GÉNERO Y POLÍTICA

Reformas legales en materia de violencia política contra las mujeres

El 13 de abril de 2020 se publicó el en la edición vespertina el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones en diferentes cuerpos normativos en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género.

¿Qué se desprende de las recientes reformas legales para regular la violencia política contra las mujeres?

Se ha agrietado, incluso se siente correr cierto aire, del gran techo de cristal que, hasta nuestros días, viene impidiendo la participación libre y en igualdad de condiciones de las mujeres políticas en México, con el último de los movimientos certeros y contundentes, en la búsqueda de la obtención de un marco jurídico que describa y sancione la violencia política contra las mujeres, al haberse publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación, diversas reformas a las 6 leyes generales y 2 federales siguientes:

1) Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 2) Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 3) Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 4) Ley General de Partidos Políticos, 5) Ley General en Materia de Delitos Electorales, 6) Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, 7) Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la 8) Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Estas reformas se dieron sin duda, gracias al gran esfuerzo de tantas personas (mujeres y hombres) que, a lo largo de varios años y desde distintos espacios y ámbitos[i], convencidos de la existencia de la desigualdad estructural entre los géneros, han pugnado por alcanzar una igualdad plena, real, substancial, no solamente en el ejercicio del poder y la toma de decisiones, sino en todo tipo de relaciones humanas, a través de sus análisis, reflexiones, opiniones, iniciativas, minutas, cabildeos, reuniones, mesas de trabajo, acuerdos, sesiones, conferencias, marchas, denuncias, litigios, manifestaciones, publicaciones, sentencias, lineamientos… y demás actividades que han contribuido de una y mil formas a la concertación de las mismas.

Al estudiar los artículos reformados se advierten la experiencia y sensibilización de la diversidad de personas que coadyuvaron en su construcción, dado los distintos enfoques que se aprecian: 1) en las necesidades técnicas-jurídicas que se ocupan para sancionar esta conducta acorde a los estándares internacionales de justicia restaurativa y de no repetición, 2) el conocimiento fáctico de los supuestos y actos que la generan y 3) el mapa de acción de las instancias y estrategias que deben confluir para su eficiente confrontación, por lo que conocer esta reforma, no es tarea solamente de aquellas mujeres que han decidido incidir en la vida pública, o de las autoridades electorales, administrativas y penales que deberán operarlas, también debe resultar de interés de todos aquellos agentes que pudieran perpetrarla.[ii]                                                                              

Empecemos por lo primero, el concepto, a lo largo y ancho de las reformas se hace referencia a la “Violencia Política contra las Mujeres, por Razón de Género”, evolucionando así de manera funcional al nombre dado en la Jurisprudencia 21/2018[iii], puntualizando de forma práctica y amplia un catálogo de 22 expresiones que pueden constituir este tipo de violencia.[iv]

En materia electoral, se destaca como nuevo requisito para ocupar un cargo de elección en las legislaturas, no estar condenada o condenado por el delito de Violencia Política contra las Mujeres, en razón de género (VPcM), así como el cumplimiento gradual de la participación paritaria en los pueblos y comunidades indígenas; se agrega la paridad como el séptimo de los principios rectores de la actividad electoral y se declara permanente la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral (INE), mandatando la Perspectiva de Género como política nacional tanto al interior como al exterior de dicho órgano.

Se otorgan facultades al INE para suspender o retirar cualquier propaganda política o electoral, cuyo contenido se identifique como VPcM, dándole tiempo aire al infractor (con cargo a las prerrogativas de su partido), para que ofrezca disculpas de forma pública. Se ordena a los aspirantes abstenerse de ejercer actos que pudieran constituir VPcM y se establece la forma de substanciar este tipo de violencia ante el INE y los OPLES, a través del Procedimiento Especial Sancionador.

Se adicionan sanciones que van desde la reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público a los partidos políticos que sean infraccionados por incumplir las obligaciones para prevenir, atender y erradicar la VPcM, hasta la cancelación del registro como partido o agrupación política. Asimismo, se contemplan medidas cautelares y de reparación novedosas, tales como la realización de un análisis de riesgos y un plan de seguridad para la víctima, el retiro de la campaña violenta, haciendo públicas las razones, la suspensión de las prerrogativas a la persona agresora, la suspensión del cargo partidista, la indemnización de la víctima, la restitución en el cargo al que fue obligada a renunciar, la disculpa pública y la implementación de medidas de no repetición.

La autoridad electoral, independientemente del procedimiento sancionador, deberá dar vista de oficio a los tribunales en materia administrativa, dado que será sancionado también por responsabilidad administrativa, aquél o aquella servidora pública que realice por sí o a través de un(a) tercero(a). alguna de las 22 expresiones sancionables antes mencionadas; por otra parte, se incluye la figura de Violencia Política contra las Mujeres, como causa para promover el Juicio ciudadano (JDC) ante los tribunales electorales.

Se prevé la integración paritaria del Consejo General del INE, del Consejo Estatal de los 32 OPLES, del Pleno de los tribunales electorales locales y de todas las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; asimismo, se obliga a los Partidos Políticos a conformar paritariamente, sus órganos internos de Dirección y espacios de toma de poder, a hacer públicos los criterios para garantizar la paridad, asegurando condiciones de igualdad sustantiva entre los géneros, debiendo contemplar mecanismos de prevención, sanción y erradicación de la VPcM, así como la promoción de la participación política de las mujeres y formación de liderazgos, preparando su participación activa en los procesos electorales, debiendo aplicar la perspectiva de género en sus resoluciones intrapartidarias.

En materia penal se prevén 14 conductas que pueden encuadrar el delito de VPcM, siguiendo las reglas de autoría y participación de la ley penal, instaurándose sanciones entre 1 a 6 años de prisión y multa de 50 a 300 días multa, agravándose al doble, cuando estos actos se realicen en contra de una mujer indígena y triplicándose la sanción, cuando dichas conductas sean realizadas por servidores públicos o funcionarios partidistas o aspirantes. Al efecto, la Fiscalía General de la República, realizará una evaluación de riesgos y protección de las víctimas, de forma coordinada con otras instancias, creando comisiones especiales para colaborar en la investigación de la VPcM de forma multidisciplinaria.

Estas reformas deberán ahora armonizarse con las legislaturas locales, contemplando la progresividad del Derecho, por lo que si en algún estado ya existe prevista una acción que beneficie más la participación de las mujeres, deberá prevalecer este y no la reforma, como en el caso de la postulación alternada de los géneros en cada proceso electivo, en los cargos legislativos.

Conforme al primer transitorio, hoy nace en el derecho positivo mexicano, una forma de protección tangible de la participación política y activa de las mujeres, el ejercicio paritario de los órganos electorales y las estrategias tendentes a lograr su cumplimiento; gracias de nuevo a todas y todos por haber incidido en un sin número de acciones por tanto tiempo y lograr así, este gran avance histórico.

 

[i] Sociedad civil, mujeres políticas en funciones o no, lideresas, servidores públicos, organismos internacionales y la academia, entre otras.

[ii] Superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo de personas particulares, acorde al último párrafo del Artículo 20 Bis, de la Ley General de Acceso de las Mujeres, a una Vida Libre de Violencia.

[iii] VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO.

[iv] Artículo 20 Ter de la Ley General de Acceso.

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