La primera gran conquista social que marcó la pauta para transitar hacia un sistema democrático en nuestro país ocurrió con el conflicto armado que inició el 20 de noviembre de 1910; el pueblo mexicano se movilizó para exigir el fin del régimen dictatorial del porfiriato, dando paso a la Revolución.

Es al finalzar este período, denominado como Revolución Mexicana, que se comenzarón a llevar a cabo elecciones de forma periódica. No obstante, durante las siete décadas siguientes gobernó de manera hegemónica un mismo partido político, siendo que los partidos de oposición no contaban con las condiciones o posibilidades jurídicas y materiales para acceder al poder, generando que las elecciones no fueran realizadas bajo condiciones de equidad. 

Ante esa realidad, se podría afirmar que el sistema político mexicano solo tenía la apariencia de ser democrático. Es por ello que las reformas electorales fueron necesarias y liberalizadoras, iniciando con la aprobada en 1977, que propició la participación de los partidos políticos de oposición en condiciones de igualdad, cimentando con ello las bases de una democracia incipiente, generadora de equidad, que permitiera una mayor competencia política. 

En ese orden de ideas, si bien la reforma de 1977 trajo consigo beneficios respecto a la participación e inclusión de diversos institutos políticos, la ciudadanía aún reclamaba la desvinculación del gobierno en la organización de los procesos electorales, en los cuales intervenía como autoridad rectora la Secretaría de Gobernación, ello derivado de las inconsistencias en los resultados de la elección presidencial de 1988.

Fue entonces que, con la reforma de 1990, se decreta la creación del Instituto Federal Electoral, organismo que estaría a cargo de la organización de los procesos electorales sin la intervención directa de la Secretaría de Gobernación. Así mismo, se creó el Registro Federal de Electores, lo que garantizó el derecho al sufragio a las ciudadanas y ciudadanos mexicanos, contando con un padrón electoral confiable. Posteriormente, la reforma electoral de 1993 introdujo las senadurías de primera minoría con el propósito de evitar la subrepresentación de los partidos políticos de oposición en la Cámara de Senadores. 

La democratización política se fue consolidando con las subsecuentes reformas electorales,¹ resaltando la reforma de 1996, con la cual el Instituto Federal Electoral alcanzó su autonomía e independencia respecto al Poder Ejecutivo, pues como se mencionó, el titular de la Secretaría de Gobernación dejó de presidir este órgano, así como se estableció que las dos terceras partes de la Cámara de Diputados elegirían a un ciudadano o ciudadana para presidir el Consejo; además, se retiró la facultad de voto de las representaciones del Poder Legislativo, integrando con voz y representación a los partidos políticos que contaran con legisladores en el Congreso de la Unión.

Aunado a lo anterior, la reforma de 1996 robusteció las normas y procedimientos en materia de financiamiento público a los partidos políticos, pues se determinó que ningún partido podría tener una sobrerrepresentación mayor al ocho por ciento respecto a la votación obtenida ni más de 300 diputados en la Cámara. 

Por otro lado, respecto a las entidades federativas, esta reforma estableció la obligación de armonizar su legislación electoral, de tal manera que no existieran diferencias de fondo entre los procesos electorales federales y los locales. Asimismo, sentó las bases de la representación proporcional en la Cámara de Senadores, otorgando escaños para esta vía y se instituyó un mecanismo más justo y equitativo para acceder a los medios de comunicación política. 

En ese sentido, las reformas electorales que se instauraron a partir de 1996 han conservado la esencia del sistema electoral desde ese momento,² perfeccionándolo progresivamente. Como ejemplo, la reforma electoral del año 2008 estableció normas para reducir los gastos y tiempos de campaña, así como generó un giro sustancial en el modelo de comunicación política. Por su parte, la reforma de 2012 introdujo, por primera vez en el marco normativo, la figura de las candidaturas independientes.

La reforma en materia político-electoral de 2014 sentó un paradigma respecto a la organización de los procesos electorales en nuestro país. Estableció la creación del Sistema Nacional de Elecciones, intregrándose, en materia administrativa, por el Instituto Nacional Electoral y treinta y dos Organismos Públicos Locales Electorales, siendo el primero el rector del sistema. De igual manera, entre otras aportaciones, redujo los plazos en materia de fiscalización para candidaturas y partidos políticos y plasmó como principio constitucional la paridad de género en los cargos públicos.

Cada avance en la adaptación del marco legal electoral mexicano implicó una deliberación política y social desgastante y abigarrada. La consecución y materialización de la autonomía e independencia de las instituciones electorales en México no ha sido por concesiones graciosas de algún actor político o producto de la casualidad, son verdaderas cartas de triunfo de la ciudadanía que atendieron a exigencias y reclamos de antaño.

El incesante camino que se ha recorrido a través de las reformas electorales desde 1977 ha dotado al sistema nacional de elecciones en México de grandes bondades. Sin duda, una de las más valiosas aportaciones fue la creación de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), instituciones que han trabajado impetuosamente en coordinación con el Instituto Nacional Electoral y que han cumplido a cabalidad con sus responsabilidades constitucionales, entregando buenas cuentas a la ciudadanía.

Los OPLE cumplen con la importante función de arbitrar, dar certeza a los procesos electorales locales y fomentar la educación cívica en sus entidades federativas. Desde lo local han realizado aportes significativos en materia de innovación y transparencia proactiva, como el caso del Instituto Electoral de Coahuila, que ha desarrollado e implementado la urna electrónica y el programa Candidatura Transparente.

En el caso concretro, el Instituto Electoral de Coahuila ha apostado por la innovación desde el año 2001, en que el entonces Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila (IEPCC), fue pionero a nivel nacional en el desarrollo y uso de la urna electrónica en los procesos electorales constitucionales de 2005, 2008 y 2009.³

En ese sentido, sabedores de los beneficios de la implementación de la tecnología en los procesos electorales, el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) redobló los esfuerzos encaminados a fortalecer la confianza en el uso de la urna electrónica, utilizándola en procesos democráticos de participación ciudadana y con carácter vinculatorio en diversos entornos como: consultas infantiles, elecciones de autoridades universitarias y elecciones internas de partidos políticos tanto en Coahuila como en otras entidades del país. 

Cabe resaltar que la utilización de la urna electrónica del IEC en los procesos democráticos internos de los partidos políticos da constancia de la confiabilidad de este dispositivo y de la capacidad del mecanismo de votación electrónica para incorporarse de forma efectiva en procesos electorales constitucionales.

Consecuentemente, derivado de la confiabilidad y eficacia del uso de la urna electrónica en diversos procesos democráticos, el Instituto Nacional Electoral aprobó la utilización, con carácter vinculatorio, de cincuenta y cuatro urnas electrónicas como una prueba piloto para la implementación de estos dispositivos en procesos electorales constitucionales en los comicios locales de 2020, en los cuales se renovó el Congreso del Estado de Coahuila, así como en los de 2021, en los cuales se renovaron los ayuntamientos.

Los resultados de estos ejercicios fueron sumamente exitosos. En primer término, debemos señalar que en ambos casos los resultados de las casillas donde fue utilizada la urna electrónica se recibieron de manera casi inmediata al cierre de la jornada electoral. Por otro lado, la ciudadanía acudió con gran aceptación a emitir su voto a través de la urna electrónica, aun ante la complejidad derivada de que, en 2020, Coahuila fue una de las dos entidades del país que llevarían a cabo procesos electorales ante el contexto de la pandemia por SARS-CoV-2 decretada por la autoridad sanitaria.⁴

En ese orden de ideas, la innovación en la implementación de la urna electrónica no solo se circunscribe a la emisión del voto de la ciudadanía. El IEC ha aplicado el uso de este dispositivo en diversas etapas del proceso electoral, se ha utilizado como sistema para dar seguimimiento en tiempo real en la recepción de paquetes electorales al término de la jornada electoral; ello se ha traducido en una disminución en el tiempo de trámite de recepción de cada paquete electoral; además, permite evitar errores de captura en la información, brindando mayor certeza a la ciudadanía en el proceso electoral. De igual manera, se ha utilizado en los cómputos electorales, permitiendo un registro más eficiente, exacto y transparente de los resultados obtenidos en la elección.

En el contexto actual, donde el costo económico de las elecciones constituye una de las discusiones públicas más relevantes cuando se habla de la necesidad de una reforma electoral, el uso de la tecnología no solo representa una alternativa para mejorar procesos y evitar errores en el escrutinio y cómputo; adicionalmente, representaría un ahorro considerable en el gasto público por concepto de documentación y material electoral, uno de los rubros de gasto más cuantiosos en los procesos electorales.

La urna electrónica no ha sido el único esfuerzo del IEC por contribuir al fortalecimiento de la democracia. En los procesos electorales recientes en Coahuila,⁵ se implementó el programa Candidatura Transparente con el propósito de contribuir a que los ciudadanos ejercieran un voto informado. Conscientes de que la transparencia es uno de los cimientos en los que debe de edificarse el andamiaje democrático, en el 2016 el IEC diseñó el portal www.candidatotransparentecoahuila.org.mx, mediante el cual la ciudadanía tuvo acceso a la información básica de cada candidatura a algún cargo de elección popular en el estado.⁶ 

Esta plataforma estuvo disponible a partir del inicio del periodo de campañas electorales permitiendo a la ciudadanía, a los cuerpos académicos y a los medios de comunicación, contar con mayor información y elementos para valorar las opciones de candidaturas que se presentaban a la contienda electoral y tener un mismo espacio de contraste de las diversas opciones políticas. La plataforma Candidatura Transparente constituye, a partir del uso de las tecnologías de información y la incorporación de plataformas digitales, un canal efectivo de intercambio de información entre los actores políticos y la ciudadanía, lo que contribuye, por tanto, al fortalecimiento de la democracia en nuestro país. 

En conclusión, el desarrollo e implementación de la urna electrónica y la plataforma Candidatura Transparente, demuestran dos grandes aportaciones desde lo local que han contribuido a transitar hacia una cultura democrática, lo que genera mayor confianza en las instituciones. Esta adaptación y evolución institucional hacia la implementación de instrumentos tecnológicos en los procesos, fomentan la participación ciudadana y enriquecen la cultura democrática.

La construcción y perfeccionamiento del sistema electoral es una labor incesante que atiende a los vertiginosos cambios evolutivos que enfrentamos como sociedad; sin embargo, el proceso democratizador que México ha tenido es resultado de un largo camino recorrido y de extraordinarios esfuerzos conjuntos entre la ciudadanía y autoridades electorales, por lo que se debe atender en todo momento al principio de progresividad de los derechos político-electorales de la ciudadanía. 

Lo contrario significa un alto riesgo de emprender una ruta de retorno y retroceso en el sistema electoral mexicano. La democracia moderna no podría funcionar sin los procesos electorales (Crespo 2013, 9), por lo que debemos ser prudentes a la hora de proponer reformas de fondo que no respeten el principio del federalismo en el que está fundada nuestra república y los principios rectores de la función electoral. Es por lo anterior que resulta necesario considerar como punto de partida para toda iniciativa de reforma al modelo nacional electoral, una reflexión profunda que permita dirimir los procedimientos y mecanismos que han sido útiles en el proceso de consolidación democrática de nuestro país, como lo ha representado cabalmente la función que han desempeñado el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales Electorales.