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Definición clara

Entrevista a Rodrigo Germán Paredes Lozano, consejero presidente del Instituto Electoral de Coahuila.

Gloria Alcocer Olmos: ¿Cuáles son los retos o riesgos más importantes que enfrentan las autoridades electorales en este proceso comicial?

Rodrigo Germán Paredes Lozano: Estamos por arrancar el proceso electoral; el primer gran reto es el que tiene que ver, de manera orgánica o institucional, con perfilar la estructura del Instituto Electoral de Coahuila hacia los objetivos y hacia los escenarios que tendremos en el próximo proceso electoral; es decir, en 2023. Tenemos la renovación del Poder Ejecutivo local y la renovación del Poder Legislativo estatal. En ese sentido, tenemos que tener presente el contexto político nacional y el contexto político local en relación con el escenario político electoral el próximo año. 

Como tú sabes, Coahuila siempre ha sido gobernada por un solo partido, el Revolucionario Institucional, y es ya de las pocas entidades en las cuales gobiernan y, por el otro, las fuerzas políticas encabezadas por el partido Morena, que gobierna a nivel federal y que también tiene un gran apoyo electoral en la entidad; lo cual nos lleva a unos escenarios de alta competitividad y sobre los cuales nosotros, como institución, nos tenemos que preparar porque debemos partir de una institución electoral fortalecida, con procesos y procedimientos muy claros que nos permitan brindar certeza en los resultados electorales, sea el resultado que sea, así sea que por un voto se defina la elección, pues tenemos que soportar, institucionalmente, el peso y la carga de dar resultados confiables y certeros en cuanto a los ganadores. 

También tenemos otros retos importantes: partimos de una reciente reforma político-electoral, la modificación al código electoral, una situación sui generis a nivel nacional porque, por primera vez, se están abriendo espacios: diputaciones plurinominales para grupos vulnerables en el estado; la primera vez que tendrán (estos grupos históricamente vulnerables) posibilidades no solo de postulación, sino de designación en el cuerpo representativo en el estado; sin embargo, también tenemos que impulsar aquellas medidas de paridad sustantiva, más allá de la paridad 50/50, en la legislatura. 

Son actos, acciones y deliberaciones en el seno del Consejo General del IEC para llegar fortalecidos y también preparados para estos nuevos retos y estos nuevos escenarios político-electorales.

GAO: ¿Cuáles son las mayores dificultades que hay en la coordinación con el INE?

RGPL: No veo ninguna dificultad. Tu servidor lleva una trayectoria de veinte años como funcionario electoral del Servicio Profesional Electoral en el IFE-INE, llevo ese tiempo involucrado en esta dinámica de coordinación con el INE, mientras que he estado inmerso en la organización de los procesos electorales aquí en la entidad desde 2016. Entonces, en ese sentido, ya con el expertise de los procesos que hemos tenido en la entidad. En los últimos seis años se han ido perfilando, y se han ido decantando, las atribuciones para cada uno de los órganos electorales, así como las funciones específicas que cada uno tiene. 

Y por supuesto que se han ido mejorando esos instrumentos de coordinación y colaboración al punto de que ya no tenemos duda de qué nos corresponde hacer a cada uno de estos institutos.

GAO: ¿Cuál es el presupuesto del instituto? y ¿cuánto tienen los partidos en prerrogativas ordinarias en campaña?

RGPL: En este mes de diciembre se presentó el anteproyecto de presupuesto. El Poder Legislativo aprobará el proyecto de egresos para el 2023, en el que nos estarán asignando el presupuesto para el próximo año. Nosotros hicimos una solicitud de 596 millones de pesos considerando el gasto ordinario del Instituto y el gasto específico para actividades propias del proceso electoral.

Para los partidos políticos la prerrogativa está en aproximadamente 233 millones de pesos, que es la prerrogativa que tendrán los partidos políticos para su gasto ordinario (146 millones), para campañas (80 millones) y para sus actividades específicas (4 millones), que tienen que ver con incentivar la participación política de la mujer (es lo que nosotros llamamos los planes anuales de trabajo en materia de fiscalización).

GAO: ¿Qué planean hacer frente al uso de programas sociales con fines electorales?

RGPL: El Instituto Nacional Electoral emite acuerdos específicos para los procesos electorales, los cuales establecen las reglas y las normas respecto a los programas y proyectos de apoyo social, es decir, sobre todo aquellos que impactan con programas de beneficencia; becas, de apoyos, de despensa, y que inciden no solo en el proceso electoral sino que también reflejan parte de las actividades cotidianas que tienen que realizar los gobiernos de los estados. Solo que, en el proceso electoral, ambas cuestiones confluyen; aquí la regla que se sigue es que todos los planes y programas de apoyo tienen que estar debidamente sustentados en reglas específicas publicadas en el Periódico Oficial del estado, donde también se hacen públicos los padrones de beneficiarios, los montos y asignaciones presupuestales, así como la descripción de los bienes o los servicios que se estarán otorgando mediante estos programas; esto es para darle certeza y sobre todo objetividad a la entrega de los apoyos en estos programas sociales. 

Lo que no se puede hacer es suspenderlos porque las actividades de gobierno (tanto federal, estatal o municipal, independientemente de que exista o no un proceso electoral en marcha), toda la actividad social que llevan a cabo los gobiernos de los tres ámbitos, no se suspende, sigue sobre sus mismos ejes operativos, pero estas reglas mediante las cuales trabajan estos programas deben ser claras y específicas.

GAO: Muchas gracias, y qué opina de la propuesta de que nos fuimos a dormir con una idea y nos llegamos a levantar con otra en materia electoral, ¿qué opina de la propuesta de desaparecer a las autoridades electorales locales?

RGPL: De lo sucedido ayer en la Cámara de Diputados, donde no se alcanzó la mayoría calificada para una reforma constitucional, ésta propuesta del Ejecutivo federal finalmente concluyó en una propuesta del llamado Plan B sobre reformas a la ley secundaria en materia político electoral, en la cual se establece y se aprueba un decreto por el cual se modifica la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que, de una lectura rápida, vemos que hay un desmantelamiento de lo que es el Instituto Nacional Electoral, sobre todo en el ámbito distrital y en el ámbito local, lo que comúnmente conocemos como juntas locales o juntas distritales ejecutivas –prácticamente la estructura con la que ha venido operando el IFE-INE durante los últimos treinta años, con la cual se organizaron las elecciones–, desaparece de la legislación. 

Hay algunas funciones en las vocalías de las juntas locales que pasan de cinco vocalías a conformarse por tres y, a nivel distrital, es un vocal operativo, si mal no recuerdo así se le designa, pero sin la estructura que se tenía en materia registral, en materia de capacitación, en materia de organización y en materia secretarial, que era sobre todo la base de la oficialía electoral y todas las cuestiones jurídicas involucradas en el proceso electoral en cuanto a los actores políticos, medios de impugnación, procesos de queja, procedimientos que tienen que ver también con la atención de violencia política contra la mujer. Hay una mención específica en cuanto a la estructura base que tiene que tener un organismo público electoral en los estados, pero yo creo que fuimos los mejor librados pues los artículos transitorios de este decreto establecen que para el caso específico de Coahuila y el estado de México, estas nuevas reglas electorales no aplican en virtud de que estamos iniciando procesos electorales en estas entidades. 

Temas que sí afectan, por ejemplo, todo el esfuerzo, todo el trabajo, toda la inversión que se ha tenido en los institutos electorales locales para el desarrollo de tecnologías e implementación de urnas electrónicas, y la inclusión de apoyos más modernos, de mecanismos más modernos para abaratar costos en el proceso electoral.

Señala también uno de los transitorios que el Instituto Nacional Electoral, así como los OPL, no podrán ejercer ningún recurso para el desarrollo de tecnologías de urnas o del voto electrónico durante los próximos cinco años, y eso sí nos afecta porque el Instituto Electoral de Coahuila, así como el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco hemos sido los institutos que durante veinte años hemos invertido muchos recursos humanos y financieros para ser la vanguardia en el país en temas del uso de las urnas electrónicas; entonces con esta reforma a la legipe todo este esfuerzo se pierde.

GAO: Recientemente el INE aprobó un acuerdo para determinar la estructura base de los opl, ¿le parece adecuado que el INE insista en erigirse como tutor de los institutos locales?

RGPL: Pues es un debate que se dio en la sesión del Consejo General del INE; hay voces que impulsan una base mínima a la que se ajustarán los OPL, y otros que apuestan más al tema del federalismo y que por tanto consideran que debería de ser la Legislatura de cada estado la que determine, a través de los códigos o las leyes electorales de las entidades, estas estructuras de los institutos. Creo que también incide que muchos institutos electorales del país han sido severamente afectados en cuestiones presupuestales, lo que pone en entredicho la realización legal de sus funciones; entonces, en ese sentido, yo creo que la aprobación de este acuerdo del Consejo General tenía el objetivo de establecer esas bases mínimas a partir de las cuales los institutos electorales tienen que operar con estas estructuras, estas direcciones, que son funciones específicas de los OPL y que de alguna manera se tienen que garantizar.

GAO: ¿Disponen ustedes de un mapa geográfico que identifique riesgos potenciales, por ejemplo, la intromisión del crimen organizado en el proceso electoral?

RGPL: El mapa ha sido construido desde prácticamente la elección de la gubernatura anterior, desde el 2017. Aquí cabe hacer mención de que Coahuila, en estos momentos, es una de las entidades más seguras del país, con altos niveles y calidad de vida, y aunque tenemos estados vecinos con una alta participación de grupos del crimen organizado, esto no ha repercutido en la entidad. La verdad, se debe reconocer el papel de las fuerzas públicas y del Ejército Mexicano para que Coahuila sea una entidad blindada, con algunos casos aislados en términos de seguridad; entonces el factor de incidencia del crimen organizado en el proceso electoral de Coahuila no es un elemento que nos preocupa en este momento.

GAO: ¿Cómo valora la relación del instituto con el gobierno estatal?

RGPL: Es una relación de colaboración y de cordialidad. Los institutos electorales, respecto de la organización del proceso electoral, necesitamos de la coordinación con los gobiernos locales y municipales, principalmente, para la ubicación de casillas electorales. En los acuerdos con los gobiernos se establecen los compromisos para instalar, en escuelas o edificios públicos, el mayor número posible de las cuatro mil que debemos instalar. Una proyección de mil novecientas casillas se instalará en escuelas. Además, están los esquemas de seguridad pública y apoyo logístico para el adecuado desarrollo del proceso electoral.

GAO: La multiplicidad de opciones de alianzas entre partidos se volvió un problema para los funcionarios de casilla. ¿Cuál es su previsión para el 2023?

RGPL: Tenemos el escenario probable de máximo dos alianzas electorales, además de un partido local que está en negociaciones para conformar una coalición. Esto nos lleva a una definición clara de que solo existan tres opciones de voto para las elecciones, lo cual implica mucha claridad logística y facilidad para el llenado de actas de la elección, actas de jornada, el escrutinio y el cómputo de votos, lo contrario de la elección pasada, donde teníamos cerca de ciento cincuenta combinaciones posibles porque teníamos, además de las coaliciones y alianzas totales, coaliciones y alianzas parciales y partidos políticos locales. Ahora solo tendremos, a lo sumo, tres coaliciones totales.

GAO: ¿Qué acciones implementarán durante el siguiente proceso electoral en el tema de violencia política contra las mujeres?

RGPL: Resalto el papel fundamental, el esfuerzo y el trabajo de las consejeras electorales del IEC, quienes han impulsado medidas específicas, además de una red de mujeres electas a las que se brinda capacitación, pláticas y red de apoyo para hacer efectivo su derecho no solo a la participación política, sino en el desempeño de sus funciones. Para el próximo año se conformarán redes de mujeres candidatas y redes de mujeres consejeras en los comités municipales y distritales del instituto, para que a través de estas redes de apoyo coordinadas por el Instituto Electoral de Coahuila podamos disminuir el tema de las quejas y el acoso en materia político-electoral que enfrentan las mujeres. También queremos crear una Defensoría de oficio para la atención de este tipo de quejas, lo cual dependerá del factor presupuestal.

GAO: ¿Algo que yo no le hubiera preguntado y que le gustaría agregar a esta entrevista?

RGPL: Ahondando en el tema de la urna electrónica, el IEC es vanguardia en la materia. Hemos tenido ejercicios vinculatorios en pasados procesos electorales en los cuales el voto que se emitía a través de las urnas ya era un voto válido. Seguimos trabajando con este proyecto: para la elección de 2023 impulsaremos la utilización de ciento veinte a ciento cincuenta urnas electrónicas. Otros proyectos tienen que ver con el desarrollo de vanguardia de los derechos electorales, como el voto anticipado de quienes no puedan acudir a una casilla, así como el proyecto del voto de personas en prisión preventiva. En 2023, en los seis centros penitenciarios de la entidad, podrán votar las personas que, sin haber sido sentenciadas, están en prisión preventiva. 

Tenemos el proyecto del voto de los coahuilenses en el extranjero. Para esta ocasión tenemos tres vertientes: el voto por internet, el voto postal y, por primera vez, instalaremos junto con el INE centros de votación en consulados de Estados Unidos y Canadá: en Los Ángeles, en Dallas, en Houston y en Montreal, importantes proyectos piloto que son preámbulo a la elección federal de 2024.

GAO: Muchas gracias.

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Gloria Alcocer Olmos

Directora de la revista Voz y Voto.

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