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Paridad en las Gubernaturas: el derecho de las mujeres a ser votadas ¿realidad o distopía?

Diciembre 17, 2020 | Por: Dania Paola Ravel Cuevas

El pasado lunes 14 de diciembre la Sala Superior del TEPJF, después de una sesión pública que ocasionó múltiples incertidumbres, resolvió los medios de impugnación que fueron presentados en contra del Acuerdo INE-CG-569/2020 a través del cual el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió las directrices para garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género en las postulaciones de los partidos políticos para las 15 Gubernaturas que se renovarán en el proceso electoral en curso.

 

La sentencia recaída al expediente SUP-RAP-116/2020 y Acumulados, conllevó opiniones dividas y confusiones dado que el efecto de uno de los puntos resolutivos, quizá el más relevante, está por ser precisado en el engrose respectivo, por la lectura  que se hizo a los puntos resolutivos que deberán integrar la sentencia sabemos  que se revoca  el Acuerdo del INE porque a juicio de la Sala Superior, el INE carecía de competencia para emitirlo en concordancia con el principio de reserva de ley y la soberanía de los Estados; por otro lado, al considerar que solo el Poder Legislativo puede ser quien regule en la materia, ordenó a los Congresos Estatales y al Congreso de la Unión emitir las normas correspondientes antes del inicio del proceso electoral que sigue al 2020-2021.

 

Por último, (este es el efecto en discordia) se discutió y votó favorablemente por una mayoría de 4 votos vincular a los partidos políticos para que en la postulación de sus candidaturas a las Gubernaturas en estas elecciones hagan efectivo el principio de paridad, en ese sentido se aprobó vincular a los partidos a postular 7 mujeres en las 15 Gubernaturas. La confusión parece derivar de que durante la sesión la mayoría señaló que la Sala Superior no era competente para emitir medida alguna, ya que sólo los Congresos eran competentes para adoptar las directrices necesarias para garantizar el ejercicio del derecho humano establecido en el artículo 35 Constitucional, cuestión que no deja de ser preocupante, porque ese razonamiento nos lleva al extremo de que los derechos humanos de las mujeres a pesar de estar reconocidos Constitucionalmente sean letra muerta, ya que solo pueden ser ejercidos si en el Congreso en turno existe la voluntad política para ello.

 

En esa lógica, el resultado sería que el máximo órgano Constitucional en materia electoral no puede hacer efectivo en plenitud de jurisdicción un derecho humano dado que el cumplimiento de un mandato Constitucional depende exclusivamente del Congreso. Hay que recordar que en la sentencia SUP-JRC-14/2020 la propia Sala Superior reconoció que a pesar de que la regulación en materia de paridad y violencia política contra las mujeres en razón de género era competencia, en principio, de las legislaturas, en caso de que éstas no la emitieran por cualquier motivo serían las autoridades electorales administrativas quienes podrían válidamente emitir acuerdos o lineamientos para materializar el principio de igualdad a través de la paridad, es decir, reconoció que la reserva de ley no existe.

 

Durante la sesión se habló de la “soberanía estatal”, sin embargo, en este tema hay que reconocer  que los Estados no podrían garantizar la paridad horizontal en las Gubernaturas dado que el ámbito de su competencia se restringe a la propia entidad y, entonces, las autoridades locales (llámese Congreso u OPL) no podrían materialmente vigilar el cumplimiento de dicho principio y en consecuencia no habría forma de que sea una realidad. Sobra decir que el INE no tendría está limitante, ante esta realidad el Instituto se ciñó a establecer la manera en la que verificaría el cumplimiento del principio de paridad en las Gubernaturas.

 

En resumen, si seguimos la lectura de los resolutivos referidos durante la sesión pública a pesar de que se adujo que el INE no tenía facultades el TEPJF se hizo cargo y adoptó la misma directriz que nosotros, en cualquier caso, no debemos perder de vista que el artículo 22 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral establece que las sentencias o resoluciones que pronuncie, entre otros, el TEPJF deberán hacerse constar por escrito y de acuerdo con el artículo 41 de la Constitución en materia electoral no existe la suspensión de los actos reclamados, por lo que, por el momento no hay una sentencia en el tema, así que los efectos del Acuerdo INE-CG-569/2020 siguen y los partidos están obligados a postular 7 mujeres en las 15 Gubernaturas que se renovarán en 2021.

 

Este es un momento invaluable para que los actores políticos demuestren que los compromisos públicos que sostienen son genuinos, por el momento sigue la construcción de una democracia sustantiva en donde todas y todos seamos, como señala la Declaración Universal de los Derechos Humanos, efectivamente libres e iguales en dignidad y derechos.

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