GÉNERO Y POLÍTICA

México y la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU: ¿en dónde estamos y hacia dónde vamos?

Marzo 08, 2021 | Por: Georgina de la Fuente

El veredicto es claro: al paso que vamos, la igualdad de género en los niveles más altos del poder y la toma de decisiones podría tardar otros 130 años. A pesar de que las mujeres están participando cada vez más en la vida pública, distan mucho de gozar de igualdad plena, siguen estando sub representadas en todos los aspectos de la toma de decisiones y la violencia política en su contra es generalizada. Así lo señala el informe del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con motivo del 65° periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de las Mujeres, [1] que se celebrará del 15 al 26 de marzo próximos con el tema “La participación y toma de decisiones de las mujeres de forma plena y efectiva en la vida pública y la eliminación de la violencia para el logro de la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas”. Este órgano, que convoca a todos los Estados miembro, entidades del Sistema ONU y organizaciones no gubernamentales de todas las regiones del mundo, ha contribuido al desarrollo de parámetros para el establecimiento de marcos legales en torno a los derechos de las mujeres y las niñas desde 1946.[2] Asimismo, a partir de 1995, brinda seguimiento puntual al cumplimiento de las metas y compromisos establecidos en la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing.

Pero, ¿cómo llega México a esta cumbre? A continuación, ofrezco sólo algunos datos que nos pintan un panorama general de la participación de las mujeres en la vida pública en nuestro país.

  • De los 67 países que han promulgado leyes de cuotas en las candidaturas a nivel nacional, México es uno de los 15 que tienen metas de, al menos, 50%. Ello, gracias al reconocimiento del principio de paridad en la Constitución tras la reforma político-electoral de 2014.
  • México es uno de los 28 países en donde, tanto a nivel nacional como a nivel local, si las listas de candidaturas de los partidos políticos no cumplen con las cuotas o la paridad establecida en la ley, se niega su registro para participar en las elecciones. Asimismo, somos uno de los 30 en donde se exige que las mujeres se coloquen en una posición específica o que utilizan el método "cremallera" dentro de las listas de candidaturas al legislativo, tanto a nivel nacional como a nivel local, asegurando su participación en los órganos de representación.
  • Más allá de las reglas constitucionales y legales para la postulación de candidaturas, la autoridad administrativa electoral tiene la facultad de implementar acciones afirmativas adicionales que permitan asegurar integraciones más equitativas del legislativo.
  • Desde el año 2019 y, como resultado de la reforma de paridad en todo, se debe garantizar la paridad de género en los tres poderes de la Unión, en los órganos autónomos y en los gobiernos estatales y municipales.
  • México es uno de los pocos países del mundo y el segundo en América Latina, en donde se encuentra tipificado el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género (VPG) tras la reforma de abril de 2020. En ella se establecen sanciones penales y político-electorales y la distribución de competencias para prevenir, atender, sancionar y reparar el daño a las víctimas de manera integral.
  • Sólo el 25% de las legisladoras en el mundo son mujeres. México supera esa media por mucho y ocupa el sexto lugar a nivel mundial en participación de mujeres en el Congreso de la Unión, con 48%. Asimismo, por primera vez en nuestra historia, ambas cámaras del Congreso de la Unión fueron presididas por mujeres en la legislatura anterior. Por su parte, la integración de los legislativos locales es, en promedio, paritaria, con 14 entidades incluso superando la participación de mujeres del 50%. 
  • El mayor reto sigue constituyendo la participación de mujeres en los poderes ejecutivos. Somos uno de los 127 países que nunca ha tenido una jefa de Estado. Por su parte, a nivel local sólo tenemos una gobernadora y una jefa de gobierno; mientras que el número de municipios gobernados por alcaldesas no llega ni al 30%.
  • México es uno de los 14 países que tienen gabinetes integrados por, al menos, 50% de mujeres. Sin embargo, las mujeres ocupan sólo el 35% de los puestos de mando dentro de la administración pública federal. Esta proporción supera ligeramente la media global de 34%, pero se encuentra por debajo de la media de América Latina y el Caribe (42%).

Como se observa, México cuenta con mecanismos formales de avanzada para garantizar la participación de mujeres en la vida pública en igualdad de condiciones que los hombres y en contextos libres de violencia. Sin embargo, conforme estos mecanismos han permitido un mayor acceso de mujeres al espacio público, también ha aumentado la violencia y el acoso hacia ellas. Datos de la Unión Interparlamentaria citados en el informe del Secretario General de la ONU revelan que el 82% de las mujeres parlamentarias entrevistadas para un estudio en 2016 había sufrido violencia psicológica en el ejercicio de sus funciones; 33% había sufrido violencia económica; 26% de ellas había sufrido violencia física; mientras que el 22% había sufrido violencia sexual.

Pero la violencia política contra las mujeres en razón de género se expresa de múltiples formas. En México, la reformada Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia reconoce 22 conductas mediante las cuales se expresa este delito, que van desde el incumplimiento de disposiciones jurídicas por parte de las instituciones, a la obstaculización de las campañas electorales, la difamación, la divulgación de imágenes o información privada, el impedimento del ejercicio efectivo de sus funciones, entre otras. Por otro lado, el propio informe preparado para este periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer destaca que el maltrato, el ciber acoso y el acoso sexual en línea por motivos de género se han convertido en prácticas habituales que afectan cada vez más a las mujeres que participan en política. Conforme las campañas se desenvuelven cada vez más en las redes sociales y en Internet, las mujeres están más expuestas a ataques y abusos en razón de género en estos espacios. En este sentido, la investigadora Lucina Di Meco ha acuñado el término “desinformación de género”[3] para describir la diseminación de información e imágenes engañosas o imprecisas en contra de mujeres políticas, periodistas o figuras públicas que se encuadran en elementos de misoginia y estereotipos de género respecto al rol de las mujeres en la sociedad. Éstas pueden incluir historias falsas, imágenes humillantes, fotomontajes, entre otros, con el fin de desacreditarlas o pintarlas como personas emocionales, enojadas, dementes, poco confiables y poco inteligentes.  

Con motivo de la reforma en materia de VPG, la autoridad electoral ha tomado una serie de medidas en el cumplimiento de sus mandatos adquiridos para asegurar que las candidatas que este año compitan por los más de 21,000 cargos públicos en disputa a nivel federal y local, lo hagan en condiciones de igualdad y libres de violencia. El pasado mes de octubre, por ejemplo, se emitieron los lineamientos para que los partidos políticos prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la VPG, estableciendo como requisito para el registro de candidaturas no haber sido condenado mediante resolución firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público; por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal; o como deudor alimentario o moroso. Asimismo, se creó del Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, cuyos integrantes no podrán ser registrados como candidatos o candidatas. También, se incorporó la perspectiva de género en el monitoreo de las transmisiones sobre las precampañas y campañas en los noticieros, que permitirá contar con información respecto a la reproducción de estereotipos de género y la presencia o ausencia de lenguaje incluyente y no sexista en la cobertura de las campañas en radio y televisión. Además, la autoridad electoral requirió a los partidos políticos a postular candidatas a gobernadora en al menos 7 de las 15 entidades que sostendrán una elección a ese cargo.

Si bien México enfrenta retos importantes para lograr la participación sustantiva de mujeres en lo público, exacerbados por las normas sociales imperantes y la persistencia de estereotipos respecto a los roles que éstas deben asumir, es indiscutible que también tiene buenas cuentas qué rendir en torno a los diseños institucionales conducentes a revertir las condiciones de discriminación y violencia política que han enfrentado a lo largo de la historia. La experiencia mexicana revela que, a partir del establecimiento de la paridad en la reforma político-electoral de 2014, se ha logrado acelerar el cumplimiento de las metas de representación, al menos en el plano descriptivo. Idealmente y, con el objetivo de acelerar el paso global hacia el cumplimiento de las metas de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, México debe ampliar sus esquemas de cooperación sur-sur, particularmente con otros países con sistemas mixtos de representación, en donde la implementación de cuotas y acciones afirmativas son más efectivas. Para este intercambio, es indispensable contar con la participación de colectivos feministas y organizaciones de la sociedad civil, cuyo papel, en alianza con legisladoras locales y federales, ha sido instrumental en la materialización de acuerdos y de los compromisos políticos necesarios en los procesos de deliberación legislativa. El Foro Generación Igualdad, que auspiciará México junto con Francia este mes de marzo con el objetivo de plantear una hoja de ruta para acelerar la implementación de la Plataforma de Acción de Beijing y los objetivos de la Agenda 2030, constituye una oportunidad invaluable en este sentido.

La emergencia provocada por la pandemia de Covid-19 hace este llamado aún más urgente. Numerosos estudios han concluido que las repercusiones económicas, políticas y sociales a causa de la misma han causado retrocesos considerables en materia de igualdad, particularmente entre quienes enfrentan más de una forma de discriminación, como las mujeres indígenas, las mujeres jóvenes, las mujeres en situación de pobreza, etcétera. Para atender esta situación, resulta indispensable que más mujeres accedan a más cargos y que, con ello, se coloquen al frente de las acciones de atención y recuperación post pandemia, para incorporar sus visiones en las políticas públicas y en las prácticas institucionales que aseguren una recuperación más inclusiva y, por ende, más democrática.    


[2] La Comisión de la Condición Jurídica y Social de las Mujeres (CSW por sus siglas en inglés) forma parte del Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas desde 1946 y constituye el principal órgano global intergubernamental dedicado exclusivamente a la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.

[3] Di Meco, L. (2020). Online Threats to Women’s Political Participation and The Need for a Multi-Stakeholder, Cohesive Approach to Address Them (Reporte no. EGM/CSW/2021/EP8). Disponible en https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/65/egm/di%20meco_online%20threats_ep8_egmcsw65.pdf?la=en&vs=1511

 

EDICIÓN IMPRESA
Blog y Voto

Candidatas y redes sociales: un llamado de alerta hacia el 6 de junio

Por: Georgina de la Fuente

Abril 07, 2021

Justicia

Espectros procesales y violencia política

Por: Mauricio del Toro Huerta

Marzo 25, 2021

América Latina

Incertidumbre, malestar y desconfianza en la Región Andina

Por: Daniel Zovatto

Abril 11, 2021

Proceso de renovación INE

Consejeras y consejeros del INE. ¿En qué nos quedamos? ¿A dónde vamos?

Por: Fernando Díaz Naranjo

Junio 10, 2020

Proceso electoral 2020 - 2021

Paridad y acciones afirmativas. Dos retos de la justicia electoral

Por: Janine M. Otálora Malassis

Marzo 19, 2021

Encuestas

Paridad y acciones afirmativas. Dos retos de la justicia electoral

Por: Janine M. Otálora Malassis

Marzo 19, 2021

SÍGUENOS EN TWITTER
SÍGUENOS EN FACEBOOK