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Retos de la participación ciudadana en la CDMX para 2021

Enero 15, 2021 | Por: Ernesto Ramos Mega

Robert Putnam (Making Democracy Work: Civic Traditons in Modern Italy, 1993) realizó una investigación en Italia para determinar, entre otras cosas, por qué las regiones del norte tenían una mejor calidad de la democracia (y desarrollo económico) que las regiones del sur. Uno de sus hallazgos fue la influencia del componente social que denominó “comunidad cívica”, la cual implica los siguientes aspectos:

  • Compromiso cívico. La gente participa activamente en los asuntos públicos. Su actuación se centra en los beneficios a largo plazo para el individuo o grupo, que surgen de cooperar con los demás.
  • Igualdad política. Los mismos derechos y obligaciones para todos, que se traduce en relaciones horizontales de reciprocidad y cooperación.
  • Organizaciones civiles. Si las personas participan en diversos grupos y asociaciones, se generan hábitos de cooperación, solidaridad y espíritu público. Si una persona forma parte de grupos pertenecientes a distintas divisiones sociales, sus actitudes tienden a moderarse.
  • Calidad de la participación. Las personas participan de manera informada y bajo un esquema de exigencia y seguimiento a las tareas de las autoridades.

 

Putnam descubrió que en las regiones “más cívicas” los ciudadanos participaban en numerosas asociaciones, leían más periódicos, confiaban más entre sí y respetaban la ley. Por el contrario, en las zonas “menos cívicas” la vida pública estaba organizada de modo jerárquico, los asuntos públicos eran considerados cosa de los políticos y la participación estaba impulsada por el interés particular, no por el bien común.

 

En la Ciudad de México (CDMX), la novedosa Ley de Participación Ciudadana aprobada en 2019 concibe 20 mecanismos mediante los cuales la ciudadanía puede ejercer sus derechos de influir en las decisiones públicas, informarse y exigir cuentas.

 

Para 2021, tres mecanismos de participación ciudadana son fundamentales e implican un reto sin precedentes para el IECM: el presupuesto participativo, las comisiones de participación comunitaria y las asambleas ciudadanas.

 

Mediante la elección de proyectos de presupuesto participativo, las personas pueden decidir el destino de un porcentaje del presupuesto correspondiente a su alcaldía para la realización de un proyecto que beneficie a la comunidad. Las comisiones de participación comunitaria son organismos colegiados, integrados por personas electas directamente por las personas vecinas de la unidad territorial (colonia, unidad habitacional o barrio) correspondiente. Tienen la función de ayudar a la agregación de intereses y de funcionar como un órgano para promover soluciones, trasladar problemas comunitarios a la alcaldía, exigir cuentas y la realización de políticas públicas. Por su parte, las asambleas ciudadanas constituyen un elemento complementario del presupuesto participativo y las comisiones de participación comunitaria. En la práctica, funcionan como un órgano deliberativo mediante el cual las personas vecinas de una unidad territorial pueden plantear sus puntos de vista sobre un tema de interés comunitario y tomar decisiones colegiadas.

 

Por disposiciones de la Ley de Participación Ciudadana, en marzo de 2020 se votaron los proyectos de presupuesto participativo correspondientes a los ejercicios fiscales 2020 y 2021 en un mismo proceso consultivo. Sin embargo, en julio de 2020 el Congreso de la CDMX, aprobó una disposición transitoria que pospuso la ejecución de los proyectos 2020, al trasladar el recurso destinado para el ejercicio 2021. Esto implica que en un año deben ejecutarse los proyectos de presupuesto participativo de dos ejercicios fiscales.

 

Para que estos proyectos puedan ejecutarse, antes deben celebrarse asambleas ciudadanas, presididas por las comisiones de participación comunitaria, en las que deberán elegirse a los integrantes de los comités de ejecución y de vigilancia, los cuales ejercerán el presupuesto participativo y supervisarán que los proyectos se realicen correctamente.

 

En estas asambleas pueden participar todas las personas que lo deseen, siempre y cuando tengan residencia en la unidad territorial correspondiente. Incluso las personas menores de edad pueden realizar propuestas y plantear su punto de vista libremente, aunque no tengan derecho a votar. El IECM, debe coordinar estas asambleas para garantizar los derechos de todas las personas y su correcta realización. Como la lógica indica, en estas asambleas pueden participar 10 personas, 200 o más, no existe un límite, y todas pueden presentar argumentos y propuestas. Esto implica una logística muy complicada en una ciudad que se divide en 1,815 unidades territoriales, con casi 8 millones de personas en el padrón electoral y más de 10 millones de residentes.

 

La logística se hace más complicada cuando además las asambleas deben llevarse a cabo en un contexto de pandemia por COVID 19, con una ciudad en semáforo rojo y en un año en el que el IECM debe realizar elecciones constitucionales para renovar a los integrantes del Congreso de la CDMX, a titulares de las 16 alcaldías y a 160 integrantes de las concejalías respectivas.

 

Peor aún, el gobierno de la CDMX y el Congreso local, decidieron recortar el presupuesto de la autoridad local en 587 millones de pesos en pleno año electoral, lo cual equivale a la totalidad del financiamiento público para los partidos políticos, o bien, al monto requerido para la organización del proceso electoral 2021.

 

Ante la suma de adversidades, es claro que las soluciones tradicionales no están a la mano. Difícilmente podrían celebrarse asambleas presenciales sin riesgo de contagio en las cuales las personas puedan reunirse un día y hora específicos a discutir los temas y tomar decisiones.

 

Por lo tanto, el IECM deberá diseñar una estrategia de acción y una ruta crítica que garantice el ejercicio de estos mecanismos de participación ciudadana y, en particular, de los presupuestos participativos 2020 y 2021. Cualquier obstáculo puede ser tomado como una nueva excusa por el Congreso de la CDMX para volver a disponer de esos recursos en detrimento de los derechos de la ciudadanía y de proyectos que mejoren la convivencia en colonias, barrios y pueblos.

 

La solución puede estar en la utilización de herramientas tecnológicas adecuadas y en la creación de procedimientos innovadores que garanticen los derechos de las personas, independientemente de su acceso a la conectividad por Internet.

 

Un elemento fundamental deberá ser la realización de asambleas vía remota asincrónicas, esto es, la celebración de asambleas en un periodo de días que permita a las personas entrar al foro correspondiente a su unidad territorial, leer las opiniones de sus vecinas y vecinos y publicar la propia si lo considera conveniente. Este foro podría ser alimentado también por alternativas no digitales, como la presentación de un escrito en los órganos desconcentrados del IECM para su digitalización e incorporación a la plataforma. Dependiendo del tipo de asamblea, además del periodo de discusión, se abriría un periodo de votación, durante el cual puedan tomarse decisiones vía electrónica o mediante alguna alternativa presencial en papel, para que dichos votos sean sumados a los emitidos a distancia.

 

Parte del reto está en desarrollar una plataforma robusta que permita las diversas interacciones, que soporte la demanda de miles de ciudadanos, que sea sometida a pruebas de estrés y que otorgue certeza. Deben definirse también los procedimientos para garantizar la seguridad de las personas funcionarias del IECM que recibirán las opiniones y votaciones en sedes distritales. También hace falta repasar las alternativas con las que contará la ciudadanía, de manera que se garanticen derechos independientemente del acceso a conectividad con que se cuente. En resumen, el IECM debe encontrar la alternativa que garantice un equilibrio entre la garantía de los derechos de participación ciudadana y la salud de las personas, tanto funcionarias como ciudadanía.

 

Los tiempos son otro elemento por definir, dado que el proceso electoral en marcha concluye una vez que se resuelvan las impugnaciones de la jornada electoral del 6 de junio. Esto es relevante no sólo por las cargas de trabajo asociadas a la organización de las elecciones, sino también por lo dispuesto en el artículo 25 inciso F, párrafo 2 de la Constitución de la CDMX, que no permite la realización de mecanismos de participación ciudadana durante el proceso electoral local.

 

En conclusión, los mecanismos de participación ciudadana son fundamentales para mejorar la calidad de la democracia y el desarrollo social, por ello, el IECM, la ciudadanía y las autoridades de la CDMX deben enfocar sus esfuerzos en la concreción efectiva de dichos instrumentos. Esto implica diseñar soluciones innovadoras ante escenarios complejos, pero también un compromiso para dotar de recursos y facilidades para la materialización efectiva e ininterrumpida de derechos fundamentales como el presupuesto participativo, el cual, como la ley indica, esta orientado al fortalecimiento del desarrollo comunitario, la convivencia y la acción comunitaria que contribuya a la reconstrucción del tejido social y la solidaridad entre las personas.

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