Con la sentencia aprobada ayer en la Sala Superior del TEPJF finalizó el proceso electoral federal 2023-2024. Las dos cámaras del Congreso de la Unión se instalaron este jueves 29, para que el día 1 de septiembre dé inicio la LXVI legislatura.

Como era esperable, tanto en el Consejo General del INE como en la Sala Superior del TEPJF prevaleció el criterio interpretativo literal del artículo 54 constitucional. En consecuencia, Morena y aliados tendrán en San Lázaro un total de 364 diputados, el 73% del total. El bloque oficialista podrá aprobar reformas constitucionales y legales sin requerir el concurso de las oposiciones, que además verán cancelado el derecho a presentar acciones de inconstitucionalidad ante la SCJN, pues no reunirán el requisito de contar con un tercio de los diputados. Esa minusvalía puede extenderse al Senado, en el caso de que Morena y aliados sumen 87 escaños.

No pongo en duda que la sentencia de la Sala Superior, confirmando lo que el INE aprobó el viernes 23 de agosto, se apega a la formalidad de la ley, es definitiva e inatacable. Incluso una eventual intervención de organismos multilaterales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no podría invalidarla. Desde el próximo domingo y hasta el 31 de agosto de 2027, el oficialismo tiene el poder para cambiar de la Constitución y las leyes lo que quieran. Paradójico es que un órgano del Poder Judicial de la Federación, como lo es el Tribunal Electoral, sea el que entrega a Morena el arma para destruir a ese Poder de la República.

De tanto usarse las palabras se desgastan. Por eso evito usar la ultra sobada palabra “histórico”. (En los tiempos de la 4T todo lo es, y nada lo será). Prefiero retomar la idea de Silvia Hernández, quien plantea que estamos viviendo un cambio de régimen político, caracterizado por la concentración del poder, el control absoluto del Poder Legislativo por el Poder Ejecutivo y la pretensión de extender ese control y subordinación al Poder Judicial, acompañado de la liquidación de la mayoría de los órganos autónomos creados entre 2001 a 2015. Cabe apuntar que otro hecho destacado de ese cambio es el fin del sistema de partidos que emergió de las reformas del periodo anterior, y el retorno al control gubernamental de las instituciones electorales.

Como anunció Mario Delgado, los nuevos legisladores de Morena, PT y PVEM darán a López Obrador dos regalos de despedida: el primero será constitucionalizar la militarización de la Guardia Nacional y de las tareas civiles que en este sexenio han sido entregadas a las Fuerzas Armadas. El otro regalo será demoler al Poder Judicial, imponiendo la elección de jueces, magistrados y ministros como vía para poner la justicia al servicio de la 4T.

Luego vendrá la desaparición de órganos autónomos, y la posible afectación a los que sobrevivan, cambiando las responsabilidades y obligaciones del Banco de México o del INEGI. Mientras tanto, la CNDH seguirá siendo, como en todo este sexenio, una ruina, y la autonomía de las fiscalías de justicia una mascarada. Si el Poder Judicial sucumbe ante el embate de la 4T, desaparecerá la independencia de ministros, jueces y magistrados, federales y locales. La elección mediante voto popular de los impartidores de justicia será la puerta por la que entrarán a los juzgados, sin freno alguno, los intereses de poderes fácticos, incluyendo los del crimen organizado. En el segundo piso de la 4T la justicia se impartirá con un solo criterio: “A los amigos, justicia y gracia. A los adversarios, la ley a secas”.

La abusiva sobrerrepresentación de Morena y aliados en la Cámara de Diputados es una consecuencia de las decisiones que la mayoría de los consejeros y magistrados tomaron al asignar las curules plurinominales, avalando un fraude a la Constitución. Esa abusiva ventaja no tiene el respaldo de la mayoría de los ciudadanos. Ese abuso es producto de una interpretación literal, dogmática, del artículo 54 de la Constitución. Por obra y gracia del INE y el TEPJF el gobierno y su partido tienen desde hoy un poder de destrucción sin contrapeso ni freno, como no sea el que generen los mercados y las instituciones internacionales. A partir de hoy el mayor contrapeso al poder arbitrario de la 4T es el tipo de cambio del peso frente al dólar.

Ante la pretensión de los voceros de la 4T, que hablan de contar con “el mandato del pueblo”, la aritmética es la mejor refutación. Los votos por la presidenta electa representan un poco más del 36% del total de electores inscritos en el padrón. De los ciudadanos que votaron, un 60% lo hizo por ella y un 40% por los otros 2 candidatos. En la elección para diputados Morena y aliados obtuvieron 54% de la votación efectiva, pero les han entregado 364 curules, 73% del total de la Cámara. La sobrerrepresentación abusiva de Morena y aliados no es un mandato del pueblo, es una decisión de las autoridades electorales.

Las instituciones construidas a lo largo del ciclo de reformas electorales llegaron a un punto de no retorno. A lo largo del proceso que ayer concluyó, los consejeros del INE y los magistrados del TEPJF fueron incapaces de respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes; culminaron ese actuar con una interpretación de los límites a la sobrerrepresentación, que es fatal para la democracia. A los cinco magistrados de la Sala Superior el gobierno les promete -como apenas disfrazada retribución- mantenerlos en el cargo hasta agosto de 2027. ¿Quiénes aceptarán el pago?

La democracia mexicana transitó en este proceso electoral de la fragilidad a la posible extinción. Habrá que construir las condiciones y medios que permitan recuperarla y fortalecerla en el más breve pazo posible.  

Posdata, en forma de pregunta: ¿México va al abismo?

No. No cabe.

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