GÉNERO Y POLÍTICA

Desafíos hacia una Constituyente paritaria

Febrero 09, 2021 | Por: Julieta Suárez-Cao

El 4 de marzo de 2020 se aprobó en Chile la reforma constitucional que permitirá que se convierta en el primero del mundo en tener una Constitución nacional redactada de manera paritaria entre hombres y mujeres. Los tres meses de tramitación del proyecto dejaron cambios a la propuesta inicial diseñada por tres integrantes de la Red de Politólogas #NoSinMujeres (Javiera Arce, Carolina Garrido y yo) gracias al apoyo de varias organizaciones de mujeres de la sociedad civil y de una coalición transversal de diputadas y senadoras que trabajaron de manera incansable para conseguir los apoyos necesarios aún en contra de la oposición acérrima del gobierno de Sebastián Piñera.

 

La paridad nace de un proyecto de la sociedad civil que es llevado al Congreso y presentado como moción parlamentaria de diputadas de izquierda y derecha.  Y es aprobada superando el escollo casi insalvable del antagonismo del Ejecutivo, en un sistema hiperpresidencialista como el chileno, y de un sistema con múltiples actores partidarios con posiciones ideológicamente opuestas.  Este avance dice mucho de la fuerza del cambio social en materia de igualdad de género que ha venido experimentando el país desde las movilizaciones feministas de 2018.

 

Este proceso ha enfrentado múltiples desafíos para asegurar paridad de género y es posible identificarlos en dos tramos distintos del proceso: la tramitación y la implementación de la reforma política. En cada una de esas fases vemos las diversas resistencias de instituciones formales e informales que están “generizadas” que dificultan el avance de la igualdad de género. El primer desafío está en las características propias del sistema electoral chileno y muestra claramente las resistencias que provocan las medidas de acción afirmativa orientadas a atajar la desigualdad de género. El segundo desafío se relaciona con la implementación misma de la norma y la negligencia en la ejecución de criterios de igualdad de género. En suma, cuanto más se avanza mayores son los ataques directos e indirectos, que buscan impedir o entorpecer la efectividad de la ley. Si bien a pesar de estas resistencias Chile tendrá una Asamblea Constituyente paritaria, es relevante reconocer las maneras en que operan los sesgos de género que sostienen las desigualdades entre hombres y mujeres.

 

Chile utiliza para la asignación de bancas legislativas un sistema proporcional en 28 distritos pequeños y medianos (de magnitud variable entre tres y ocho escaños). La estructura de las listas es cerrada y desbloqueada, el electorado vota por candidatura individual, los votos de cada candidatura de la lista se suman y de este total se asignan los escaños siguiendo el método D’Hondt. De este modo, resultan electas las candidaturas más votadas hasta completar los escaños correspondientes a cada lista[1]. Con este tipo de sistema electoral, en que la asignación de escaños es por voto de lista pero la ciudadanía vota por candidatura, es común que resulten electas personas que individualmente recibieron menos votos que otras candidaturas que no obtienen escaños porque sus listas no alcanzaron los votos suficientes. Esto es un corolario evidente de la combinación del criterio de lista para calcular la conversión de votos a escaños y el voto por candidatura individual[2].

 

La propuesta de reforma de paridad de género para la elección de convencionales constituyentes mantenía este sistema electoral agregando paridad de entrada y de salida. La paridad de entrada establece que, por distrito, las listas deben estar encabezadas por mujeres y luego se van alternando sucesivamente los sexos. La paridad de salida establecía que la asignación de las bancas al interior de las listas se hiciera de manera paritaria alternando candidaturas de hombres y mujeres de manera tal que en los distritos pares resulten electas la misma cantidad de mujeres que hombres y en los impares un sexo no pueda superar al otro en más de un convencional electo. Teniendo en cuenta la cantidad de distritos impares en Chile, la composición final del órgano constituyente en materia de género será entre un mínimo de 45% y un máximo de 55% de mujeres.

 

La resistencia activa al proyecto por parte del gobierno y de representantes de la coalición de gobierno en el Congreso se focalizó en criticar que por incluir mujeres podía generarse que resultaran electas candidaturas con mucha menor votación individual que otras que quedaran fuera. Como expliqué anteriormente esto es algo que ya ocurre por la combinación de reparto de escaños por lista y voto por candidatura individual, solo que esta vez como el criterio de asignación sería el género se inició una campaña para presentar este resultado como ilegítimo ante la opinión pública. Se vociferaba en los medios de comunicación y en las Redes Sociales que esta asignación alteraba el lema democrático de “una persona, un voto”, soslayando que esto ya ocurría anteriormente y que, de hecho, ocurre habitualmente en la mayor parte de las democracias contemporáneas donde existe algún grado de malapportionment.

 

En Chile, por ejemplo, en la Región de Aysén el voto de una persona vale lo mismo que el voto de cuatro personas en la Región Metropolitana. Resulta evidente que hay motivos, como la distribución territorial de la población, que justifican que no todos los votos valgan lo mismo si queremos representar cabalmente a toda esa población en las instituciones. Lo que resulta llamativo es que cuando precisamente ese motivo pasa a ser el criterio de la igualdad de género se procede a impugnar el sistema, dejando en evidencia que el problema es con el principio de la paridad de género y no con que resulten electas personas con menos votos que otras que no lo logran ni porque se altere el adagio de “una persona, un voto”.

 

La embestida del gobierno resultó infructuosa y, finalmente, se aprobó el proyecto con la paridad de género de entrada y una corrección para garantizar la paridad de salida.[3] No obstante, este ataque directo no fue el único desafío que debió enfrentar la paridad y muestra que las reformas que alteran la distribución existente de poder, y los roles tradicionales de género, van más allá del ataque abierto y evidente.

 

El segundo desafío se dio en la implementación de la ley y dejó en evidencia la necesidad de contar con personas que estén capacitadas en enfoque de género en los puestos de decisión y con la importancia de que los actores críticos (autoridades electorales, movimiento de mujeres, miembros de los partidos, entre otros) cuiden cómo se exige lo que sostiene la norma. Como se mencionaba anteriormente, la paridad de entrada establece que las listas deben estar encabezadas por mujeres y luego los sexos de las candidaturas se alternarán sucesivamente, conformando lo que se denomina como “listas cremallera” (zipper) y que en Chile se dio a conocer como “cebra”, por las rayas del conocido animal. Asimismo, la reforma aclara que en caso de que el número de candidaturas de la lista fuera impar, un sexo no podrá superar al otro en más de una candidatura.

 

El espíritu de la ley era claro y la única forma de entender en conjunto ambas provisiones era que las listas impares fueran encabezadas y terminadas con una mujer, manteniéndose la alternancia sucesiva y generando que un sexo, el femenino, tuviera una candidata más que el otro sexo. Sin embargo, la autoridad electoral interpretó que esto permitía alterar la cremallera y que en listas impares podían presentarse dos hombres de manera consecutiva sin que su número superara al del total de mujeres de la lista en más de uno. Con esta interpretación de la autoridad, en casi todos los distritos se aprobaron listas que incumplieron entonces los mandatos de posición claramente establecidos, sumando un total de 37 listas a nivel de distrito que no cumplen con la paridad de entrada establecida en la norma.

 

Este desafío se materializa ya no sólo a partir de un ataque directo, y probablemente no intencional, sino de una interpretación polémica que se hace sin tener perspectiva de género y pudiendo ignorar que el espíritu de la ley era precisamente la inclusión de mujeres y no buscar artilugios para seguir favoreciendo candidaturas de hombres. Estos ejemplos de resistencias activas y pasivas que generan las normas de igualdad de género marcan lo complejo que es el cambio social y cultural, así como las limitaciones de las instituciones democráticas para garantizarlo. A pesar de los contratiempos con la paridad de entrada, es de esperar que la interpretación con la paridad de salida asegure el objetivo buscado con la legislación: una Constituyente verdaderamente paritaria. Gracias a esta innovación pero, de manera más importante, gracias al apoyo de organizaciones de mujeres, al movimiento feminista, a los sectores activos del movimiento amplio de mujeres y a la coalición de diputadas y senadoras que hizo propio este proyecto, Chile va a escribir la Constitución que reemplazará a la de la dictadura de Augusto Pinochet. Esta nueva Constitución será escrita por primera vez entre hombres y mujeres en pie de igualdad.

 

[1] Si la lista incluye distintos partidos políticos se realiza una segunda asignación a su interior siguiendo el mismo procedimiento de sumar los votos de las candidaturas individuales ahora por partido. Así se asignan los escaños de la lista entre los distintos partidos y finalmente resultan electas las candidaturas individuales más votadas de cada partido hasta cubrir la cantidad de escaños asignados.

[2] De hecho, es tan común que este sistema electoral en las elecciones legislativas de 2017 esta disonancia entre votaciones individuales se produjo en 26 de los 28 distritos donde quedaron fuera candidaturas con más votos individuales que otras que resultaron electas.

[3] Esta corrección establece que en caso de que el escrutinio no diera paritario a nivel distrito, la candidatura individual menos votada del sexo sobrerrepresentado debe dejar su escaño a la candidatura individual más votada del sexo subrepresentado hasta corregir la paridad en el distrito.

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