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Alerta roja en Guatemala

El próximo 14 de enero de 2024, en Guatemala debería de hacerse efectivo el cambio de gobierno. A menos de un mes de esa fecha nadie tiene certeza de que eso pasará tal como está previsto. La extensión del período del actual presidente Giammattei supondría una clara ruptura en el orden constitucional.

En medio de una Latinoamérica política y electoralmente convulsa, se hace necesario que desde México se vuelva la mirada al contexto centroamericano, cuya cercanía geográfica hace que las realidades sociopolíticas se encuentren entrelazadas y relacionadas. Un golpe de Estado en Guatemala podría implicar, entre otras cosas, un incremento en la migración proveniente del istmo, especialmente en la migración forzada, debido a la profundización de la persecución política que un gobierno golpista podría emprender contra los miembros del partido Semilla, activistas, opositores y otras personas percibidas como tales. En este artículo intentaremos explicar brevemente que está pasando en Guatemala y porqué gobiernos extranjeros y organismos internacionales están hablando de un intento de golpe de Estado. 

La sorpresa

El proceso electoral guatemalteco inició en enero de este 2023. Para entonces ninguna firma encuestadora o analista político habría podido anticipar lo que viviría ese país centroamericano. Los guatemaltecos llegaron a su primera cita en las urnas el 25 de junio, en medio de una extrema fragmentación con 22 opciones para la presidencia, este amplio abanico de alternativas, propio de estos tiempos donde la credibilidad en los partidos políticos es precaria, no fue sorpresa, menos en un país donde ningún partido ha logrado trascendencia histórica alguna. Para esa fecha, decenas de periodistas, políticos y trabajadores judiciales ya habían abandonado el país por la persecución judicial que emprendió el Estado en su contra. El caso del periodista José Rubén Zamora, encarcelado y sentenciado a 6 años de prisión, es muestra de ello. 

Antes de junio, el Movimiento Semilla, de corte progresista y socialdemócrata, no figuraba dentro de los favoritos para ganar los comicios, las encuestas situaban en los primeros lugares a Zury Ríos, hija del dictador acusado de genocidio, Efraín Ríos Montt; Sandra Torres, ex primera dama; y al diplomático Edmond Mulet. El partido nunca fue visto como una amenaza y pudo competir sin obstáculo alguno, a diferencia de los principales opositores políticos, a quienes no se les permitió ni siquiera su inscripción.

En la primera vuelta, en medio de sorpresas y celebraciones ciudadanas, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala oficializaba que el partido UNE (Unidad Nacional de la Esperanza), con la ex primera dama Sandra Torres, y el partido Movimiento Semilla, con Bernardo Arévalo, se enfrentarían a finales de agosto para disputar la presidencia de la República. 

Lo que supondría dos meses de campaña para el balotaje, se convirtió en un largo camino lleno de zancadillas en contra del partido Movimiento Semilla, a quienes se les abrió carpeta de investigación, se les señaló de cometer fraude y otras irregularidades electorales, se allanó su sede, se giraron órdenes de captura contra algunos de sus miembros y se ordenó la suspensión de su personería jurídica por supuestas anomalías en su constitución. Esta solicitud, hecha por el Ministerio Público, no tuvo lugar debido a que la legislación no permite la suspensión de ningún partido durante cualquier proceso electoral. Desde ese momento, el sociólogo Bernardo Arévalo, candidato presidencial por Semilla, denunció que esta acción era un “golpe de Estado técnico”. 

La oficialización de los resultados de la primera vuelta se hizo el 12 de julio, después de 17 días de total incertidumbre, y de que nueve partidos, señalados por colaborar con el oficialismo, interpusieran un amparo ante la Corte Constitucional que obligó a las juntas electorales (instancias intermedias de administración electoral) a repetir las audiencias de revisión de las actas. Para algunos sectores, este recurso buscaba entorpecer el proceso y a la larga cancelar los resultados que le daban a Semilla el pase a la segunda vuelta, haciendo uso de una táctica ya conocida: difundir señalamientos infundados contra los funcionarios electorales. Ese mismo día, el Ministerio Público anunció la apertura del caso “Corrupción Semilla”.


Primeras señales del golpismo

El domingo 20 de agosto, se daba a conocer que, con 58% de los votos a su favor, el binomio presidencial del partido Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo y Karin Herrera, ganaban las elecciones generales. 

A raíz del triunfo de Arévalo y Herrera, inició una carrera sin tregua, en donde se han desplegado una larga lista de estrategias golpistas para intentar evitar que el binomio electo reciba la banda presidencial del presidente saliente, Alejandro Giammattei, quien prometió garantizar una “transición ordenada”, aunque sus actos demuestran que ha colaborado para que pase todo lo contrario. Días después de esta victoria, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó sobre el denominado “plan Colosio” —en referencia al político mexicano Luis Donaldo Colosio—, confabulado por actores políticos con el objetivo de asesinar a Bernardo Arévalo. 

Mientras el partido continuaba perseguido, también se colocó en el centro de la persecución a la autoridad electoral. A pesar de que el TSE al iniciar el proceso tuvo comportamientos arbitrarios que beneficiaron los objetivos del oficialismo y afectaron la integridad electoral, después de la primera vuelta comenzó a enfrentarse al sistema de justicia, al no ser partícipe de las distintas zancadillas contra Semilla y los resultados electorales los judiciales enfocaron sus cañones contra los magistrados. Las oficinas del tribunal han sido allanadas cuatro veces en los últimos meses.

Durante el último allanamiento, el MP secuestró las actas electorales originales de la primera vuelta, por esta razón, la autoridad electoral denunció una “ruptura de la cadena de custodia del voto”. La persecución contra la autoridad electoral llegó a su punto más álgido el pasado 30 de noviembre, cuando 108 diputados —aliados del oficialismo— aprobaron el retiro de inmunidad de 4 magistrados de este órgano, esta acción permitiría que los funcionarios sean detenidos en el marco de la investigación que está llevando el Ministerio Público, donde se les acusa de abuso de autoridad, fraude e incumplimiento de deberes. Los magistrados abandonaron el país para evitar ser criminalizados, el nombramiento de nuevas magistraturas afines al golpismo podría significar la anulación de los resultados electorales. 

En octubre, la ciudadanía se movilizó masivamente para protestar en contra de las estrategias golpistas. Hubo paro nacional, bloqueos de carretera y actualmente la sede del Ministerio Público se encuentra tomada por autoridades indígenas que representan a 48 cantones del país. La demanda principal es la renuncia de Consuelo Porras, fiscal general del Ministerio Público, y de Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del mismo ministerio, por considerar que esta institución es la principal operadora del intento de golpe de Estado.

El sistema de justicia logró que Semilla fuera suspendido el 2 de noviembre, en cumplimiento a la sentencia judicial mencionada anteriormente y que solo tuvo lugar después del 31 de octubre, cuando el proceso electoral había finalizado oficialmente. Mientras esa sentencia se encuentre firme, las y los diputados se encuentran sin representación partidaria y les prohíbe que estos integren comisiones en la Asamblea Legislativa.

Una de las últimas embestidas que había dado el Ministerio Público, antes de la escalada golpista, fue la presentación del caso “Toma de la USAC: botín político”, en el cual se emitieron 27 órdenes de captura con la intención de perjudicar a miembros de 4 partidos opositores, bajo la justificación de que la toma de dicha universidad por la corrupción en sus elecciones internas fueron usadas por los acusados para hacer propaganda política.


El golpe de Estado en marcha

En lo que podría señalarse como el último intento desesperado para evitar el cambio de gobierno, el pasado 8 de diciembre el Ministerio Público solicitó declarar “nulas” las elecciones, aduciendo la falta de autenticidad en algunas actas y la ausencia de otras, mismas que fueron secuestradas por la propia institución el 29 de septiembre.

El MP también presentó las investigaciones del caso “Corrupción Semilla” y solicitó el retiro de inmunidad al presidente electo, a Ligia Hernández y Samuel Pérez, ambos diputados del mismo partido. Esta acción, aunque grave, no ha sido sorpresiva: al retirarle la inmunidad y permitir una detención arbitraria del presidente electo se lograría materializar el objetivo de que éste no asuma la presidencia.

A pesar de esta declaración, las elecciones todavía no pueden ser consideradas nulas oficialmente, porque fueron certificadas por el TSE desde el 29 de agosto. Y porque el Ministerio Público no tiene competencia para dicha anulación, lo que incluiría también dar por nulas las 160 diputaciones y 340 alcaldías electas. El mismo día, el TSE en conferencia de prensa afirmó que los resultados que dan por ganador al binomio presidencial de Semilla son inalterables y que solo una orden de la Corte de Constitucionalidad podría revertirlos.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) denominó como “intento de golpe en Guatemala” y señaló que este acto “constituye la peor forma de rompimiento democrático y la consolidación de un fraude político contra la voluntad del pueblo”. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y otros gobiernos extranjeros se sumaron a la condena.

Si Semilla logra asumir el próximo 14 de enero, la comunidad internacional no puede ni debe desactivar las alertas en Guatemala, ya que tomar el poder político sería apenas un primer paso de una nueva carrera que empieza. El reto que sigue es gobernar en un país con una institucionalidad totalmente erosionada y con un pacto de corrupción más fuerte que nunca, y medio la vida de miles de guatemaltecas y guatemaltecos que aspiran a un nuevo pacto social que garantice justicia, libertad y dignidad. 


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Olga Valle López

Olga Valle López, es maestranda del programa de Estudios Políticos y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Directora del observatorio de fiscalización ciudadana Urnas Abiertas en Nicaragua. Ha participado en diferentes proyectos de investigación relacionados a democracia, corrupción y derechos humanos; y ha sido parte de misiones de monitoreo electoral de corto y largo plazo en Costa Rica, Guatemala y Nicaragua. Es integrante del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina (OEA e IIJ-UNAM).

@ OlgaValleL

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