Transcribo las consideraciones finales del Informe Preliminar de la Misión de Observación de la OEA, que vino a México invitada por el INE.

“Tal como ha quedado plasmado en el informe, este ha sido un proceso electoral sumamente complejo y polarizante. El análisis de esta primera experiencia deja en evidencia que existen múltiples oportunidades de mejora. La Misión insta a las autoridades electorales y los órganos políticos a considerar las recomendaciones formuladas para fortalecer todas las etapas del proceso, corregir las deficiencias actuales y garantizar la sostenibilidad de las soluciones adoptadas. La ciudadanía y las instituciones mexicanas deberán evaluar si el modelo actual de selección de autoridades judiciales a través del voto popular, que no tiene precedentes a nivel mundial, contribuye a fortalecer los principios fundamentales de la administración de justicia; o si, por el contrario, acaba debilitando la transparencia, imparcialidad, eficacia e independencia del Poder Judicial. Las lecciones aprendidas en este proceso resaltan la importancia de que toda reforma al modelo de selección de jueces se haga de manera gradual, a partir de un debate verdaderamente plural y, sobre todo, con base en un diagnóstico comprensivo, técnico y profesional sobre las problemáticas que se busca resolver y los mecanismos más efectivos para hacerlo. Dicho lo anterior, la Misión no recomienda que este modelo de selección de jueces se replique para otros países de la región.” (Énfasis añadido)

El gobierno de México reaccionó a través de un comunicado de la SRE rechazando el Informe y acusando a la Misión/OEA de extralimitarse en sus atribuciones. Por vez primera desde 1994 el gobierno mexicano se confrontó con una misión internacional, invitada a nuestro país por la autoridad electoral (INE), no por el gobierno. Hasta hoy no hay reacción oficial del Consejo General ni de la presidencia del INE, destinatarios del citado Informe.

El informe de la OEA provocó en Palacio Nacional llanto y crujir de dientes. Desde el lunes 2 de junio la presidenta le ha dedicado al tema varios minutos, con preguntas sembradas para tal efecto. Lo ha descalificado y se duele de la supuesta extralimitación en que, a su decir, incurrió la Misión de 16 expertos electorales, de 12 distintas nacionalidades. Inútil es pedir a la presidencia que analice sin enojo el Informe. Lo que no es óbice para recordar que nada tiene de democrático acarrear electores y coaccionarlos mediante la entrega de acordeones con los números que debían escribir en cada boleta.

A ese respecto, el Informe consigna lo siguiente:

“Por otra parte, la Misión constató que, en los últimos días de las campañas, se multiplicaron las denuncias en los medios de comunicación por el supuesto reparto de “acordeones”, listados de candidatos a votar que los partidos y estructuras de gobiernos locales estarían repartiendo entre el electorado. Funcionarios del INE y de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales indicaron que habían recibido denuncias al respecto. De comprobarse que estos acordeones se hubiesen distribuido de forma masiva o por servidores públicos, podrían constituir propaganda no permitida y potencialmente un intento de coacción al voto del elector. La MOE reprueba estas prácticas y se mantiene atenta a las investigaciones que deben llevar adelante las autoridades competentes.”

La OEA, en su informe, hace un pormenorizado recuento de la reforma judicial y de la elección del pasado domingo 1 de junio, pero sin entrar a comentar sus resultados. Habrá que esperar el Informe final. A partir del 1 de septiembre de este año habrá nuevos impartidores de justicia en los juzgados y tribunales de todo el país y en la Suprema Corte de Justicia. Algunos de los actuales continuarán en sus cargos, otros de los electos son abogados acreditados, pero la mayoría son desconocidos. Es imposible hacer un juicio individualizado de los resultados para magistrados y jueces federales, menos aún para los que fueron electos para los poderes judiciales locales de 18 estados y de la CDMX. Es el ámbito local el más fértil terreno de caza para el crimen organizado y los poderes facticos.

De lo que no tengo duda es que la consecuencia de esa elección será la transformación, para mal, de la impartición de la justicia en México. Los futuros integrantes de la SCJN tienen una marca de origen: deben sus cargos a la 4T. Igual condición marcará a los magistrados electorales, integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, magistrados de circuito y jueces de distrito del ámbito federal. En las entidades federativas habrá un variopinto resultado, producto de los acuerdos alcanzados entre los gobernadores y el Partido Morena, con la mediación de autoridades federales. Una vez que los resultados locales sean difundidos, podremos conocer y valorar el futuro de la impartición de justicia de ámbito local, que es el de mayor impacto en la vida cotidiana de las personas.

Con sorpresa escuché comentarios en TV y radio, o leí algunas columnas en diarios, que culpan a los partidos de oposición de la baja participación ciudadana en las urnas. Olvidan los autores de esas críticas que fue decisión del oficialismo excluir a los partidos políticos de la elección judicial. Lo que, por cierto, el partido oficial violó en todo el proceso de la elección judicial. A ese olvido se suma el dislate mayúsculo de atribuir a las oposiciones una capacidad de convencimiento hacia los electores que produjo una abstención de más del 87%, y además que 3 millones de los que fueron a las urnas anularan su voto. Sin embargo, quizá podemos coincidir en la importancia del hecho de que el Partido Morena haya mostrado una capacidad de acarreo y control mucho menor a la observada en 2022, cuando para la “revocación de mandato” movilizaron alrededor de 15 millones de votantes.    

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