Claudia Sheinbaum incluyó en la lista de asuntos a ser atendidos por el Constituyente Permanente, en el mes de septiembre próximo, la iniciativa de López Obrador en materia de Guardia Nacional (GN). Afirma la presidenta electa que no está de acuerdo en el término “militarización” para calificar esa reforma, ya que la estrategia de seguridad seguirá siendo formulada por el titular del Poder Ejecutivo.

Le sugiero, respetuosamente, que lea el vigente artículo 21 de la Constitución, que en su penúltimo párrafo dice: “La ley determinará la estructura orgánica y de dirección de la Guardia Nacional, que estará adscrita a la secretaría del ramo de seguridad pública, que formulará la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, los respectivos programas, políticas y acciones.”

La reforma de López Obrador suprime el carácter civil de la GN, define a su personal como “de origen militar”, la adscribe a la SEDENA y le asigna la facultad de “ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el ámbito de su competencia”. Sin embargo, mantiene en la secretaría del ramo de seguridad pública la facultad de formular la Estrategia Nacional para ese ámbito.

De aprobarse la reforma en sus términos, la SSPC perderá su brazo operativo, que es la GN, pero seguirá formulando la Estrategia en esa materia, que habrá de ejecutar la GN, adscrita y bajo el control y mando de la SEDENA. Están generando un galimatías constitucional, legal y administrativo. Deberían dar el paso completo, asignando a la SEDENA la facultad de elaborar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. La consecuencia natural es desaparecer la SSPC.

Desde 2019 el presidente de México quedó obligado a rendir al Senado informes semestrales sobre la formación de la GN y las medidas adoptadas para cumplir el mandato de retirar a las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública, plazo que debía cumplirse este año, pero fue prolongado hasta 2028. Los informes entregados al Senado son documentos intrascendentes, sin orden ni sentido, que dejan en claro la ausencia de visión y estrategia que ha caracterizado al gobierno en esta materia.

Por los indicadores de seguridad pública, por los hechos de violencia criminal que a diario acontecen a lo largo y ancho del territorio nacional, y por la pérdida de control estatal sobre extensas zonas del país, cabe afirmar que la adscripción -de facto- de la GN a la SEDENA no fue una decisión acertada. El mayor fracaso del gobierno que está por terminar es la seguridad pública. ¿Por qué insistir en lo que no funciona?

Es paradójico que, a la par que ha desplegado masivamente al Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública, el presidente López Obrador insista en culpar a Felipe Calderón de haber desatado la espiral de violencia al declarar la guerra la guerra al narcotráfico e involucrar de manera creciente a las Fuerzas Armadas en esas tareas.

Que Claudia Sheinbaum respalde la militarización constitucional de la GN es un cambio drástico en su oferta de seguir, a escala nacional, la estrategia que aplicó en la CDMX, basada en la profesionalización y mejoría de la policía y el fortalecimiento de las capacidades de prevención e investigación del delito, bajo visión y mando civil. Ese fue el mérito del secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch.

Siendo candidato López Obrador ofreció regresar al Ejército y la Marina a sus cuarteles; ya siendo presidente declaró que, si fuera por él, desaparecería al Ejército y dejaría solamente a la recién creada GN. Luego cambio drásticamente de opinión. No solo militarizó la GN, sino que ha extendido la presencia de militares en múltiples ámbitos de la Administración Pública, que les están vedados por el artículo 129 constitucional, al que, sin explicación alguna, también se propone reformar, para dar paso libre a la continuidad y expansión de los militares en tareas de gobierno.

Reformar el artículo 129 es más grave que constitucionalizar el control militar de la GN. Lo es porque borrará de un plumazo una decisión fundacional del Estado surgido de la Revolución mexicana que se plasmó en el texto de ese artículo desde el Constituyente de Querétaro de 1917. Es muy grave que ese cambio se haya introducido de manera subrepticia, sin motivación alguna, en la iniciativa firmada por López Obrador.

Cabe mencionar que el artículo 129 es uno de los pocos que nunca ha sido reformado. Antes de que la 4T lo desfigure, lo trascribo para la memoria histórica:

Artículo 129. En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. (…)”

Se propone que diga:

Artículo 129. En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tenga previstas en esta Constitución y las leyes que de ella emanen. (…)”

¿Si eso no es militarización, como quiere que le digamos, señora presidenta?

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