Dentro de la narrativa de austeridad inserta en el discurso público en la actual administración, MORENA presentó al Instituto Nacional Electoral (INE) su renuncia al 75% del financiamiento público que le corresponde. La autoridad electoral determinó que, en principio, corresponde a MORENA la cantidad de $1,653,944,795.00, debido al éxito electoral logrado por el partido en las pasadas elecciones de 2018.

El financiamiento público otorgado a los partidos políticos tiene su razón de ser. Por un lado, ofrece un piso parejo para garantizar un mínimo de equidad entre los partidos políticos y, por el otro, les permite cumplir con sus finalidades como entidades de interés público. Aunque frente a la percepción generalizada no se cumpla del todo, nuestra Constitución encarga a los partidos un rol fundamental en el fomento de la democracia como vehículo institucional para el acceso de la ciudadanía a los cargos de elección popular y para que sus exigencias encuentren eco en la toma de decisiones.

El financiamiento público garantiza en cierto modo la subsistencia de los partidos políticos. Por lo mismo, la propia Constitución y la ley delimitan el destino que le pueden dar a estos recursos, prohibiendo cualquier utilización ajena al cumplimiento de sus fines. Como lo ha dicho la Sala Superior, al patrimonio de los partidos se le debe reconocer un sentido social y de interés general, dado que su origen está determinado por el régimen especial de financiamiento, tributación y fiscalización a que están sujetas dichas entidades, siendo así una especie de propiedad de interés público[1]. Lo anterior Implica que el patrimonio que obtenga el partido político (partiendo de la base de que nuestro sistema es mixto, predominando el financiamiento y recursos públicos o del Estado) debe ser destinado solamente a sus actividades constitucionales y de orden público.

A partir de esta concepción jurídicamente se imponen restricciones específicas a los partidos políticos en la disposición de sus recursos, así como la obligación del Estado de dotarles de los recursos necesarios para su subsistencia y el cumplimiento cabal de sus actividades constitucionales. Todo lo cual cobra relevancia si nos cuestionamos sobre el legítimo derecho de MORENA a renunciar a su prerrogativa tal como lo ha solicitado.

Dicho lo anterior, si resultara procedente la solicitud de MORENA de renunciar al 75% del financiamiento público que recibirá en 2020, únicamente podría disponer de $413,486,199.00. Antes de aplaudir la medida, hay que considerar lo siguiente:

1.    De la fiscalización de sus ingresos y egresos ordinarios del ejercicio 2018, el INE impuso a MORENA multas que ascienden a la cantidad $238,963,184.93. De hecho, fue el partido más castigado en este rubro. Esto, sin contar las sanciones económicas que se le han impuesto por otros conceptos.

2.    El uso del financiamiento público no es libre, existe una porción que se encuentra legalmente destinado a cuestiones específicas. Según la ley electoral los partidos políticos deben destinar el 2% de su financiamiento para el desarrollo de las llamadas actividades específicas, que incluyen la capacitación, educación y tareas editoriales. Tal monto asciende a los $8,269,724.00. Por lo que esa cantidad debe usarse de esa forma.

3.    Aunque el partido cuenta con la posibilidad de recibir financiamiento privado; la regla constitucional indica que los recursos de un partido deben provenir preponderantemente del ámbito público, por lo tanto, también su capacidad de recibir otro tipo de financiamiento se vería limitada.

Según lo dicho hasta aquí, el impacto en el financiamiento de MORENA pudiera verse como sigue:

Por lo que, suponiendo que MORENA renuncia al 75% del finaciamiento público, dispondría de $166,253,289.99, si a eso le sumamos el financiamiento privado que pudiera recibir, en el mejor de los casos podría contar con un aproximado de $332,506,579.99. Tomando en cuenta que en 2018 reportó gastos por $1,751,368,538.63, la pregunta es ¿cómo podrá MORENA cumplir con sus actividades constitucionales?

Hasta el momento en que esta pieza fue escrita, el INE no ha tomado ninguna determinación al respecto. Esta solicitud le colocó en una posición donde será necesario dilucidar si la Constitución reconoce a los partidos la libertad de disponer de su financiamiento público a tal grado que comprometa sus posibilidades de cumplimentar con sus obligaciones como entidades de interés público.

Algunos precedentes de la Sala Superior ofrecen luz al respecto, pues el más alto tribunal en la materia ha reconocido que resulta indispensable que los partidos estén en condiciones de llevar a cabo libremente sus actividades ordinarias, lo cual implica mantener una estructura básica en cuanto a militancia, infraestructura e instalaciones. Sobre todo si estamos hablando del partido que actualmente ostenta la mayor fuerza política en el país.

Otro aspecto a tomar en cuenta, será la revisión del origen de los recursos de MORENA. Si finalizado el ejercicio de este año el partido reportara gastos similares a los de 2018, estos serían significativamente mayores a los que supondría su capacidad económica luego de renunciar al 75% de su financiamiento, entonces podrían surgir severas dudas respecto del origen de sus recursos, lo que obligaría al propio INE a realizar auditorias especiales, con los costos que ellas implican.

Lo que parece ser una solicitud que responde más bien a una narrativa política del partido, ha colocado al INE y, probablemente al Tribunal Electoral, en un dilema bastante complejo que apenas ve su principo, pues la ley no es expresa en si es posible renunciar al financiamiento publico, incluso un militante de MORENA ya anunció que impugnará la decisión de la dirigencia de renunciar al financiamiento.

Finalmente, de concretarse esta situación se daría pie a una reflexión sobre la regulación del financiamiento público de los partidos. Quizás MORENA demuestre que la fórmula es excesiva y un partido puede subsistir con un presupuesto mucho menor.