En un acto representativo del principio de división de poderes, la presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados, el pasado 8 de septiembre, el Paquete económico para 2026. Este ejercicio, en el que el Poder Ejecutivo presenta una propuesta de ingresos y de gasto, y el Poder Legislativo es el que decide sobre su aprobación, constituye un eje fundamental del Estado democrático de derecho. 

Al ejercer su función de control, el Congreso de la Unión deberá analizar la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF), la Miscelánea fiscal, y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para 2026. De acuerdo con lo establecido en el artículo 74 constitucional, y en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Ingresos deberá ser aprobada a más tardar el 31 de octubre, mientras que la aprobación del Presupuesto de Egresos, facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, deberá llevarse a cabo, a más tardar, el 15 de noviembre. 

Este Paquete económico es el primero basado en el actual Plan Nacional de Desarrollo, por lo que refleja claramente la visión de país que tendremos hasta 2030, por lo que será, probablemente, el más importante del sexenio, al sentar las bases para este Segundo Piso de la Transformación. En un análisis inicial, es claro el compromiso con unas finanzas públicas sanas que tengan en el centro de su actuación una amplia política social e impulsen un crecimiento económico sostenible e incluyente, buscando el bienestar de toda la población. 

Se plantea un gasto total de $10.1 billones de pesos, lo que equivale a un incremento de 5.9 % real respecto al aprobado para el presente año. Este esfuerzo presupuestal refleja la convicción de que el gobierno debe seguir siendo motor del desarrollo y garante de la justicia social, al mismo tiempo que se preserva la estabilidad macroeconómica. Para 2026 se estima un crecimiento de entre 1.8 % y 2.8 %, acompañado de una inflación con tendencia a la baja, lo que confirma que la ruta de transformación económica tiene bases firmes y perspectivas alentadoras, a pesar del actual contexto de incertidumbre internacional. 

La economía mexicana seguirá mostrando resiliencia gracias a la fortaleza del consumo de los hogares, la inversión nacional y la posición estratégica del país en las cadenas globales de valor. Este desempeño no es casual, es resultado de una política económica responsable, que mantiene la disciplina fiscal sin sacrificar la inversión y que coloca en el centro el bienestar de las mayorías.

A pesar de que las proyecciones elaboradas por la Secretaría de Hacienda difieren de las expectativas de crecimiento de algunos organismos internacionales (FMI: 1.4 %, Banco Mundial: 1.1 %, OCDE: 1.1 %), sí son realistas, pues se sustentan en tres pilares estratégicos que delinean el rumbo de la economía mexicana:

• Dinamismo internacional, donde destacan las oportunidades derivadas de la estrategia de nearshoring, que coloca a México en una posición privilegiada en las cadenas globales de valor.

• Plan México, diseñado como una política integral para detonar un crecimiento económico equitativo y sustentable mediante inversiones estratégicas en infraestructura, energía y cadenas productivas regionales, con una visión de largo plazo.

• Demanda interna sólida, respaldada por el fortalecimiento del poder adquisitivo a través del aumento al salario mínimo y la consolidación de los programas sociales que se han convertido en un motor estable del consumo y el bienestar.

En este sentido, el Paquete económico 2026 busca potenciar al máximo las ventajas de México para impulsar el crecimiento y consolidar una economía más dinámica e incluyente. Todo ello bajo un principio central: que el crecimiento se traduzca en prosperidad compartida donde los beneficios alcancen a las mayorías y no se concentren en unos cuantos. 

Esta visión también contribuye a incrementar la confianza con nuestros principales socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, y a fortalecer la integración de América del Norte en el marco del T-MEC. Al garantizar estabilidad macroeconómica, inversión en infraestructura estratégica y un mercado interno sólido, México se proyecta como un actor confiable, capaz de generar valor compartido y de consolidar a la región como un bloque competitivo frente a los grandes retos globales.

Gasto con visión social

El PPEF 2026 se presenta con una profunda visión social, misma que ha caracterizado al gobierno de la presidenta Sheinbaum, donde los derechos sociales, el enfoque de prosperidad compartida y la responsabilidad social son los ejes centrales. 

En este sentido, se priorizan los recursos para programas sociales, infraestructura estratégica y servicios esenciales como salud, educación, alimentación, vivienda y seguridad, porque sólo así se pueden reducir las desigualdades históricas y sentar las bases de un país más justo e incluyente. A diferencia de otras etapas en las que el gasto público fue sinónimo de privilegios y despilfarro, hoy cada peso se orienta a garantizar bienestar y desarrollo para las mayorías.

Así, el presupuesto proyectado mantiene un equilibrio entre responsabilidad fiscal y prioridad social, demostrando que es posible mantener finanzas públicas sanas sin renunciar al mandato de justicia y bienestar para el pueblo. El gasto programable, aquel que se destina a la operación de las instituciones del gobierno federal para que proporcionen servicios como educación, salud, o infraestructura, asciende a siete billones de pesos, con un aumento de 5.1 % real respecto a 2025. Este incremento significa más recursos para fortalecer la escuela pública, garantizar atención médica oportuna y de calidad, y mejorar caminos y carreteras que conectan y acercan a las comunidades.

Por otro lado, el gasto no programable, el que se destina al cumplimiento de obligaciones y apoyos determinados previamente por la Ley, como la deuda pública o las participaciones a entidades federativas y municipios, alcanza 3.09 billones de pesos. 

La visión social de este presupuesto se observa en los recursos destinados a los programas sociales, los cuales ascienden a 987 160 millones de pesos (mdp); con ello, queda claro que la política social del Estado mexicano, más que otorgar apoyos, busca garantizar derechos constitucionales, para el bienestar de la población. 

Una de las novedades más relevantes del Proyecto de Presupuesto es la creación de un anexo transversal para el Sistema Nacional de Cuidados. Esto da cumplimiento al compromiso de la presidenta y parte de un hecho contundente: el valor de las labores domésticas y de cuidados representa el 26.3 % del pib, aunque históricamente no se había traducido en recursos ni en políticas públicas. 

Aún queda un largo camino por recorrer, pero estamos ante un reconocimiento histórico en el que se busca redistribuir y desfeminizar las tareas de cuidados, avanzando hacia una sociedad más justa e igualitaria donde las mujeres no carguen en soledad con una responsabilidad que corresponde a toda la comunidad y al Estado.

Gasto en infraestructura: prosperidad compartida

Además del énfasis social, el Paquete económico 2026 reconoce que la justicia distributiva debe ir acompañada de un impulso decidido a la inversión pública, a fin de mantener las condiciones necesarias para que la economía crezca de manera sostenida. De esta forma, los recursos se orientarán hacia proyectos que generen beneficios significativos en lo social y en lo económico, privilegiando a las zonas más rezagadas y a los sectores clave para impulsar el progreso del país.

El gasto en infraestructura física asciende a 976 863.5 millones de pesos, e incluye proyectos prioritarios de inversión para las empresas públicas del Estado (Pemex y CFE), para obras hidráulicas, caminos y carreteras, así como para el impulso al nuevo sistema ferroviario que caracterizará al sexenio. 

En este contexto, el Plan México se posiciona como la plataforma para promover el desarrollo y crecimiento económico mediante la industrialización, la innovación y la inclusión social. Será clave para atraer más inversiones, generar empleos de calidad, modernizar la infraestructura y promover el desarrollo tecnológico, lo que permitirá avanzar hacia una economía más diversificada y responsable con el medio ambiente.

Gasto en infraestructura: prosperidad compartida

Además del énfasis social, el Paquete económico 2026 reconoce que la justicia distributiva debe ir acompañada de un impulso decidido a la inversión pública, a fin de mantener las condiciones necesarias para que la economía crezca de manera sostenida. De esta forma, los recursos se orientarán hacia proyectos que generen beneficios significativos en lo social y en lo económico, privilegiando a las zonas más rezagadas y a los sectores clave para impulsar el progreso del país.

El gasto en infraestructura física asciende a 976 863.5 millones de pesos, e incluye proyectos prioritarios de inversión para las empresas públicas del Estado (Pemex y CFE), para obras hidráulicas, caminos y carreteras, así como para el impulso al nuevo sistema ferroviario que caracterizará al sexenio. 

En este contexto, el Plan México se posiciona como la plataforma para promover el desarrollo y crecimiento económico mediante la industrialización, la innovación y la inclusión social. Será clave para atraer más inversiones, generar empleos de calidad, modernizar la infraestructura y promover el desarrollo tecnológico, lo que permitirá avanzar hacia una economía más diversificada y responsable con el medio ambiente.

Para alcanzar estos objetivos, es indispensable otorgar certeza jurídica a los inversionistas bajo un esquema de prosperidad compartida, en el que el gobierno y el sector privado trabajen como aliados, pero donde los beneficios se traduzcan en bienestar para el pueblo y no en privilegios para élites, como ocurrió en administraciones pasadas.

Con este propósito, y para establecer reglas claras que corrijan décadas de abandono y corrupción, presenté la iniciativa de Ley General de Infraestructura para el Bienestar, cuyo objetivo es fijar un nuevo marco normativo que impulse una política nacional de infraestructura con base en el bienestar social, la equidad territorial y la justicia económica. La propuesta reconoce el papel fundamental de la inversión privada, pero al mismo tiempo pone un alto a la lógica de concesiones discrecionales y obras al servicio de intereses particulares. Ahora, bajo un esquema de colaboración, se podrá canalizar la inversión privada hacia proyectos sostenibles y de alto impacto social. 

Mayor eficiencia recaudatoria

Por su parte, la ILIF proyecta un aumento real de 5.9 % en comparación con 2025, lo que refleja el esfuerzo del Estado por garantizar mayores recursos para financiar el gasto público. Este incremento descansa, en buena medida, en el fortalecimiento de la recaudación tributaria, que se estima represente el 57.3 % del total de ingresos; con ello se robustece la capacidad del Estado para sostener programas sociales, impulsar infraestructura estratégica y garantizar que los recursos se traduzcan en bienestar para las mayorías.

El Paquete presentado contempla algunos cambios relevantes en la normatividad tributaria. En primer lugar, la consolidación de los impuestos saludables, cuyo objetivo no es únicamente recaudar, sino también proteger la salud de la población al desincentivar el consumo de productos que generan enfermedades y altos costos sociales. Con esta medida, el Estado asume su responsabilidad de priorizar el bienestar colectivo frente a los intereses de las grandes industrias.

El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) es un instrumento de política fiscal que busca combatir las externalidades negativas ocasionadas por ciertos productos nocivos para la población, como el tabaco y las bebidas azucaradas, cuyo consumo excesivo constituye un grave problema de salud pública y una pesada carga económica para el Estado y las familias.

Para 2026 se plantea actualizar las cuotas. En el caso de las bebidas saborizadas, se propone elevar la cuota a 3.0818 pesos por litro, incluyendo aquellas con edulcorantes no calóricos; mientras que para los tabacos labrados se prevé incrementar la tasa ad valorem de 160 % a 200 %, además de establecer un incremento gradual de la cuota específica hasta 2030.

En segundo lugar, se introducen modificaciones en materia aduanera diseñadas para proteger la industria nacional, impulsar la competitividad y ampliar la recaudación proveniente del comercio exterior. Estas medidas marcan una diferencia frente al pasado, cuando la apertura indiscriminada debilitó a sectores estratégicos. Hoy se busca un comercio más justo y equilibrado que fortalezca la soberanía económica y genere empleos para las y los mexicanos.

En este sentido, se proyectan ajustes a la Ley Aduanera y al Impuesto General de Importación, imponiendo aranceles de entre 10 % y 50 % a 1400 fracciones arancelarias de países sin tratados comerciales con México, que abarcan sectores como químicos, plásticos, vidrio, textiles, calzado, muebles, juguetes, aluminio, siderúrgico y automotriz.

De acuerdo con estimaciones del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), estas medidas generarían ingresos adicionales por 39 300.3 mdp en impuestos saludables y 97 593.7 mdp en aranceles, lo que en conjunto representaría cerca del 0.4 % del PIB.

Finalmente, la iniciativa también incluye medidas para cerrar espacios de elusión fiscal y actualizar mecanismos de deducción utilizados por bancos e instituciones de banca múltiple, con el objetivo de reforzar la progresividad del sistema y asegurar que quienes más tienen contribuyan de manera proporcional al financiamiento del desarrollo nacional. Sobre este punto destacan dos medidas:

• Primero, se propone que no sean deducibles las tres cuartas partes de las cuotas pagadas al IPAB por las instituciones de la banca múltiple. De tal forma, se envía un mensaje claro, este presupuesto tiene un compromiso social ineludible. 

Conviene recordar que dichas cuotas tienen su origen en la crisis de 1994, cuando por abusos y decisiones discrecionales se permitió que la deuda privada de los bancos se convirtiera en deuda pública, mientras miles de familias mexicanas perdían buena parte de su patrimonio. Hoy no se repite la historia: el Estado no subsidia privilegios, sino que protege el bienestar de la mayoría.

• Segundo, se plantea homologar el tratamiento de la deducción de créditos incobrables aplicable a las instituciones de crédito con el del resto de los contribuyentes, eliminando el régimen especial establecido en el artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR). De esta forma, se pone fin a un trato desigual que durante años favoreció a la banca, garantizando reglas más justas y equitativas en el sistema tributario.

Retos y perspectivas

En suma, el Paquete económico 2026 plantea una ruta de mediano plazo para consolidar una economía más inclusiva, equitativa y sostenible, donde el crecimiento se acompañe de bienestar social, responsabilidad ambiental y un esquema real de prosperidad compartida. Es la confirmación de que la transformación también se expresa en las finanzas públicas, disciplina con justicia, estabilidad con derechos y desarrollo con igualdad.

El gran reto será garantizar su implementación efectiva, mantener la disciplina fiscal y fortalecer la confianza tanto de los inversionistas como de la ciudadanía. Para ello se requiere un marco de certeza jurídica y reglas claras que brinden estabilidad a la economía, pero siempre bajo el principio de la prosperidad compartida.

En este mismo sentido, la iniciativa de Ley General de Infraestructura para el Bienestar representa un paso indispensable. Su objetivo es asegurar que cada peso destinado a inversión pública se ejerza bajo criterios de transparencia, equidad territorial y prosperidad compartida. El Paquete económico, y esta iniciativa, se complementan: uno asigna los recursos, la otra establece las reglas para que esos recursos se traduzcan efectivamente en bienestar, desarrollo y crecimiento económico para todas y todos los mexicanos. Por otro lado, el espacio fiscal continúa siendo reducido, apenas 1.9 % del PIB; es decir, el margen de maniobra que tiene el gobierno para realizar nuevos gastos o inversiones públicas sin comprometer la estabilidad financiera a largo plazo ni la salud de la economía, es limitado. 

Este hecho no es menor, responde en gran medida a la dinámica etaria de la población, que implica destinar cada vez más recursos a la población que sale del mercado laboral. De tal forma, el PPEF 2026 contempla un monto de 2.3 billones de pesos para pensiones, lo que equivale al 6 % del PIB. Las pensiones contributivas tienen un crecimiento real de 0.5 %, pero es necesario ser cautelosos con dicha estimación, que podría quedarse corta, considerando el comportamiento histórico de este rubro. Por su parte, las pensiones no contributivas (programas sociales destinados a las personas adultas mayores, personas con discapacidad, y mujeres entre sesenta y sesenta y cuatro años) se incrementan en un 13.5 %. 

Estos apoyos representan un compromiso ineludible del Estado que contribuye a mejorar el nivel de vida de la población, pero al mismo tiempo presiona a las finanzas públicas y obliga a repensar con seriedad nuestro modelo de gasto y de ingresos.

Este gasto es, probablemente, el mayor reto de las finanzas públicas a mediano plazo. A reserva de un análisis mucho más profundo, es urgente plantearse desde ahora un cambio estructural que permita financiar, de manera sostenible, las pensiones contributivas y no contributivas para los años venideros. 

Con la aprobación de las reformas constitucionales y de las iniciativas en materia de pensiones, las proyecciones de gasto público anticipan un aumento significativo en el mediano plazo. A este efecto se suma la ampliación de la cobertura derivada de la reforma de pensiones contributivas, que establece la actualización de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (PBAM) conforme a la inflación y la incorporación de mujeres de sesenta a sesenta y cuatro años con derecho a media pensión. Bajo este esquema, hacia 2030 el gasto en pensiones podría ascender a 7.2 % del PIB. 

Dado el panorama anterior, es indispensable abrir ya la discusión sobre nuevas fuentes de ingresos públicos, una decisión impostergable si no queremos poner en riesgo los servicios esenciales de la nación. Es cierto que se ha dado un primer paso con la consolidación de impuestos saludables y ajustes aduaneros; además la eficiencia recaudatoria ha permitido mayores recursos para el Estado. Pero aún se requiere construir un sistema tributario más justo y progresivo, donde quienes más tienen aporten lo que corresponde, y que dé viabilidad a la expansión de derechos sociales y a la inversión en infraestructura estratégica.

En este sentido, también es indispensable que los gobiernos subnacionales asuman un papel más activo en la obtención de ingresos propios, especialmente ante la alta dependencia de los recursos federales. De acuerdo con un estudio de la Alianza para la Justicia Fiscal, entre 1989 y 2019 las transferencias federales ascendieron a un promedio de 83.5 % de los ingresos de los estados de la República. Existen grandes áreas de oportunidad, como los impuestos vehiculares (tenencia) o a la propiedad (predial). Es necesario que estados y municipios fortalezcan sus capacidades institucionales y cumplan adecuadamente con su función de recaudación.

En contraste con la OCDE, la fragilidad de las finanzas subnacionales mexicanas resulta evidente. Mientras que en los países de la OCDE los gobiernos estatales y locales obtienen en promedio 57 % de sus ingresos de fuentes propias y dependen en 43 % de transferencias, en México ocurre lo contrario, apenas 16 % corresponde a ingresos propios, frente a una abrumadora dependencia de 84 % de transferencias federales.

No se trata únicamente de recaudar más, sino de avanzar hacia un sistema tributario más justo y progresivo, donde quienes más tienen aporten lo que corresponde, y así asegurar la suficiencia financiera del Estado para responder a las crecientes demandas de la sociedad. De esta manera, México avanzará con paso firme hacia un futuro de bienestar compartido, soberanía económica y justicia social.