Con la reciente designación de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), entre los distintos debates que se generaron, uno de los más notables fue el relativo al intento de combatir tal designación -facultad exclusiva del Senado de la República-, a través de promover juicios para la protección de los derechos políticos del ciudadano (JDC) ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)[i].

¿Qué fue lo que pasó?

La Constitución Política en su artículo 102 apartado B establece que la o el presidente de la CNDH deberá ser designado por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores.

Después de desahogado el procedimiento de selección, se eligieron a tres aspirantes que para integrar la terna que fue sometida al pleno del Senado de la República. En el pleno se realizaron dos intentos de votación para elegir a quién ocuparía la titularidad de la CNDH, en los cuales ninguna de las personas propuestas alcanzó la votación requerida.

En lugar de proponer una nueva terna, se determinó llevar a cabo una tercera votación de la misma terna en la cual de 116 miembros presentes, con 76 votos se eligió Presidenta de la CNDH, pasando por alto que las dos terceras partes de 116, son 77.

La impugnación ante TEPJF

Sobre esa base, se promovieron juicios ciudadanos ante la Sala Superior del TEPJF, en los que se alegaban existieron vicios en el procedimiento de designación, concretamente que se validó indebidamente el cómputo respectivo por lo que su pretensión era que el TEPJF lo revocara y repusiera el procedimiento, a fin de que el propio Senado de la República presentara otra terna y con ello, pudieran estar en posibilidad de ser considerados a dicho cargo.

El interés jurídico de los demandantes para impugnar el proceso de designación radicó no sólo en el hecho de haber sido participantes del mismo, sino además en haber cumplido con los requisitos de elegibilidad para ocupar la titularidad de la CNDH, por lo que era legítimo que exigieran garantías de certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad, principios rectores que la constitución mandata que rijan el ejercicio de la función electoral.   

Solicitar respeto a las reglas constitucionales del juego no era mucho pedir y tan eran razonables las dudas sobre la legalidad de la designación, que el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República declaró a los medios que “estuvo de acuerdo con los coordinadores de los grupos parlamentarios en ir a una nueva votación, a fin de no dejar dudas de la limpieza del procedimiento”[ii].

Sin embargo, el TEPJF determinó desechar las demandas, por considerar que los planteamientos formulados por los actores no podían considerarse de naturaleza electoral, al no actualizarse las hipótesis de procedibilidad del JDC establecidas en el artículo 79 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LMIME).

Lo paradójico es que al mencionar en las sentencias tales hipótesis normativas de procedencia del juicio ciudadano, señalan que su “ámbito de protección se enfoca a la salvaguarda de los derechos humanos de corte electoral”.

Adicionalmente, invocan no sólo el fundamento constitucional de los mismos, sino también su fundamento convencional: “Votar y ser votado en las elecciones populares –artículo 23, numeral 1, inciso b), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)–. Votar en las consultas populares –a. 35, fracción VIII, constitucional–. Asociarse y afiliarse de manera individual y libremente para tomar parte en los asuntos políticos del país, así como para formar parte de partidos políticos –a. 23, numeral 1, inciso a), de la CADH –. Tener acceso en condiciones de igualdad a integrar las autoridades electorales de las entidades federativas –a. 23, numeral, inciso c), de la CADH–.

Es decir, pudiendo determinar el desechamiento de las demandas invocando únicamente supuestos legales de improcedencia establecidos en la ley de medios, sustentaron la decisión aludiendo también normas de la Convención Americana.

Lo anterior no está mal, al contrario, aludir al parámetro de regularidad constitucional implica precisamente que el juez no se limite al texto constitucional, y menos frente a casos donde se le solicita “salvaguardar posibles violaciones a derechos humanos de corte electoral”, como aparentemente sucedió en el caso puesto a su consideración.

El TEPJF desechó los juicios, por ser el nombramiento del titular de la CNDH una facultad constitucionalmente exclusiva del Senado de la República y no ser viable impugnar a través de juicios ciudadanos, actos emitidos por una autoridad formal y materialmente parlamentaria.

No obstante, los demandantes no cuestionaron la facultad exclusiva, soberana y discrecional del Senado, ni pidieron al TEPJF atribuírsela, únicamente verificar la regularidad constitucional del proceso electivo realizado por dicho órgano, al ejercer una función materialmente electoral. 

Es cierto que el espíritu del legislador no fue diseñar el sistema de medios de impugnación en materia electoral para que los senadores de la República pudieran combatir las irregularidades de los procedimientos electivos llevados a cabo por su órgano parlamentario. El legislador sólo no vislumbró la posibilidad de que, al llevar a cabo tales procedimientos, el Senado -de forma intencional o accidental- pudiera violar derechos ciudadanos a ocupar un cargo público, ni tampoco un recurso efectivo para restituirlos.

Sorprende que las sentencias de la Sala Superior del TEPJF hayan invocado disposiciones de la Convención Americana para desde una visión legalista, desechar los recursos, en lugar de asumirse como un auténtico Tribunal Constitucional y con base en el artículo 25 del citado instrumento convencional[iii], restituir el hecho de que para combatir el acto sometido a su jurisdicción, ni senadores ni ciudadanos contaban con un recurso efectivo para subsanar la irregularidad constitucional, de un acto materialmente electoral.

Justo las sentencias refieren que “la línea jurisprudencial del TEPJF ha ampliado el espectro de tutela del juicio ciudadano, más allá del núcleo esencial del derecho a ser votado, al extremo de amparar mediante este medio de control de constitucionalidad los derechos de acceso y desempeño del cargo público que derivan de aquél, así como de la remuneración que es inherente al ejercicio de las funciones o encargos de elección popular^[iv]”.

Dicha línea jurisprudencial reconoce con gran acierto que al TEPJF no solo se limita a velar por que un legislador pueda ocupar su cargo de elección popular, sino que además pueda ejercer a plenitud las funciones inherentes al mismo, por ejemplo, participar en los procesos electivos del Senado respetando su legalidad.

Lo anterior, máxime que se afirma que “la materia electoral abarca las normas, actos y resoluciones relacionados con los procesos comiciales que se celebran para renovar a los poderes públicos mediante el sufragio de la ciudadanía”.

Si partimos de que la representación política constituye la vía a través de la cual la nación, designa a cierto número de ciudadanos para que, ante la posibilidad de hacerlo por sí misma, participen en la creación de la voluntad estatal[v], es válido afirmar que nombrar al titular de la CNDH es un acto materialmente electoral derivado del sufragio indirecto de la ciudadanía. Ello destruye además el señalamiento de que “un nombramiento o designación para un cargo público que no sea de elección popular, es un acto administrativo”, dado que una característica de estos actos es la unilateralidad con la que la autoridad administrativa ejerce su voluntad[vi].

No obstante, desechó argumentando que “se produce un obstáculo para el Tribunal realizar la revisión de actos que inciden en otra esfera competencial, derivado del principio de distribución de poderes”; “el Tribunal Constitucional, en ejercicio del principio de auto-refrenamiento, debe ser cuidadoso de no invadir la libre configuración de los legisladores”.

El caso de la CNDH exhibió que el derecho parlamentario no tiene un recurso para combatir violaciones al derecho a votar de los senadores, ni de los ciudadanos de ser votados en los procesos electivos que, no obstante, recaen en un órgano parlamentario, su naturaleza es materialmente electoral y, por tanto, tendría que certificarse la objetividad, imparcialidad y certeza con la que se desahogan los mismos.

El control de constitucionalidad no implica transgredir competencias, sino asumirse como Tribunal Constitucional, colocarse por encima de todos los poderes y brindar al individuo recursos para combatir posibles violaciones a sus derechos humanos, cuando ni la Constitución ni la ley se los brinda. Incluso hay precedentes de que el TEPJF ha ordenado regularizar actos exclusivos del senado[vii]. 

Por principio los tribunales no deben sustituir la voluntad del poder constituyente sin embargo, ante violaciones a derechos humanos y la ausencia de recursos efectivos para combatirlos, los jueces están obligados a orientar sus decisiones con base en el bloque de constitucionalidad, en el cual se adscribe todo aquello que sin estar inscrito en la Constitución, tiene valor constitucional y debe imponerse a la ley[viii].