Este domingo, 26 de enero, hay elecciones en el Perú. El proceso electoral es para votar por un nuevo Congreso luego de que el anterior fuera disuelto por el Presidente de la República el 30 de setiembre último.

1.    ¿Disolución del Congreso fue constitucional?

Un primer debate justamente fue la constitucionalidad de esta disolución y consiguiente convocatoria a elecciones, realizada por el Presidente de la República. Esta disolución se realizó invocando la Constitución, que habilita a disolver el Congreso en caso que se niegue la confianza o se censure a dos Consejos de Ministros.

Como se sabe, la confianza y la censura son mecanismos de control político propios de regímenes parlamentarios, que, en el caso peruano, se han incorporado al sistema de gobierno presidencial (lo que configura el denominado “régimen presidencial atenuado”^[i]).  La confianza y la censura implican que, a iniciativa del Congreso (censura) o del gobierno (confianza), se somete a votación el respaldo o rechazo a una determinada política o tema ante el Congreso.

En el caso, se había negado una primera cuestión de confianza a un Consejo de Ministros en setiembre de 2017[ii]. En este momento, lo que se planteó fue una cuestión de confianza para modificar el mecanismo de selección de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) y aplicarlo al proceso entonces en curso. Al continuar con el procedimiento de selección, sin debatir la cuestión de confianza presentada, el Presidente de la República consideró negada la confianza solicitada y procedió a la disolución.

El Presidente del Congreso disuelto cuestionó esta medida ante el Tribunal Constitucional, a través de una demanda en un proceso competencial[iii], conjuntamente con un pedido cautelar.

El TC peruano admitió a trámite la demanda (y negó el pedido cautelar), aunque precisando que su decisión no suspendería el proceso electoral convocado[iv]. El 7 de enero último, los magistrados aprobaron por unanimidad que se hiciera pública la ponencia y la sesión para su deliberación y votación. Esta deliberación pública[v], efectuada el 14 de enero, determinó que 4 magistrados votaran a favor de la referida ponencia y 3 en contra, lo que derivó en que se considerara constitucional la disolución[vi]. La sentencia final de este proceso fue publicada el día de hoy (conjuntamente con los votos y fundamentos singulares que se anunciaron durante el debate)[vii].

2.    ¿Aplica la reforma política?

Como se había señalado, antes de la disolución del Congreso, se encontraba en debate la reforma política impulsada desde el Poder Ejecutivo.

En abril de 2019, 12 proyectos fueron presentados para impulsar la reforma política (producto del informe final de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política[viii]), respecto de 6 de ellos se formuló cuestión de confianza en junio del mismo año. Finalmente, con modificaciones importantes, estos 6 últimos fueron aprobados. Sin embargo, al ser dos de ellos de reforma constitucional, quedaban pendientes de seguir el trámite previsto[ix]. Las cuatro reformas legales fueron promulgadas como leyes y publicadas en el diario oficial El Peruano el 27 de agosto de 2019 (Leyes 30995, 30996, 30997, 30998).

Con el decreto que disuelve el Congreso también se convoca a elecciones, que, según la Constitución (artículo 134), no podían realizarse en un plazo mayor de cuatro meses[x], lo que deriva en que se fije la fecha de realización para el 26 de enero 2020.

Con ello, uno de los primeros debates fue si aplicaba o no la reforma política que había sido recientemente aprobada.  La controversia surge porque en la normativa peruana existe una norma, el último párrafo del artículo 4 de la Ley Orgánica de Elecciones[xi], que determina que solo puede aprobarse normas aplicables a un proceso electoral hasta un año antes de su realización.

Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones, tribunal electoral peruano, emitió prontamente una decisión sobre el particular, estimando que, de conformidad con el artículo antes mencionado de la Ley Orgánica de Elecciones, la reforma política recientemente efectuada no resultaba de aplicación[xii].

3.    El Jurado Nacional de Elecciones y algunas decisiones relevantes sobre las candidaturas

Otro debate que surgió una vez convocado el proceso, era si los integrantes del Congreso disuelto podían ser candidatos, ya que, en el referéndum realizado en el año 2018, se aprobó, entre otros temas, la prohibición de reelección inmediata de congresistas. Al respecto, el Jurado Nacional de Elecciones, por mayoría, determinó que sí podían postular, especialmente por tratarse de una elección extraordinaria que no derivaría en un mandato de cinco años[xiii].

Una incidencia particularmente relevante en esta elección ha sido la gran cantidad de candidatos/as que dejaron de participar en la elección. En total, 722 candidatos fueron retirados de la contienda electoral por diversos motivos: la mayor parte (359) por exclusiones o también por irregularidades en las elecciones al interior de los partidos para su selección (334)[xiv]. Las exclusiones han generado particular atención, debido a que muchas veces se ha determinado el retiro de candidatos posteriormente a que la lista se encontraba inscrita para participar y por temas que, si bien regulados por ley, parecerían ser subsanables y que no deberían generar directamente la improcedencia o rechazo de una candidatura (como la omisión de información sobre bienes y rentas, requisito exigible para su postulación). Algunos candidatos ya excluidos por las instancias electorales han planteado incluso medidas cautelares antes jueces constitucionales para permitir su postulación[xv].

Otro debate reciente ha sido si se deben aceptar o no retiros o renuncias de candidatos (ante recientes hallazgos de comisiones de delitos o actos graves). Según el cronograma electoral aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones, el plazo venció el 27 de diciembre. Sin embargo, se evalúa si esta puede ser razón suficiente frente al libre desarrollo de la personalidad del candidato/a, a la voluntad -muchas veces consensuada- entre partido y candidato/a o, desde argumentos más jurídicos, por tratarse de un plazo que deriva de una norma reglamentaria y no de rango legal.

Finalmente, entre las decisiones emitidas por el Jurado Nacional de Elecciones, se ha debatido respecto de su decisión sobre la barrera electoral (hecha pública el 15 de enero último). Como se sabe, la barrera electoral o umbral de representación se refiere a que una organización política debe superar una votación determinada en un proceso electoral con dos efectos: (a) Acceder a la distribución de escaños o posiciones en el Congreso[xvi], y (b) Mantener la vigencia de la inscripción de la organización política[xvii]. En ese sentido, se decidió: (a) Se aplica la barrera para acceder a la distribución de escaños, (b) No corresponde aplicar la valla de cancelación de la inscripción de organizaciones políticas, debido a que el proceso de Elecciones Congresales Extraordinarias 2020 es de carácter extraordinario y no de una elección general como establece la norma. Por tanto, no se cancelará la inscripción de las agrupaciones políticas al cumplirse un año de concluido el proceso si no hubiesen alcanzado al menos seis representantes al Congreso en más de una circunscripción electoral o al menos el cinco por ciento de los votos válidos a nivel nacional, o, en su caso, por no participar en dos elecciones generales sucesivas.

4.    Reflexiones finales

Según las últimas encuestas, probablemente en mucho debido a la desconfianza en la clase política, especialmente por todo lo acontecido desde el inicio en funciones de los poderes Ejecutivo y Legislativo, alrededor del 46% de ciudadanos/as aún no define su voto (Ipsos, 19 de enero 2020).

Desde el año 2016, conforme a los resultados del “Perfil del Elector Peruano 2016”, publicado por la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana del Jurado Nacional de Elecciones[xviii], parte importante de la ciudadanía (alrededor del 40%) decide su voto en la última semana[xix].

En ese sentido, las proyecciones planteadas en las encuestas si bien importantes[xx], tienen efectos que solo podrán confirmarse una vez que se emitan los resultados de los sondeos a “boca de urna” (el mismo día de la elección, al cierre de la votación, 16:00 horas) y, sobre todo, al tener el avance de los resultados oficiales[xxi].

Con todo, resulta una elección central como mecanismo para superar la crisis política, ahora con un nuevo Congreso.

Lima, 23 de enero de 2020