GÉNERO Y POLÍTICA

Los partidos políticos a prueba: Lineamientos para la prevención, atención y erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género

Junio 08, 2020 | Por: Georgina de la Fuente

La reforma en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género colocó a los partidos políticos en una posición central dentro de las acciones para prevenir y erradicar conductas que limitan el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. Si bien es indiscutible que se ha avanzado en la normalización de la participación de las mujeres en el ámbito de lo público gracias a nuevos diseños institucionales ̶ particularmente a partir del establecimiento del principio de paridad en la reforma político-electoral de 2014 y la reforma de paridad en todo de 2019 ̶ aún permanecen espacios de opacidad y discrecionalidad dentro de los partidos políticos que constituyen barreras a la participación plena de las mujeres. Las prácticas no institucionalizadas y las restricciones al financiamiento aún son comunes en su vida interna. Por ello, los lineamientos para la prevención, atención y erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género en los partidos políticos que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) está obligado a emitir a partir de la reforma en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género,1 constituyen una oportunidad hacia la construcción de una democracia paritaria y de un piso parejo en la participación política entre mujeres y hombres.

Los partidos políticos son entidades de interés público que contribuyen decisivamente en la integración de la representación nacional mediante la promoción del acceso al ejercicio del poder público. Son organizaciones que tienen la libertad de organizarse conforme a sus convicciones y que cuentan con órganos directivos que se encargan de marcar el rumbo de sus acciones. En ese sentido, constituyen vehículos para la distribución del poder público y, por consiguiente, espacios fundamentales para la garantía de los derechos político-electorales de las mujeres. Sin embargo, la práctica revela un acceso limitado de las mujeres a los espacios de toma de decisiones y poca transparencia respecto a la manera en que se integran los órganos directivos, se selecciona a quienes postulan para la conformación de los órganos de representación y se determina el ejercicio de los recursos.

Una investigación publicada por el INE y por el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir en 2019 respecto a la construcción de trayectorias de mujeres en los partidos políticos reveló que, de las 38,630 personas que han integrado los órganos directivos de los partidos políticos entre 1997 y 2018, sólo 14,032 (36.32%) han sido mujeres. De éstas, sólo 439 (3.12%) han sido Presidentas o Secretarias Generales.2 La baja participación de mujeres en estos órganos implica un acceso limitado a la toma de decisiones respecto a la integración de listas de candidaturas y la asignación de los recursos. Datos del Sistema Integral de Fiscalización (SIF) del INE respecto de las candidaturas por el principio de mayoría relativa al Congreso de la Unión en el Proceso Electoral Federal 2017-2018 analizados por Estrada Ruiz sugieren que, del total de recursos otorgados a candidatos y candidatas, el 16.7% corresponde a propaganda o servicios que se deciden por una cúpula centralizada de la estructura de los partidos políticos, en donde tradicionalmente predomina la participación masculina.3 Por otro lado, sabemos que solamente un partido político cuenta con reglas expresas de competencia elec­toral para la asignación de candidaturas. El resto no cuenta con directrices claras respecto a su asignación o respecto a la competencia interna de las personas militantes para su obtención, lo que deja un amplio margen para la discrecionalidad en este sentido.

Ahora, si bien se ha sostenido que la capacitación es necesaria para que las mujeres puedan acceder a estos espacios, también se advierte una falta de vinculación entre la capacitación impartida a las militantes mediante el uso de los recursos del gasto programado, correspondientes al 3% del financiamiento para el sostenimiento de actividades ordinarias orientado a la promoción de liderazgos femeninos, y la selección de candidaturas. Es decir, no hay garantías de que las personas capacitadas puedan acceder a cargos o candidaturas en el futuro (Ruiz Guerra, Bustos Martínez y Flores Torres, pp. 40-41). En ese sentido, tanto en los programas que integran el Programa Anual de Trabajo para el gasto programado en capacitación y promoción del liderazgo político de las mujeres, como en su ejercicio, aún existen imposiciones o condicionamientos de los órganos de finanzas o de las dirigencias.

Datos de las integraciones de órganos directivos y de candidaturas también sugieren que, de las 14,032 mujeres que han desempeñado al menos un cargo en algún partido político, sólo 10,226 han sido candidatas al menos una vez para diputaciones locales, federales o senadurías. Es decir, el 27% de ellas nunca han sido candidatas (ídem, p. 67). Pero una vez logrando obtener una candidatura, las mujeres enfrentan más obstáculos para la realización de sus campañas. Datos de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE dan cuenta que, en el Proceso Electoral Federal 2017-2018, de los 774 promocionales o spots de partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes pautados en televisión en la etapa de campaña, el 55% correspondió a candidatos, mientras que sólo el 23% correspondió a candidatas.4 Estos datos son aún más reveladores si se considera que, por primera vez en la historia, se registraron más candidatas que candidatos.5 También, Estrada Ruiz confirma que en aportaciones a las campañas de fuentes privadas permitidas, las aportaciones de militantes y simpatizantes son mayores para candidaturas masculinas (por 7.7% y en 15.24%, respectivamente); mientras que en lo que se refiere a las cantidades que las propias candidaturas aportan a sus campañas existe una diferencia de 31.44% entre las aportaciones de los hombres a las de las mujeres.

Este panorama plantea una oportunidad importante para que los partidos políticos implementen medidas que permitan nivelar la cancha de participación y competencia entre mujeres y hombres. No debemos olvidar, además, las observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la Organización de las Naciones Unidas al noveno informe periódico de México rendido en julio de 2018, en las que expresó preocupación por las barreras estructurales que impiden el acceso de las mujeres a la vida política y pública y, especialmente, que ocupen cargos con funciones decisorias y que menoscaban la capacidad de las mujeres de presentarse como candidatas, particularmente en elecciones estatales o municipales.6

Rumbo a la preparación del Proceso Electoral Federal 2020-2021, será pertinente que el Consejo General del INE emita los lineamientos para que los partidos políticos prevengan, atiendan y erradiquen la violencia política al interior de sus organizaciones previo al inicio de las precampañas. Será importante, además, que el ámbito de aplicación de estos lineamientos no sólo sea sobre los partidos políticos nacionales, sino también sobre los partidos políticos locales, por lo que se deberán establecer criterios de colaboración con los Organismos Públicos Locales para la vigilancia de su cumplimiento. Asimismo, los lineamientos deberán contemplar tanto reformas en el diseño institucional de los partidos políticos como acciones específicas en torno al ejercicio de las prerrogativas.

En primer lugar, y conforme a lo establecido en el texto reformado de la Ley General de Partidos Políticos (LGPP), se debe requerir a los partidos políticos que en sus estatutos establezcan de manera transparente los mecanismos que garanticen igualdad de condiciones para la participación de mujeres y hombres en sus órganos directivos y espacios de toma de decisiones, así como para la organización de procesos internos de selección y postulación de candidaturas. También, se deberán establecer competencias y procedimientos claros para la investigación y sanción respecto a los casos de violencia política en razón de género. Asimismo, si bien todos los partidos políticos cuentan con órganos para el avance de las mujeres, no todos se encuentran reglamentados desde los estatutos, con disposiciones claras respecto a la selección de la titular y las características de su perfil, ni cuentan con capacidad de decisión respecto a sus proyectos y financiamiento, por lo que será necesario que los lineamientos incorporen aspectos encaminados a fortalecer los órganos para el avance de las mujeres desde el plano formal y hasta el financiero.

Respecto a las acciones específicas en torno al uso de los recursos, los lineamientos deberán contemplar directrices en torno a la elaboración de los Programas Anuales de Trabajo (PAT) del gasto programado para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres que incorporen la definición de líneas de acción desde el más alto nivel, tomando en cuenta la situación particular de cada partido. Asimismo, se deberá propiciar que todos los proyectos cuenten con indicadores de resultados y de impacto, más allá de aquellos que reflejen cuestiones cuantitativas. Para ello, será necesario recoger las experiencias de los propios partidos políticos a partir de la emisión del Protocolo para la implementación de buenas prácticas en el ejercicio de los recursos del gasto programado, aprobado por el Consejo General del INE en 2018.7

La reforma en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género también estableció en el artículo 25 de la LGPP la obligación de los partidos políticos de garantizar la no discriminación por razón de género en la distribución de tiempos del Estado en radio y televisión a los que tienen acceso. En ese sentido, los lineamientos deberán incorporar mecanismos que permitan a los partidos políticos rendir cuentas respecto a la manera en que sus candidatas y candidatos acceden a esta prerrogativa, así como a la distribución del financiamiento público para gastos de campaña.

La emisión de estos lineamientos constituye sólo una parte del amplio mandato que la reforma en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género confirió a los actores y a las autoridades. Sin embargo, al constituir los partidos políticos un filtro determinante en la conformación de los poderes públicos, no se deben subestimar los efectos que éstos pueden tener para mejorar las condiciones de la participación política de las mujeres. Si bien las ideas expuestas aquí constituyen sólo algunos aspectos a considerar en la construcción de los lineamientos para la prevención, atención y erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género en los partidos políticos, se deben continuar los trabajos de sensibilización y comunicación con las militancias, ya que persisten barreras, tanto de índole personal como cultural, que impiden a las mujeres ejercer plenamente sus derechos políticos. Sin embrago, no cabe duda que el establecimiento de reglas formales en los ámbitos del diseño institucional y de la acción para la igualdad, así como de mecanismos de vigilancia para su cumplimiento, pueden traducirse en un avance significativo hacia la democracia paritaria que deseamos.


1 El mandato de emitir lineamientos para la prevención, atención y erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género en los partidos políticos se plasmó como una de las atribuciones del Consejo General del INE en el artículo 44, inciso j) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).

2 Ruiz Guerra, A.J., Bustos Martínez, A. y Flores Torres, A.L. (2019). Análisis de las Trayectorias de las Mujeres en los Partidos Políticos: Obstáculos y Prospectiva para su Desarrollo. Instituto Nacional Electoral e Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, p. 35. Disponible en https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2020/05/Analisis-trayectorias-mujeres-partidospoliticos.pdf

3 Estrada Ruiz, E. (19 de julio de 2019). Financiamiento a candidaturas por cuestión de género. ¿Existe una decisión sesgada en los partidos políticos? “La política en incertidumbre. Reordenamientos globales, realineamientos domésticos y la cuestión de la transparencia”. Ponencia para el XIV Congreso Nacional de Ciencia Política organizado por la Sociedad Argentina de Análisis Político y la Universidad Nacional de San Martín, San Martín, Argentina.

4 El 8% de los promocionales correspondió a candidaturas de ambos géneros, mientras que el 14% restante fueron promocionales genéricos de los partidos políticos o coaliciones que no correspondían a una candidatura en particular.

5 Como resultado de la aplicación del principio de paridad en el registro de candidaturas, así como de una serie de medidas afirmativas adicionales establecidas en el acuerdo INE/CG508/2017, de todas las candidaturas propietarias y suplentes a la Cámara de Diputados y al Senado por los principios de mayoría relativa y representación proporcional, el 50.3% fueron mujeres.

6 ONU Mujeres México, Fondo de Población de las Naciones Unidas en México, Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (2018). México ante la CEDAW. Disponible en http://www.onu.org.mx/wp-content/uploads/2019/04/MEXICO-ANTE-LA-CEDAW-2018-web.pdf

7 INE/CG1306/2018

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