JUSTICIA

Una decisión fundamental en favor de los migrantes

Septiembre 04, 2020 | Por: Javier Ortiz Flores

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó,[1] al resolver el recurso de reconsideración SUP-REC-66/2020,[2] que, entre otros aspectos, se aplicarán para el próximo proceso electoral local 2020-2021 de la Ciudad de México las normas legales que, desde 2017, reconocían a la ciudadanía originaria de la Ciudad de México y residente en el extranjero, el derecho al sufragio tanto activo como pasivo en relación con la diputación migrante, institución que el Congreso local eliminó el 28 de noviembre de 2019.

Se trata de una sentencia en favor de las ciudadanas y ciudadanos mexicanos originarios de la Ciudad de México y residentes en el extranjero —integrantes de la importante diáspora mexicana— que garantiza el ejercicio del derecho humano de participación política mediante la diputación migrante. El derecho a la participación política está reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en sus artículos 25 y 23, respectivamente, al establecer expresamente el derecho y oportunidad de toda ciudadana y todo ciudadano a “participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos”. Ese derecho debe ejercerse libremente y en condiciones de igualdad.

El litigio resuelto por la Sala Superior tuvo su origen en que el Congreso de la Ciudad de México derogó injustificadamente la diputación migrante; derogación que se publicó el nueve de enero del presente año. Inconformes con esa decisión, diversas ciudadanas y ciudadanos mexicanos, residentes en el extranjero, demandaron la invalidez de la modificación ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, el cual desechó la demanda por estimar que carecía de competencia legal, pues supuestamente los actores le solicitaban realizar un análisis de constitucionalidad en abstracto. Entonces, las demandantes interpusieron un juicio ante la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF. La Sala Regional revocó la sentencia local y, en plenitud de jurisdicción, declaró la inconstitucionalidad del decreto impugnado y le ordenó al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) reactivar el procedimiento de implementación de la figura de la diputación migrante para el proceso electoral 2020-2021. En desacuerdo con la resolución de la Sala Regional, el partido político MORENA interpuso el recurso de reconsideración de que se trata. Finalmente, la Sala Superior rechazó los planteamientos del partido político y emitió una sentencia estimatoria de inconstitucionalidad del decreto controvertido, en favor de un colectivo de ciudadanas y ciudadanos residentes en el extranjero que resintieron una afectación a su esfera jurídica, para que puedan votar y ser votados, mediante la diputación migrante en el proceso electoral local 2020-2021.

La importancia de la sentencia emitida por la Sala Superior radica —en mi concepto— en que invalidó la medida legislativa del congreso local, por estimarla regresiva, ya que consideró que violentaba el principio constitucional de progresividad de los derechos humanos establecido en el artículo 1º de la Constitución general. Ese fue uno de los argumentos torales de la sentencia. Los derechos humanos de carácter político y electoral están fuera de la agenda política y, por lo tanto, no pueden ser válidamente restringidos ni, mucho menos, suprimidos por las mayorías, como lo hizo, en la especie, el Congreso de la Ciudad de México.

Es importante recordar que, en virtud de la trascendental reforma constitucional en materia político electoral de 1996,[3] se removieron los obstáculos constitucionales que impedían votar a la ciudadanía mexicana residente en el extranjero, ya que el Poder Revisor de la Constitución eliminó del artículo 36 constitucional la obligación del ciudadano mexicano de “votar en las elecciones populares, en el Distrito electoral que le corresponda”. De igual forma, en la legislación secundaria se asumió el compromiso de implementar las modalidades para hacer realidad el voto de la ciudadanía mexicana en el extranjero.[4]

La lucha por el reconocimiento efectivo del derecho al sufragio en favor de la ciudadanía residente en el extranjero ha sido larga y no exenta de dificultades. La sentencia del TEPJF se inscribe en los esfuerzos institucionales, en sede judicial, para hacer efectivo el derecho humano a la participación política y fortalecer la representación política de un colectivo subrepresentado. En particular, la resolución vinculó al IECM a realizar todas las acciones que estimara pertinentes, necesarias y suficientes a fin de implementar esa figura.

El meollo del problema jurídico a resolver en el presente caso judicial era determinar si la sentencia emitida por la Sala Regional de la Ciudad de México se encontraba apegada o no a Derecho, de cara a los planteamientos del partido recurrente y de la ciudadana y ciudadano que comparecieron como terceros interesados. El partido impugnante pretendía que se revocara la sentencia impugnada, al considerar que la Sala Regional había ejercido un control abstracto de la regularidad constitucional de actos o elementos jurídicos, al paso que los terceros interesados planteaban que debería confirmarse la sentencia de dicha sala.

A continuación, abordaré, brevemente, las principales líneas argumentativas en que se sustentó la decisión de la Sala Superior:

(1) En primer lugar, la Sala Superior se enfrentó a la cuestión de si efectivamente se estaba o no frente al ejercicio de un control abstracto de normas jurídicas (en contraste con un control concreto), en el caso, de una disposición derogatoria o acto legislativo derogatorio que había privado de efectos las normas legales que regulaban la diputación migrante. Como respuesta, la Sala Superior consideró que, si bien aparentemente se había ejercido un control abstracto, lo cierto es que, puesto que lo que se había controvertido, desde el juicio original, era un acto derogatorio, no era racional ni, por ende, lógico, que se exigiera un acto concreto de aplicación de alguna norma. De la misma forma, estimó que la derogación misma había causado un perjuicio a la ciudadanía originaria de la Ciudad de México y residente en el extranjero, la titular del derecho. En la misma línea, hay que mencionar que el TEPJF puede válidamente en ciertos casos ejercer un control judicial de leyes electorales cuando sus actos de aplicación sean inminentes.[5]

(2) En segundo lugar, la Sala Superior consideró que la medida legislativa que suprimió la diputación migrante era una medida totalmente regresiva de los derechos humamos de participación política. Al efecto, el órgano jurisdiccional federal, a la luz de la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de su propia jurisprudencia,[6] forjó y aplicó un test para determinar si la medida legislativa era regresiva. El resultado de la aplicación del test arrojó, entre otros aspectos, que el Congreso de la Ciudad de México no justificó en absoluto su medida, frente al reconocimiento de un derecho humano grupal que se había ya positivizado en la legislación, y que, en último análisis, tiene bases constitucionales y en los tratados internacionales de derechos humanos que forman parte del orden jurídico mexicano. En particular, la Sala Superior consideró que las supuestas razones económicas que el congreso adujo, en caso de tener relevancia, no estaban sustentadas en evidencia empírica alguna.

(3) Finalmente, en tercer lugar, en cuanto a los efectos de la sentencia, la Sala Superior reestableció, por un lado,[7] la vigencia de las normas vigentes con anterioridad al acto derogatorio declarado inconstitucional y, por otro, en ejercicio de sus facultades para establecer modalidades en los efectos de sus sentencias, en aras de preservar el interés general,[8] determinó extender o ampliar los efectos de la sentencia, que declaró la invalidez de la supresión de la diputación migrante, al colectivo de ciudadanas y ciudadanos originarios de la Ciudad de México y residentes en el extranjero. Lo anterior, al constatar que, como consecuencia de la medida regresiva, el colectivo, en su conjunto, resintió una afectación a su esfera jurídica, concretamente a su derecho grupal de sufragio y representación política. Los efectos de la resolución no podían circunscribirse a las personas migrantes que cuestionaron la decisión del Congreso local, ya que, crucialmente, estaba en juego el principio constitucional de igualdad.

De igual forma, es importante destacar que, en el caso, dos organizaciones ciudadanas comparecieron en calidad de amigas y amigos del tribunal, a saber: el Observatorio Binacional de la Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A. C.  y el Comité Especializado en torno a la Figura de la Diputación Migrante. Dichas organizaciones presentaron sus planteamientos, ante el magistrado instructor del recurso de reconsideración, y sus presentaciones están disponibles en YouTube;[9] una medida muy plausible que abona a la justicia abierta.

A manera de consideración conclusiva, cabe sostener que la sentencia de la Sala Superior del TEPJF que restauró la diputación migrante es una decisión fundamental, ya que no solo ejemplifica la necesidad y la legitimidad de que exista un tribunal constitucional de cierre en materia electoral, sino que constituye un caso exitoso de que, mediante técnicas garantistas depuradas de los derechos fundamentales políticos y electorales (tales como la reviviscencia y los efectos generales de la sentencia), todos los actos, resoluciones y demás elementos jurídicos en la materia electoral están sujetos invariablemente al control de la regularidad constitucional, aun los emitidos por las legislaturas. Los derechos humanos vinculan también a las legislaturas democráticas.[10]

 

[1] En la sesión pública de resolución de 14 de agosto del año en curso.

[2] Por unanimidad de las magistradas y magistrados presentes, y bajo la ponencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. https://t.co/gmjAukBOun?amp=1

[3] Reforma constitucional que, entre otros aspectos, creó el TEPJF (con excepción de las acciones de inconstitucionalidad que conoce en forma exclusiva y excluyente la Suprema Corte de Justicia de la Nación) como la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación.

[4] Fernando Franco, “Para igualar a los iguales”, en Jorge Alcocer (comp.) El voto de los mexicanos en el extranjero, México: Nuevo Horizonte, CEPNA, Voz y Voto, 2005, p. 445.

[5] Conforme con la tesis XXV/2011 de la Sala Superior, de rubro: leyes electorales. actos de aplicación inminentes, procede su impugnación.

[6] Tesis jurisprudencial 2a./J. 35/2019 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la SCJN, de rubro PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU NATURALEZA Y FUNCIÓN EN EL ESTADO MEXICANO, y la jurisprudencia 28/2015 de la Sala Superior, PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. VERTIENTES EN LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES.

[7] A través de la técnica de la reviviscencia que la SCJN utiliza, conforme a la tesis jurisprudencial plenaria P./J. 86/2007, de rubro: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LAS FACULTADES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA DETERMINAR LOS EFECTOS DE LAS SENTENCIAS ESTIMATORIAS FRENTE A UN SISTEMA NORMATIVO QUE HA REFORMADO A OTRO, INCLUYEN LA POSIBILIDAD DE ESTABLECER LA REVIVISCENCIA DE LAS NORMAS VIGENTES CON ANTERIORIDAD A AQUELLAS DECLARADAS INVÁLIDAS, ESPECIALMENTE EN MATERIA ELECTORAL.

[8] Conforme a la tesis XXVII/2003 de la Sala Superior, que lleva por rubro: RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. MODALIDADES EN SUS EFECTOS PARA PRESERVAR EL INTERÉS GENERAL.

[9] https://www.youtube.com/watch?v=0fDs8YJqaVE&t=810s

[10] Vid. Robert Alexy, “La institucionalización de los derechos humanos en el Estado constitucional democrático”, Derechos y libertades. Revista del Instituto Bartolomé de las Casas, p. 40.

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