No restó importancia al hecho de que 6 de los 7 partidos con registro nacional ante el INE se han brincado la ley para adelantar la selección de su candidato presidencial, disfrazando el hecho con pueriles argucias de etiquetado (“Coordinador de la Defensa de la 4T”. “Responsable de la Construcción del Frente Amplio por México”). Pero tan importante como lo anterior es que tanto el INE como el TEPJF han primero validado lo aprobado y actuado por Morena y sus aliados (PT y PVEM); previsible es que harán lo mismo respecto del acuerdo entre el PRI, PAN y PRD. Falta saber que decide hacer MC.

El marco jurídico del sistema electoral es producto de acuerdos entre los partidos políticos y sucesivos gobiernos, acuerdos que fueron llevados a la Constitución y las leyes a lo largo de casi cuatro décadas (1977-2014). Eso es lo que el presidente López Obrador ha desconocido de manera unilateral. Primero con su iniciativa de reforma constitucional (reprobada en la Cámara de Diputados), y luego con la de reforma legal (invalidada por la Corte).

Por vez primera en la historia del sistema electoral el presidente de México es promotor de la violación a la ley, y su partido el instrumento para concretar esa promoción. El embate contra las dos instituciones electorales nacionales tiene un primer resultado: la transformación del INE en un órgano técnico-administrativo, sin condiciones para hacer cumplir la ley.

Estamos ante lo que llamaré la jibarización del INE. La reducción de su cabeza –el Consejo General- a pasivo testigo de las trampas y argucias de los partidos de uno y otro signo. El INE fue tocado por dentro, las consecuencias están a la vista. La ley no sirve porque nadie, o casi nadie, la respeta, y porque las autoridades poco o nada hacen para que se respete.

El pacto de Estado que permitió, en paz y civilidad, la transición a la democracia y las alternancias, está roto. Quizá podamos entender lo que con nuestra ley electoral ocurre en estos días citando el viejo refrán castellano: “entre todos la mataron y ella solita se murió”.

Escucho las razones que dirigentes partidistas opositores y voceros de organizaciones afines a ellos esgrimen para justificar los acuerdos violatorios de la ley. Podrían resumirlos de una mejor forma en un solo argumento: o hacían lo mismo que Morena o los arrollaban. No les falta razón. Una vez que el INE resolvió dar luz verde al anticipo de Morena, y dado que la Sala Superior del TEPJF convalidó tal decisión, quedarse cortando las hojas del calendario era suicida para las oposiciones.

Lo que vimos esta semana en medios de comunicación, e incluso en la conferencia mañanera, apunta en el sentido de un cambio importante en la opinión pública: el virtual monopolio en los medios de información de Morena y las “corcholatas” fue quebrado. El martes pasado, las ocho columnas de casi todos los diarios, y el mayor tiempo aire de noticieros de TV y radio, estuvieron dedicadas al acuerdo opositor. También por vez primera, el presidente no pudo dictar el guión de su mañanera, tuvo que atender el de la  oposición. Algo se movió.

Puestos en la palestra de los medios de información, las y los aspirantes a la otra candidatura presidencial se ubicaron de inmediato en un terreno de competencia con los de Morena y sus aliados. Habrá oportunidad de comentar el barroco e incompleto procedimiento anunciado. Hoy lo relevante es el efecto alcanzado por el anuncio opositor.

El riesgo latente es que, en el camino de violar la ley, lo que el gobierno y su partido pueden hacer es de mucho mayor impacto que la respuesta opositora. Si el gobierno decide no respetar la veda a su propaganda, o usar de manera abierta en favor de Morena los programas sociales, la oposición no tiene como responder.

Para detener una espiral de hechos que haga de la ley de la selva supletoria de la electoral, es imprescindible que el INE y el TEPJF acaten la Constitución y cumplan con su principal mandato y tarea, que es hacer cumplir la ley. La excelencia técnica del INE no es excusa ni pretexto para que renuncie a su misión de salvaguarda de los principios rectores de la función electoral.

En octubre de este año la Corte deberá proponer al Senado las ternas para elegir a dos magistrados de la Sala Superior del TEPJF. Procede alertar sobre el riesgo que desde Palacio Nacional se ordene a la bancada de Morena paralizar esos nombramientos, lo que dejaría a ese órgano con cinco integrantes. Puede la Sala Superior sesionar con ese número, pero será extremadamente vulnerable a las presiones y embates desde Palacio.

Es por esos hechos que desde dos centros de investigación y con el apoyo de la revista Voz y Voto daremos a conocer un proyecto de observación electoral. Solo que esta vez no serán los partidos o sus candidatos los observados, tampoco lo que pasa en las casillas el día de la jornada electoral.

Vamos a observar al INE, al TEPJF y a los Oples de los 8 estados en que habrá elección de gobernador, y al de la CDMX, en que se renovará la jefatura de gobierno. También observaremos el impacto de programas sociales, federales y locales, en la integridad de las elecciones.

Generar desde la sociedad y sus organizaciones un contexto de exigencia al INE y al TEPJF, para que en sus acuerdos y sentencias se apeguen a la Constitución y la ley, es una tarea importante para que lo construido no sea destruido, desde adentro o desde afuera.