Preludio: La igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, la no discriminación por causa alguna y las acciones afirmativas que alienten la participación de los jóvenes en la política, son valores democráticos que debemos fortalecer y expandir.

El 20 de julio pasado el Consejo General aprobó un acuerdo para que las personas transgénero, y cualquier otra que así lo decida, pueda solicitar el cambio del identificador de su sexo en la credencial para votar, con solo manifestar esa voluntad.

Con ese acuerdo el INE invade las facultades y competencias de los registros civiles y del Registro Nacional de Población (SEGOB), al arrogarse facultades registrales en materia civil. Ese acuerdo abre las puertas a fraudes bancarios e inmobiliarios, por citar dos ejemplos, mediante la suplantación de identidad.

Según el boletín de prensa 251 del INE, el acuerdo se aprobó “en acatamiento a una sentencia emitida por el TEPJF” (se refieren al juicio SUP-JE-1042/2023). Transcribo lo resuelto por la Sala Superior al especificar los efectos de la sentencia de ese juicio:

“82. Se vincula al Consejo General del INE para el efecto de que (…) emita la determinación que corresponda sobre la viabilidad para que las personas trans puedan solicitar que en su credencial para votar se incluya el identificador ‘H’ o ‘M’ en el campo de sexo, sin que se les solicite un documento de identidad, (…)”

Aunque la sentencia del TEPJF ordena al Consejo General “determinar la viabilidad” de una acción en favor de las personas transgénero, los consejeros del INE leyeron que estaban obligados a otorgarles el derecho de cambiar el identificador de sexo en la credencial para votar, a ellas y a cualquier persona que manifieste que es, se siente, o quiere declararse con esa identidad.

Si los 10 consejeros que aprobaron el acuerdo hubieran atendido los argumentos del único que votó en contra, Uuc-kib Espadas, habrían acatado la sentencia en su sentido correcto, para resolver que constitucionalmente están impedidos para erigirse en autoridad registral en materia civil.

Como ha ocurrido en otros temas, no imperó en el Consejo General del INE el principio de legalidad, sino lo “políticamente correcto”. Cabe esperar que la Secretaría de Gobernación impugne el acuerdo del INE ante la Sala Superior, a menos que decidan “patear el balón” y apegarse a lo políticamente correcto, sin importar la seguridad jurídica de las y los ciudadanos.

Con el acuerdo del INE, un(a) defraudador(a) inmobiliario o bancario podrá obtener una credencial de elector, que es aceptada como documento de identidad por notarios y bancos, para hacerse pasar como del sexo opuesto al que consta en su acta de nacimiento y CURP. Un hombre, al que el INE permitirá presentarse como mujer, o a la inversa, podrá usar ese cambio para fines fraudulentos, gracias a la “protección del INE a los derechos de las personas transexuales”. 

No es la primera vez que el INE provoca este tipo de problemas, por interpretaciones que se presentan como progresistas, Pero es la primera vez que se pone en riesgo, desde la máxima autoridad administrativa electoral de México, un derecho humano, como lo es el derecho a la identidad.

El acuerdo del INE es inconstitucional e ilegal. Porque el INE no es autoridad en materia de registro civil, y para arrogarse facultades en esa materia no basta con invocar el artículo 1 de nuestra Constitución o los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

Atentar contra los derechos de todos en aras de una supuesta progresividad a favor de un grupo vulnerable, podrá ser muy piadoso, pero no es constitucional. (Tomo la frase del ex ministro de la Corte Jesús Gudiño Pelayo).

Alerto sobre otro inminente acuerdo del INE, contrario a la ley, que podrían aprobar en próximos días quienes piensan que por encima de la norma legal está la obligada inclusión de supuestos representantes de preferencias sexuales, de identidad de género o de grupos vulnerables, en las listas plurinominales para diputados y senadores.

A la paridad de género y lugares reservados para jóvenes e indígenas, hay consejeros y consejeras que proponen destinar espacios preferentes y obligatorios para migrantes, personas con capacidades diferentes, adultos mayores, población LGTB +, quizá con un lugar preferente para cada letra, personas no binarias, y lo que se les ocurra esta semana.

Las listas plurinominales se crearon para permitir la inclusión de las minorías partidistas en los órganos colegiados de la representación nacional. Luego se convirtieron en la forma para lograr que, tendencialmente, hubiera semejanza entre votos y curules, y finalmente para empujar la cuota y luego la paridad de género en candidaturas.

Las curules y los escaños plurinominales no se crearon para representar en las cámaras legislativas preferencias sexuales ni grupos vulnerables. Eso no es legal, aunque sea políticamente incorrecto decirlo.

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