envergadura con «urgencia», representaba el primer obstáculo para darle garantías a la elección. Pero no solo la selección del hardware se hizo sin respetar los tiempos adecuados, sino que finalmente se seleccionó a la empresa Digiworld, que ofrecía equipos comerciales que no cuentan con las especificaciones de seguridad necesarias que un proceso electoral requiere; por lo que eran vulnerables a ataques remotos de seguridad a través de emisiones eléctricas, para llegar a espiar la información que se maneja y vulnerar así el secreto del voto o comprometer los resultados. Y es simple: los equipos comerciales no poseen componentes de protección, dado que su funcionamiento e intensión de uso no es de misión crítica como el manejo de votos en un proceso electoral.

A esto se suma que el tener varios equipos individuales conectados entre sí, agrega un riesgo operativo y logístico al dejar más expuestos los cables de conexión al público, pudiendo comprometer el funcionamiento del sistema entero al desconectar, ya sea de forma accidental o intencional, uno o varios de los equipos.

Los equipos diseñados específicamente para su uso electoral tienen sus componentes embebidos, se limita el acceso del usuario a estas conexiones internas; y también se facilita la labor del trabajador electoral quien requerirá una mínima capacitación. Sin embargo, la realidad es que el fallo en la carga de las boletas electorales en las máquinas de votación no permitiría testear su rendimiento.

Uno de los aspectos fundamentales en la implementación de tecnología en el proceso electoral tiene que ver con las auditorías, certificaciones y los simulacros o pruebas en ambientes de producción. Esto significa un proceso amplio, en el que la autoridad electoral, las organizaciones políticas y la sociedad civil, participan en varias fases del proceso de implementación dando sus objeciones y manifestando las que consideran que son las debilidades del sistema.

Es por eso que llama la atención que, en enero de 2019, a un año de la celebración de las elecciones y a nueve meses de las primarias partidarias, tres suplentes de la Junta Central Electoral mostraron sus inquietudes, incluso indicaron que ellos mismos, siendo autoridades suplentes, no poseían los detalles acerca del desarrollo del software; y que se trata de información muy sensible que implica conocimiento de la sociedad, para generar confianza plena en los ciudadanos.

Los entendidos en la materia saben que hay una gran diferencia entre las pruebas a las que se somete, en este caso el software, en ambientes controlados; es decir, simulacros puntuales, y las pruebas en ambientes de producción en las que se puede someter a estrés el sistema, lo que permite a su vez diseñar e implementar procedimientos de control de calidad.

Desafortunadamente, la improvisación de la JCE provocó que dos horas antes de que iniciara la jornada electoral, la autoridad convocara a partidos políticos y observadores electorales para comunicarles que las máquinas presentaban problemas y que sus técnicos iban a «tratar de actualizar el contenido customizado de las máquinas de votación».

No fue hasta las pruebas del día anterior a la elección que el organismo electoral sometió a pruebas el instrumento de votación que reflejaron que faltaban candidatos en algunas boletas automatizadas.

Aunque el proceso había sido acompañado y auditado en algunas de sus fases por organizaciones como IFES o la firma auditora Alhambra Eidos, la primera aclaró que su rol no contemplaba la evaluación del proceso de adaptación del equipo de votación, «que incluye la carga de la lista de votantes y las boletas electorales en las máquinas de votación».

Ahora bien, en el caso de que la implementación de tecnología falle en un proceso electoral, riesgo que como hemos advertido, puede reducirse al mínimo con la adecuada preparación; el organismo electoral debe tener preparado un plan o protocolo de contingencia tan elaborado como el plan principal.

Incluso en un fallo total de la solución tecnológica implementada, la elección debe desarrollarse con algún método alternativo. La peor de las opciones es la suspensión del proceso electoral.

Cabe destacar que en los países en los que el voto o el conteo son 100% automatizados, como Brasil, India o Filipinas, se realizan una serie de auditorías y simulacros antes, durante y después de cada elección. Incluso, en países como Argentina o México donde se ofrece un escrutinio provisional con el uso de tecnología, se realizan simulacros y pruebas técnicas antes de cada elección. Esto no solo genera confianza en los electores, sino que también les permite a las autoridades prever posibles inconvenientes, y demostrar ante todas las partes interesadas la robustez y seguridad del sistema. En todos estos casos, se cuenta con un calendario de auditorías y simulacros previos a la elección.

Si bien es cierto que el uso de tecnología puede mejorar todas las fases de un proceso electoral; cuando esta no está bien diseñada o no es exclusiva de uso electoral, implica riesgos innecesarios que pueden deteriorar la percepción ciudadana de la democracia, debido a que elementos clave como: confiabilidad, seguridad y eficiencia se ven disminuidos.

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