En teoría, la revocación del mandato es una prerrogativa de los ciudadanos. En México es una simulación que distorsiona la democracia, como lo vimos en 2022 cuando el hoy expresidente López Obrador decidió que el INE hiciera la consulta para preguntar si se retiraba o continuaba.

También en teoría, la petición de que se consulte al electorado revocar el mandato debe provenir de los opositores y críticos al presidente en funciones. En la democracia distorsionada, bizarra, que Morena ha edificado, es el propio presidente(a) quien promueve la consulta para ¡revocarle el mandato!

La consulta de revocación de mandato no es obligatoria. Si nadie la promueve, o los promoventes no cumplen el requisito de reunir, al menos, 3 millones de firmas (3% del total de inscritos en la lista de electores) no habrá tal consulta. El requisito de al menos un 3% de firmas debe cumplirse tanto a escala nacional como en al menos 17 entidades federativas. Quienes promuevan la consulta harán campaña nacional para recabar las firmas.

Es algo bizarro: la presidenta de México promueve adelantar a 2027 la consulta para preguntar si se va o se queda. No la promueven sus opositores, ni los “buitres del neoliberalismo”. Lo promueve ella. Para ello hará una larga campaña, junto con su partido y aliados, quizá con su tutor como jefe de campaña, para -primero- pedir al electorado que firme para que se haga la consulta, y luego para que vote a favor de que siga en el cargo. Más bizarro, imposible.

Siendo la presidenta una encuestólatra, podría pedir a su partido que levante una encuesta nacional con una sola pregunta ¿Quieren que deje el cargo o que continúe? Si en la encuesta hay mayoría por lo segundo, no se promovería la consulta de revocación de mandato. Vi una reciente encuesta al respecto: más del 80% de los encuestados dijeron que la presidenta debe continuar.

Si tanto preocupa a la presidenta el gasto para organizar y realizar la consulta para revocarle el mandato, con no promoverla producirá -en automático, un ahorro del 100 por ciento. Según los datos del INE, la de 2022, cuando se instalaron casillas en menos de la mitad de las secciones electorales, costó 1,503 millones de pesos. Se supone que al llevar la consulta al domingo 6 de junio de 2027 habría un costo menor, al gastar solo en boletas, urnas y actas.

Repito la premisa: si la presidenta y su partido se abstienen de promover lo que nadie -o casi nadie- está pidiendo, no habrá gasto público en la revocación de mandato. El tema es que para ellos el asunto no es cuanto ahorrar, sino cómo meter a la presidenta en la boleta de 2027.

Una hipótesis es que la causa de la atropellada decisión presidencial son los datos de encuestas recientes, que muestran una caída -paulatina y continuada- de la popularidad de la mandataria.

La preocupación en Palacio Nacional se agrava por los acontecimientos en Uruapan, que provocaron el descontrol verbal de su inquilina, así como por lo ocurrido en la reciente elección en Estados Unidos, en la que Donald Trump y los republicanos fueron derrotados. Dijo Trump que ese resultado obedeció a que él no estaba en la boleta.

López Obrador quería estar en la boleta en 2021. Por eso propuso llevar a la Constitución la maniobra que -mediante consulta telefónica- había usado en el DF. Su iniciativa original fue que la consulta de revocación de mandato tuviera lugar junto con la elección intermedia de 2021. Así lo aprobaron Morena y aliados en San Lázaro. Pero en el Senado no tenían los votos suficientes y toparon con pared. La propuesta de mover la fecha al año siguiente (2022) fue del gobierno, como única vía para que la reforma constitucional avanzara.

No fue por necedad, sino por necesidad, que López Obrador impuso la consulta en 2022. En la elección de 2021 Morena y aliados conservaron la mayoría absoluta en San Lázaro, pero perdieron la calificada. En la CDMX y en varios estados no les fue bien. No era una derrota, pero quedaron lejos de sus metas y proyecciones. Había que tensar la cuerda, polarizar a la sociedad y medir en tierra la capacidad del gobierno para movilizar a sus bases clientelares. Para eso fue la “consulta de revocación de mandato” de 2022.

Por la participación ciudadana, la de 2022 fue una consulta con resultado sin valor legal. En efecto, acudieron a las urnas 16.5 millones de ciudadanos (17.8%). A favor de López Obrador fueron 15.1 millones, y 1 millón en contra. El resultado era lo de menos. En la 4T habían obtenido el mapa seccional que mostró su capacidad de movilizar y controlar a su clientela.

Adelantar la consulta de revocación de mandato al 2027 no tiene más objetivo que meter a la presidenta en la boleta y abrir la puerta para que el expresidente López Obrador sea – a partir de septiembre de 2026- el coordinador de la campaña de Morena, que tendrá una duración de 9 meses. Aunque la ley diga que la campaña para diputados dura 60 días.

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