En días pasados, el Instituto Nacional Electoral (INE) presentó una acción de inconstitucionalidad, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para combatir, por inconstitucional, la que se ha denominado la “Ley Bonilla”[1].

Este hecho, además de inédito, llama la atención de la abogacía, pues el artículo 105, fracción II, de la Constitución federal no incluye expresamente a dicho órgano constitucional autónomo como ente legitimado para ello.

No obstante, a partir de una interpretación funcional de los artículos 1º, 35, 41, y 105 de la Constitución, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puede válidamente reconocerle legitimación al INE, esencialmente, a partir de tres argumentos.

Primero, hay que atender a la naturaleza jurídica de la acción de inconstitucionalidad, como un mecanismo de control abstracto de la regularidad constitucional y convencional de normas generales, a través del cual órganos del Estado o entes de carácter político someten a consideración de la Corte la invalidez de una norma, por considerar vulnerar lo que algunos han denominado el bloque de constitucionalidad. Al respecto, es importante resaltar que se trata de un mecanismo de control del poder, para hacer prevalecer la supremacía constitucional y el respeto a los derechos fundamentales, frente a actos legislativos.

En segundo lugar, la trayectoria progresiva del artículo 105, en cuanto a la legitimación de quienes pueden promover dicho medio impugnativo, pues desde su inclusión en el sistema constitucional en 1994, lejos de restringirse la procedencia de la acción, se han añadido entes legitimados.

En 1996, en que se eliminó la restricción relativa a que la acción de inconstitucionalidad no procedía en contra de normas de carácter general que se refirieran a la materia electoral, se incluyeron como sujetos legitimados a los partidos políticos, exclusivamente para promoverlas en contra de leyes electorales.

En 2006, se incluye a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y sus equivalentes en las entidades federativas, para promover la acción en contra de leyes o tratados que vulneren derechos humanos.[2]

En 2014, se adiciona como legitimado al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y sus equivalentes en las entidades federativas, para promoverla en contra de leyes y tratados que vulneren el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales.

Esto es, como mecanismo de control abstracto de constitucional y protección de derechos humanos, se han incluido al elenco de entes legitimados para el cuidado de la supremacía constitucional, a los órganos constitucionales autónomos que han sido creados, precisamente, para la protección de los derechos humanos (CNDH) y, en particular, los derechos a la información y a la protección de datos personales (INAI).

Conforme con el artículo 102, apartado B, tercer párrafo, de la Constitución, los organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, en lo que interesa, la CNDH, no competente tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales. Por ende, pudiera considerarse que no podría promover acciones de inconstitucionalidad cuando la norma cuestionada sea de naturaleza electoral.

Finalmente, debe tenerse en cuenta la naturaleza y función primordial del INE, como órgano constitucional autónomo depositario, junto con los organismos públicos locales, de la función estatal de organización de las elecciones a nivel nacional. Como tal, tiene entre sus fines contribuir al desarrollo de la vida democrática, asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales, garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones, así como velar por la autenticidad y efectividad del sufragio.

Esto es, el INE es un órgano del Estado que, al igual que la CNDH y el INAI, es garante del ejercicio de derechos fundamentales, en particular, de los derechos político-electorales de la ciudadanía, con la finalidad de garantizar, a su vez, la renovación periódica y pacífica de los órganos del poder público que son electos a través del sufragio libre, secreto y directo.

En ese sentido, es válido en términos interpretativos que, cuando se emite una norma general en materia electoral, como es la de referencia, que vulnera flagrantemente el ejercicio del voto válidamente emitido por parte de la ciudadanía, el INE pueda acceder a los medios del control de la regularidad constitucional, a fin de plantearlo ante la SCJN, para que ésta, de considerar fundados los conceptos de invalidez, la expulse del sistema jurídico mexicano y haga prevalecer los postulados democráticos de la Constitución.