“En México hay tres clases de basura:

orgánica, inorgánica y electoral.”

-Juan Villoro Ruíz.

Quizá, una de las frases más repetidas en México durante este año es que “nos encontramos ante el proceso electoral más grande de la historia”, adjetivo que fue confirmado en la pasada jornada electoral no solo por el número de cargos que se eligieron (cerca de 20,286 cargos de elección popular), sino también por el muy alto nivel de participación equivalente a aproximadamente el 61% de las personas ciudadanas con registro en el listado nominal.

Posterior a la celebración de la jornada, el camino de las etapas subsecuentes del proceso electoral es claro: continúa la fase jurisdiccional en la que se impugnan los resultados de las votaciones, para posteriormente llegar a las respectivas tomas de protesta de las candidaturas que resultaron vencedoras, dando fin a la “fiesta de la democracia”.

Pero, después de la fiesta ¿Quién limpiará la casa?

Hay un problema que, si bien pareciera evidente, no es -ni por mucho- un tema principal de conversación que es el relativo a los residuos sólidos que genera la realización de una elección. Esto residuos, podrían clasificarse en dos grandes rubros: los provenientes del material electoral (boletas, listados nominales, actas, mamparas) y los que provienen de la propaganda. En esta ocasión, me centraré de manera particular en la segunda categoría[1].

* * *

Desde la memoria y percepción personal de quien escribe, este proceso electoral también puede considerarse como “el proceso electoral más grande de la historia” en términos de utilización y colocación de propaganda electoral en vía pública y equipamiento urbano.

Aproximadamente desde octubre del año pasado, el paisaje urbano de los asentamientos poblacionales del país comenzó a tornarse diferente[2]; la estética de sus calles de un momento a otro se vio invadida por miles de posters, lonas y pendones. Primero referentes a los diversos procesos políticos partidistas[3] y, posteriormente, por una infinidad de propaganda electoral de todas formas y colores que tenían el propósito de captar el voto de la ciudadanía por determinada fuerza política.

Resulta irónico que al mismo tiempo en que México atraviesa por la mayor crisis hídrica de los tiempos modernos y una ola de calor que nos hace sentir en el mismísimo Macondo, se hiciera un uso indiscriminado de propaganda electoral, elaborada principalmente de elementos plásticos, colocada abrumadoramente en cada poste, en cada lámpara, en cada puente, en cada espectacular -pareciera ser- sin consideración alguna sobre su impacto ambiental.

Solo en el caso de la Ciudad de México la Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano estima que los residuos sólidos provenientes de la propaganda electoral alcanzarán aproximadamente 30,000 toneladas, siendo que -según señala dicha fundación- la generación promedio en ocasiones pasadas oscilaba entre las 10,000 y 15,000 toneladas.

Ante este escenario, resulta urgente que se empiecen a tomar medidas legislativas e institucionales para generar prácticas mucho más sostenibles que minimicen el impacto de la política en el medio ambiente.

En la actualidad, normativamente[4] se exige que la propaganda sea reciclable, fabricada con materiales biodegradables sin sustancias tóxicas o nocivas para la salud o el medio ambiente; además de exigir que los partidos políticos y candidaturas independientes presenten un plan para su reciclaje.

Los partidos políticos también deben presentar un informe sobre los materiales utilizados en la producción de la propaganda electoral para las precampañas y campañas electorales, una semana antes de su inicio, según corresponda, siendo que también deben presentar los certificados correspondientes de las resinas utilizadas para su impresión[5].

De igual forma, existe una carga para las autoridades electorales de vigilar que la propaganda electoral cumpla con las normas oficiales mexicanas vigentes en materia de símbolos de identificación que se deben colocar en los productos fabricados de plástico, con la finalidad de facilitar su identificación, recolección, separación, clasificación reciclado o reaprovechamiento[6].

Específicamente en el ámbito jurisdiccional, se ha considerado que cuando se denuncia que determinada propaganda no está elaborada con material reciclable, la parte denunciada debe acreditar que cumple con dicha obligación, presentando el contrato respectivo, donde se establezca o se desprenda la utilización de material reciclable o biodegradable[7].

A partir de estos elementos, es posible apreciar un diseño en el sistema electoral mediante el cual las autoridades electorales, en cierta medida, pueden cerciorarse de que la propaganda electoral cumple con los requisitos normativos respecto a que ésta sea elaborada con materiales reciclables o biodegradables[8].

Sin embargo, debemos recordar un punto fundamental: reciclable o biodegradable no significa no contaminante. Aunque la propaganda electoral esté elaborada a partir de compuestos con tales características, ello no conlleva que -una vez desechada- sea inocua para el medio ambiente, sino que solo implica que puede ser reciclada.

De ahí que para evitar que la propaganda electoral se vuelva “basura electoral” es indispensable que exista un adecuado manejo como un residuo sólido que garantice que sea recolectada de manera apropiada, para posteriormente ser trasladada a una planta de procesamiento donde -finalmente- pueda ser transformada en un producto nuevo.

Sin embargo, no hay procedimientos más o menos claros respecto a cómo la autoridad electoral se cerciora que los planes de reciclaje sean cumplidos, pues muchas veces -en realidad- nunca se sabe a dónde va a parar la enorme cantidad de propaganda electoral que se genera; incluso dichos planes o no son de fácil acceso o están reservados, lo que también impide que pueda existir un escrutinio ciudadano sobre si se cumple con ellos o no.

Quizá un sistema que pudiera servir como modelo es el utilizado en la Ciudad de México, donde la propaganda electoral es retirada por el gobierno de la ciudad o por las alcaldías, que a su vez tienen la obligación de trasladarla a centros de reciclaje, debiendo acreditar que efectivamente entregaron la propaganda electoral[9].

Lo anterior, pues -desde mi perspectiva- ese modelo establece un tratamiento estandarizado de la propaganda como residuo sólido que a su vez posibilita un mayor control respecto a su retiro y, consecuentemente, sobre su destino final, pues ya no se tendría que estar ante un método de tratamiento distinto determinado por cada partido político; además de que la propia estructura de aseo público con la que cuentan esas autoridades -por regla general- es mucho más grande que con la que pudieran contar los partidos para el retiro de su propaganda, por lo que su porcentaje de retiro y recolección pudiera ser más grande. Esto, precisando que, en mi opinión, ese servicio debería cubrirse con cargo a los partidos como responsables finales del retiro de la propaganda que ellos mismos generan.

No obstante, no debemos olvidar que la más importante de las reglas de las 3R no es reciclar ni reutilizar, sino reducir.

Reducir la cantidad de propaganda electoral que generan los partidos políticos disminuye la cantidad de materiales y energía para producirla y transportarla, reduce la huella de carbono pues al no existir tanta producción también las emisiones serán menores; además de que menos propaganda significa menos residuos que manejar y, por lo tanto, una menor probabilidad de que estos no llegaran a ser recolectados adecuadamente y terminen convirtiéndose en basura electoral.

Para ello, también es importante generar medidas que desincentiven su producción, como podría ser exigir que la propaganda deba estar elaborada con materiales reciclados biodegradables o compostables; pues al ser más caros que el plástico reciclable provocaría un aumento automático en los costos para su fabricación, generando que los partidos políticos puedan adquirir menos unidades sin rebasar los topes de campaña.

Además, exigir material reciclado y no reciclable, implica darle un uso al plástico ya existente sin fabricar más, mientras que los materiales compostables se biodegradan como mínimo al 90% en 6 meses, lo que también reduce su impacto en el ambiente.

Por otra parte, atendiendo a lo que podría ser la nueva realidad de las dinámicas partidistas, las reglas -presentes o futuras- en materia de elaboración de propaganda también deberían hacerse extensivas a que ella “propaganda” que se genere con motivo de procesos políticos partidistas como los sucedidos en 2023 (por ejemplo: la selección de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación o del Frente Amplio por México), pues con independencia de que técnicamente no se pueden considerar “propaganda electoral”[10]; es evidente que también suponen un problema respecto su correcto manejo como residuos sólidos y su potencial contaminante.

Con independencia de esto, el factor de cambio más impórtate no radica en el sistema normativo sino en que los partidos políticos tomen conciencia crítica sobre la imperante e impostergable necesidad de cambiar la forma en que se desarrollan las campañas electorales y, es que hablando con franqueza, se debe reflexionar sobre si realmente es necesario colocar propaganda cada 2 metros para conseguir personas votantes, pero -sobre todo- si el beneficio político que en todo caso pudiera generarles justifica su costo ecológico.

Nos encontramos ante tiempos convulsos que demandan un enorme nivel de responsabilidad, en los que las acciones que tomemos serán la causa y consecuencia del mundo futuro en el que habremos de habitar. La competencia por una transición pacífica del poder político, aunque fundamental para nuestra sociedad, no puede hacerse a costa de la degradación y destrucción voraz de nuestro entorno.

Debemos abandonar nuestro sesgo antropocéntrico y entender que este mundo no solo pertenece al género humano, sino que en él cohabitamos millones de especies cuya existencia y supervivencia -incluida la nuestra- depende de su equilibrio ecológico.

Al final, creo que la premisa es muy simple: la obra se llama política y el planeta es su escenario y sin escenario no hay ni teatro ni elenco.

[1] Sobre esto solo mencionaré que el material electoral utilizado en las elecciones federales de 2020-2021 y en el proceso local extraordinario para la elección de la gubernatura de Puebla -previa destrucción- fue entregado por el INE a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos para elaborar libros de educación básica.

[2] Personalmente, sentía que la ciudad poco a poco se transformada en el distópico Londres descrito por George Orwell en su novela Nineteen Eighty-Four, con caras y ojos en cada poste que vigilaban mis pasos y movimientos, solo que no se trataba de The Big Brother si no de las candidaturas.

[3] Procesos como la selección de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación o el Frente Amplio por México.

[4] Artículo 209.2 de la Ley General de Instituciones y Procedimiento Electorales.

[5] Artículo 295.2 del Reglamento de Elecciones del INE.

[6] Artículo 295.4 del Reglamento de Elecciones del INE.

[7] Como lo sostuvo la Sala Superior al resolver el recurso SUP-REP-159/2015.

[8] Aunque no tan tecnificado o regulado, por ejemplo, como la fiscalización de los recursos de los partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes.

[9] Artículo 275.6 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad De México.

[10] Toda vez que la Sala Superior concluyó que esta clase de procedimientos son procesos políticos intrapartidista y no de carácter proselitista (al resolver los recursos SUP-REP-180/2023 y acumulado y SUP-RAP-156/2023).