AMÉRICA LATINA

El Salvador: Elecciones legislativas 2021 ¿la oportunidad de las mujeres?

Luisa Solano* & Betilde Muñoz-Pogossian**

 

Las mujeres en América Latina siempre han visto en el congreso un eje de poder y de concentración de la toma de decisiones, y es por esto que la lucha ha girado en torno a cómo lograr más representación en ese espacio. Después de todo es en el congreso donde se toman decisiones que cambian el curso de las naciones, y también donde se aprueban las reformas por más inclusión de mujeres en la política. En efecto, la elección del congreso es relevante en términos de control y balance de poder dentro del sistema democrático. Este ha sido un espacio históricamente dominado por los hombres, pero progresivamente es ahí donde se han venido aprobado las más de 40 reformas en materia de género. Así, hoy en día, 17 países de la Región han adoptado medidas (de cuotas, paridad, financiamiento dirigido, entre otras) que han permitido un incremento en el número de mujeres con escaños, triplicándose entre 1990 y 2020, de 9 a 30 puntos porcentuales[1], una masa crítica de representación. Aunque falta mucho por lograr la necesaria paridad en representación, los progresos son indiscutibles, y es en el congreso donde está la discusión, y la decisión sobre estas reformas. Esta realidad no es ajena a las mujeres en El Salvador.

 

El próximo 28 de febrero de 2021 se llevarán a cabo en El Salvador las elecciones para diputados al PARLACEN, Asamblea Legislativa y concejos municipales. Un total de 5,389,017 ciudadanos están habilitados para ejercer el sufragio. De este universo, el 53.4% está conformado por mujeres. La competencia, en términos de representación de mujeres, sigue siendo cuesta arriba. Este artículo hace una revisión de los elementos centrales del régimen electoral de género en El Salvador, y mapea los principales obstáculos que enfrentan las salvadoreñas para hacer política. Al tiempo de contextualizar obstáculos que son comunes a la participación política de las mujeres a nivel regional pero que tienen manifestaciones particulares en El Salvador, el artículo busca proveer algunas orientaciones de hacia dónde deberían ir futuras reformas políticas que continúen abriendo el camino para una más equitativa representación de hombres y mujeres en política en este país.

 

El Salvador: elementos del régimen electoral de género

 

Como en otros países de América Latina, en el caso salvadoreño la presencia de mujeres dentro de la Asamblea Legislativa había observado una tendencia sostenida de crecimiento. Entre la elección del año 2000 y la de 2015 se registró un incremento de 22 puntos porcentuales, esto significó pasar de tener 8 diputadas propietarias a lograr 27 escaños ocupados por mujeres. En 2015 se implementó por primera vez la cuota de género del 30% en la conformación de las planillas. Esta disposición se encuentra en el artículo 38 de la Ley de Partidos Políticos, y fue aprobada el 14 de febrero de 2013. En 2018, después de la implementación de la cuota, las mujeres perdieron un escaño y solo lograron ganar 26 curules. Aun así, las mujeres lograron el 31% del total del Órgano Legislativo.

Cabe subrayar que la conformación de elementos del sistema electoral legislativo, desde 2015, incluye la lista abierta y el voto combinado con una fórmula de reparto proporcional. Este modelo no facilita la inclusión de candados que promuevan la participación de la mujer, si no que deja en la preferencia de cada votante la responsabilidad absoluta de elegir más candidatas. De ahí que la discusión sobre una reforma del sistema de lista abierta, y su eliminación, ha sido central a la agenda por más representación de mujeres en El Salvador. Por otro lado, la cuota se ha aplicado a dos procesos bajo las mismas reglas y sin embargo, ha producido resultados distintos en términos de la cantidad de mujeres electas como diputadas propietarias. Una evaluación más completa de este mecanismo de acción afirmativa podría hacerse al añadir al análisis los resultados de los próximos comicios de 2021. Sin embargo, aspectos como la reducida oferta partidaria de candidatas mujeres como diputadas propietarias, el uso de las suplencias como válvula de escape para cumplir el porcentaje de la cuota de género, la concepción que la cuota es un techo y no un piso y la falta de apoyo al interior de los partidos políticos para promover más candidaturas femeninas son factores que limitan la inclusión de más mujeres.

 

A un mes de las elecciones, las listas ya han sido confeccionadas y acreditadas ante el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador. Así, para el próximo evento electoral, el 36% de las candidaturas legislativas propietarias están ocupadas por mujeres, mientras que los hombres dominan con el 64% (LPG Datos, 2021). Estos porcentajes de distribución muestran un retroceso respecto a los datos de 2018. En el proceso anterior el 40% de las candidaturas propietarias fueron ocupadas por mujeres. El uso de las mujeres para llenar las candidaturas suplentes se refuerza en esta elección. Las mujeres ocupan el 59% de las suplencias (LPG Datos, 2021), un porcentaje que crece con relación al evento electoral pasado con un 54%.

 

Los números son claros, en El Salvador los hombres siguen teniendo el monopolio de la representación al interior del Congreso. Mientras que la oferta partidaria no se renueve y busque presentar planillas que muestren un sistema paritario, será difícil que el electorado pueda favorecer a más mujeres con su voto. La participación de la mujer no será equitativa hasta que los procesos internos para aspirantes a cargo de elección popular adopten mecanismos de selección que favorezcan la entrada de más candidatas con una adopción voluntaria de una competencia equitativa entre ambos sexos y con fuentes de financiamiento y formación específicas para las candidatas mujeres. Aspectos que requieren una discusión técnica y voluntad política para poder reformar los cuerpos normativos pertinentes que estandaricen y clarifiquen el proceso.

 

Obstáculos a la participación política de las salvadoreñas

 

Al observar los perfiles las mujeres, en todos los partidos contendientes en las próximas elecciones, se identifican ciertos liderazgos femeninos valientes y capaces, que pudieran tener una oportunidad de ganar un espacio; sin embargo, la lectura del análisis numérico plantea un panorama desalentador para las mujeres en su competencia por lograr un escaño en la Asamblea Legislativa en las próximas elecciones. La pregunta sigue siendo si las candidatas van a lograr sortear los obstáculos financieros, institucionales y culturales en la carrera por lograr un curul. Aspectos que no se les plantean a los hombres y que por tanto reflejan una competencia desigual.

 

En primer lugar, la precaria situación social de El Salvador, que tiene a la base la fragilidad de las finanzas públicas, podría ser un factor que limite la participación de las mujeres en la cosa pública. La necesidad de generar ingresos, realizar tareas de cuido, solventar problemas de salud y cubrir el aspecto educativo, podría estar dejando en segundo plano la posibilidad de las mujeres por inmiscuirse en la toma de decisiones. Los déficits socioeconómicos tienen un impacto mayor en las mujeres, y esta situación se ha visto agravada debido a los efectos de la pandemia. La tradición cultural y las brechas de género afectan la inclusión de la mujer en la vida pública, factores que no son determinantes para el género masculino. A pesar que los avances son innegables, las mujeres siguen estando un paso atrás de los hombres en términos sociales, económicos y políticos.

 

En relación a la campaña electoral, un simple recorrido por las principales calles y avenidas del país muestra que la publicidad exterior (vallas, pancartas, pantallas digitales, mupis, entre otros) reflejan un predominio masculino en la contienda legislativa. El sistema de listas abiertas y voto combinado fomenta una fragmentación y personalización de las campañas y, de esta forma, la candidatura con mayor acceso a financiamiento tiene mayor oportunidad de promocionar su imagen, posicionar sus mensajes y destacarse y separarse del resto de aspirantes de su propio partido y de los candidatos opositores. La lucha por lograr financiamiento y diferenciarse es más difícil para las mujeres, ya que no tienen acceso a redes que les provean de los recursos que necesitan y se les cierran los espacios para conseguir patrocinios.

 

En segundo lugar, la pandemia por COVID-19 se suma a las elecciones del 28 de febrero como el factor disruptivo del proceso, trasladando a modos virtuales las actividades de campaña. En efecto, el coronavirus no solo ha obligado a la autoridad electoral a pensar fuera de la caja para facilitar el sufragio en un contexto de alto riesgo, la enfermedad también, en cierto modo, ha modificado la forma de hacer campaña. El COVID-19 ha acelerado y profundizado el uso de las redes sociales como un elemento dentro de la campaña. El trabajo en el terreno sigue siendo importante, pero optar por este camino puede ser un factor que potencie el contagio. En la coyuntura salvadoreña, los medios tradicionales siguen siendo importantes, pero cada vez más se percibe el uso de las plataformas multimedia y redes sociales. Estas últimas son un instrumento de bajo costo y alta viralización y resultan ser el escenario natural en esta “nueva normalidad”. Bajo este panorama el abaratamiento de las campañas podría favorecer a las mujeres. El uso de canales de comunicación más accesibles y cercanos se convierten en aliados para aquellas candidatas que entiendan y manejen la dinámica de estos medios. Obviamente, este no se vuelve un beneficio exclusivo de las mujeres, pero si pudiera facilitar campañas de más bajo costo que generalmente se ajustan más a los recursos de los que las candidatas mujeres disponen. Sin embargo, y considerando que se replican factores de limitado acceso a tecnologías, o brecha digital de género, es posible también que muchas candidatas no cuenten con condiciones para llevar sus campañas en modos virtuales, y más aún, que muchas mujeres votantes no puedan acceder a la información electoral y de las y los candidatos. Aunque puede representar ciertas ventajas a algunas mujeres, esto también podrían convertirse es un obstáculo de participación para la gran mayoría.

 

En tercer lugar, la conformación de la institucionalidad partidaria es otro de los factores que frenan el avance de las mujeres. Mientras las cúpulas de los partidos políticos continúen con un predominio masculino, será difícil entender porque las mujeres necesitan condiciones o acciones, como la cuota de género, que permitan equiparar las condiciones de la competencia. En los diez partidos en contienda la máxima dirigencia es ocupada por un hombre. La brecha entre hombres y mujeres es una construcción histórica de una acumulación de privilegios para el grupo mayoritario. La lucha por la igualdad parte de reconocer esas diferencias y la única forma de hacerlo es permitiendo que las mujeres participen en los espacios de decisión dentro de los partidos. Si la paridad no se reconoce desde el órgano de dirección partidario, queda la pregunta de por qué habría de reconocerse en los procesos internos de selección de candidaturas. La promoción de las candidatas mujeres requiere entonces un sustento al interior del partido que refleje esos comportamientos hacia afuera.

 

Igualmente, las mujeres también deben enfrentar barreras estructurales dentro de la cultura política. La forma en que la sociedad, y de forma más específica, algunos medios de comunicación, al jugar el rol de constructores de opinión y generadores de ideas, emiten y reproducen ideas preconcebidas sobre el supuesto rol que deben ejercer las mujeres entorpece su paso en la carrera política. Dentro de las entrevistas televisivas, noticias periodísticas, programas radiales y otros espacios los medios salvadoreños aún incluyen en su ronda de preguntas aspectos como el manejo de su vida privada y su doble rol de madre y profesional, de la capacidad para balancear su tiempo entre su familia y su aspiración política, de la racionalidad para tomar decisiones, de la firmeza para ejercer el poder, entre otros. Estos son elementos culturales que se les aplican y que castigan únicamente a las mujeres. A pesar del trabajo de colectivos feministas salvadoreños por educar a la población y cambiar este patrón histórico de división de papeles y funciones entre hombres y mujeres, la mujer sigue asociada a la esfera privada, mientras que el hombre a la esfera pública.

 

En este marco, la apariencia física también es parte del proceso inquisidor por parte de medios, y la población en general. A las mujeres se les cuestiona su peso, su pelo, su forma de vestir, su edad, la forma de expresarse, las actitudes, el lenguaje físico, etcétera. Factores que en ninguna circunstancia son relevantes en las candidaturas de hombres. Para la mujer la competencia no solo consiste en presentar propuestas, también deben sortear los juicios de la sociedad sobre aspectos irrelevantes que en nada condicionan su capacidad para ejercer el cargo al que aspira.

 

Finalmente, el elemento que quizá tiene más peso, al momento de limitar la inclusión de más mujeres en espacios de poder político, y que es el menos estudiado para el caso salvadoreño, es la violencia política en razón género. Los ataques a las mujeres dentro de la política por su condición de mujer suelen normalizarse. Las ofensas y violencias se disfrazan como como parte de la cultura e idiosincrasia salvadoreña. Comentarios que ponen en tela de juicio su capacidad, expresiones que deslegitiman la posición alcanzada, frases que minimizan su rol, situaciones de discriminación, exclusión de redes de contactos, acoso sexual y agresiones físicas son distintas formas en las que las mujeres en la política sufren violencia. Excandidatas a cargos de elección popular, actuales diputadas y candidatas, en su amplia mayoría, registran algún incidente o guardan alguna historia de cómo los ataques y los episodios de violencia afectaron su paso en la política (Herrera et al., 2010 y Bolaños, 2016).

 

El mundo virtual salvadoreño también registra maltratos, memes, mensajes soeces, vulgares e hirientes en contra de las mujeres en la política. El actual proceso electoral no ha sido la excepción en el registro de eventos de violencia contra las candidatas. Uno de estos casos resultó en la inhabilitación de un candidato, siendo una de las causales la de enfrentar un proceso penal por conducta agresiva y violenta contras las mujeres en espacios públicos y redes sociales (Sala de lo Constitucional, 2021).

 

Desde el punto de vista normativo se registran importantes avances en favor del desarrollo de una legislación que proteja a la mujer, que equipare oportunidades y que permita el goce de sus derechos políticos. La Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV); La Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres (LIE) y la Ley de Partidos Políticos (LPP), son instrumentos que incluyen aspectos que promueven una mayor participación de la mujer, dentro de un ambiente seguro, en los espacios públicos, incluida la política. Sin embargo, en ninguno de estos cuerpos legales se tipifica la violencia política en razón de género como un delito específico. Siendo este tipo de violencia el principal causante de la afectación de los derechos político-electorales de las mujeres urge la aprobación de una reforma. El Grupo Parlamentario de Mujeres, una iniciativa que reúne a las mujeres de todas las fracciones con representación política en la Asamblea Legislativa, la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género y la Unidad de Género del Parlamento se encuentran estudiando reformas a la LEIV con el fin de promover y construir un espacio de igualdad, entre hombres y mujeres, en el ejercicio del poder, en la emisión del sufragio, en el desarrollo de las funciones públicas y en la afiliación a partidos políticos (Asamblea Legislativa , 2020).

 

La violencia política en razón de género, a pesar de tener un impacto tan profundo y negativo para el libre goce de los derechos políticos de las mujeres, es un tema que en El Salvador no ha sido estudiado suficientemente. Se desconocen las cifras de violaciones sucedidas en los procesos electorales y la afectación e impacto de estos hechos. En un esfuerzo inédito, por primera vez, la Asociación Nacional de Regidoras, Síndicas, y Alcaldesas Salvadoreñas (ANDRYSAS)[2] desarrolla dentro del proceso electoral 2021 un "Observatorio de violencia contra las mujeres políticamente activas en El Salvador". El procesamiento y análisis de esta observación permitirá realizar propuestas de mejoras basadas en evidencia.

 

También el Tribunal Supremo Electoral, apoyado por ONU Mujeres y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, presentó sus estrategias para garantizar que las elecciones de 2021 se realicen dentro de un ambiente libre de violencia política para las mujeres. Entre las acciones que se ejecutan se encuentran una campaña de sensibilización y la difusión de una guía para garantizar la participación política de las mujeres en los procesos electorales (Tribunal Supremo Electoral, 2021). En este mismo sentido, un grupo de instituciones desarrolla una campaña con dos objetivos: 1) promover el voto por candidatas mujeres y 2) erradicar la violencia política hacia las mujeres. Las iniciativas descritas se desarrollan en un momento propicio donde la visibilización de la violencia política en razón de género se ha vuelto uno de los aspectos relevantes de los comicios a celebrarse el 28 de febrero.  

 

Futuras reformas

 

Probablemente la próxima Asamblea Legislativa no será paritaria, sin embargo, este proceso electoral puede ser un cimiento importante para la base de una construcción social sobre la importancia de promover la participación política de más mujeres, y de la definición de nuevas reformas que sigan allanando el camino para una mayor de representación de mujeres en política. Para atacar los obstáculos planteados, una agenda de reformas futuras debería enfocarse en al menos los siguientes tres elementos:

 

  1. La consideración de reformas que permitan a las mujeres contar con recursos financieros para montar sus campañas electorales, y llevar sus mensajes al electorado, incluyendo en redes sociales y otras plataformas tecnológicas. En ese sentido, sirven de referencia las reformas enfocadas en el financiamiento etiquetado a candidaturas de mujeres como las implementadas en países como Brasil, Colombia, Costa Rica o Chile.
  2. La adopción de legislación que genere incentivos a los partidos políticos para facilitar la representación de mujeres en los órganos decisorios de sus organizaciones, y acciones que contribuyan a cambios en la cultura política de los partidos.
  3. La aprobación de legislación que se encargue del flagelo de la violencia política contra mujeres, y que logre, en primera instancia, la tipificación de la violencia política en razón de género como un delito específico, y por el otro, que establezca sanciones e incentivos que permitan generar un espacio de igualdad, entre hombres y mujeres, en el ejercicio del poder, en la emisión del sufragio, en el desarrollo de las funciones públicas y en la afiliación a partidos políticos.

 

De cara a las elecciones de 2024 el impulso no puede perderse, y las acciones recaen en todo el ecosistema de actores políticos en El Salvador. Las redes o coaliciones creadas entre distintas instituciones deben propiciar la discusión y continuar posicionando el mensaje que ‘no hay democracia sin mujeres.’ El Estado debe asumir su rol de facilitador de más mujeres en espacios de decisiones. Los partidos, al ser vehículos para la representación, deben dejar de lado sus prácticas machistas y fomentar la inclusión de más mujeres. Las mujeres deben continuar su camino de empoderamiento, y demandar más espacios de poder. Por su parte, el trabajo por alcanzar una reforma constitucional que incluya el principio de la paridad de género requiere el consenso de dos legislaturas y el esfuerzo conjunto del gobierno, la sociedad civil y los institutos políticos. Por tanto, la voluntad, el trabajo y los recursos deben coincidir para hacer realidad el ejercicio de la función pública en condiciones de igualdad para hombres y mujeres.

 

*Opiniones son personales. No representan las del Instituto Nacional Demócrata (NDI).

** Opiniones son personales. No representan las de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

 

 

 

[1] Más información en Portal de Reformas Políticas en América Latina, disponible en: https://reformaspoliticas.org/regimen-electoral-de-genero/

[2] La iniciativa cuenta con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), del Consorcio para el Fortalecimiento de los Procesos Electorales y Políticos (CEPPS) y del Instituto Nacional Demócrata (NDI).

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