Un exitoso operativo antidrogas en el que fue destruida una mega cocina para producir metanfetaminas y fentanilo terminó convertido en un oso del que todos salen mal parados, empezando por la presidenta de México, que olvidando su calidad de jefa de Estado optó por actuar como impulsora de una campaña mediática en contra de la gobernadora de un estado libre y soberano.

Un lamentable accidente carretero, con saldo de 4 muertos, incluyendo 2 de nacionalidad estadounidense, detonó el oso. Los extranjeros fallecidos fueron identificados como agentes de la Central de Inteligencia Americana, la tenebrosa CIA. Se sabe que uno de ellos entró a nuestro país como turista y el otro usó un pasaporte diplomático. Quien tiene los datos y registros de su ingreso a México es el Instituto Nacional de Migración, que depende de la Secretaría de Gobernación.

Aunque el ahora extitular de la Fiscalía de Chihuahua dijo que los dos agentes habían pedido al mando policial a cargo del operativo un “aventón para tomar un avión”, al paso de las horas quedó claro que estaba mintiendo. Hoy está reconocido por el gobierno de Chihuahua que los 2 agentes de la CIA estuvieron en el operativo, aunque se afirma que no tuvieron intervención directa en el mismo. De lo que no hay duda es que el operativo se realizó con información de las agencias de Estados Unidos que tienen personal en México, con o sin autorización oficial.

La versión del ahora exfiscal de Chihuahua es que fue el jefe de la Agencia de Investigación Estatal (muerto en el trágico accidente) quien aceptó que los 2 agentes de la CIA (también fallecidos) estuvieran presentes en el operativo. Echarle la culpa al muerto es una salida de mal gusto. La pregunta sin respuesta es si los jefes militares y policiacos que participaron en el operativo fueron informados y admitieron la presencia de los extranjeros, y si lo reportaron a sus mandos superiores.

La conducta presidencial arrastró a los senadores de su partido, que decidieron, sin base legal alguna, “invitar” a la gobernadora de Chihuahua para acudir a rendir un informe ante dos comisiones de esa Cámara. Declinada la invitación, a pesar de haber afirmado que no habría consecuencia alguna por tal hecho, voceros de Morena amenazaron con promover juicio político con la invitada. El oso senatorial se agrandó hasta alcanzar el ridículo.

La presidenta dice que buscó por teléfono a la gobernadora de Chihuahua, pero que no la encontró. Situación inentendible. A menos que haya llamado por la vetusta red telefónica de gobernadores, que sigue instalada, pero dejó de usarse hace muchos años. Como era previsible la gobernadora Campos declinó la invitación que le hicieron los senadores. Lo que nadie entendió es que los senadores del blanquiazul votaran a favor de tal despropósito. Ante el desgarre de vestiduras en el ala morenista, los panistas dieron la callada por respuesta.

Alarma el menosprecio, o abierta ignorancia, gubernamental de las normas constitucionales, legales y del derecho internacional, que deberían dar marco y soporte a la respuesta diplomática del Estado mexicano ante un hecho que, a todas luces, constituye una violación a la soberanía de México por parte del gobierno estadounidense. 

La presidenta instruyó al titular de Relaciones Exteriores a entregar una nota diplomática al Departamento de Estado. Voces expertas en la relación bilateral han señalado que lo procedente era citar al embajador de Estados Unidos en México para manifestarle la formal protesta, extrañamiento, o cualquier figura diplomática equivalente, exigiendo explicaciones inmediatas.

Suponemos que la presidenta de México pidió al secretario de la Defensa un reporte pormenorizado -e inmediato- de la participación de elementos del Ejército en el operativo contra el mega laboratorio de fentanilo. Lo que no sabemos es lo que le reportó. Insistir en que ninguna autoridad mexicana de ámbito federal, civil o castrense, sabía de la presencia de los agentes de la CIA es eludir las responsabilidades que corresponden exclusivamente al ámbito de la Federación.

Es importante observar las formalidades que la ley dispone en la relación entre la titular del Ejecutivo federal y los gobernadores de los estados, libres y soberanos, lo que empieza por dar su lugar a la titular de la Secretaría de Gobernación, que por ley es la responsable de esa relación. Al hacer de lado esas formalidades la presidenta de México lastima su propia investidura, deja en entredicho a la que sigue siendo responsable de la política interior, y deja en entredicho el federalismo. 

El trágico accidente carretero que costó la vida a los dos agentes de la CIA y a dos mandos policiacos de Chihuahua dejó al descubierto la ruptura de la cadena de control y mando entre las autoridades mexicanas, así como la tensión en el trato de éstas últimas con las agencias de seguridad e inteligencia de Estados Unidos que operan en nuestro territorio.

Si nadie en las secretarías de Relaciones Exteriores, Gobernación, Seguridad Pública y Defensa supo de la presencia de los agentes de la CIA, -lamentablemente fallecidos- el problema no es solo, ni principalmente, entre el gobierno estatal y el federal, sino de la relación entre los gobiernos de México y Estados Unidos. Esa es la dimensión del asunto y por ello amerita seriedad y transparencia.