El próximo año, las y los mexicanos estamos llamados a elegir a más de veinte mil cargos de elección popular en todo el país y a todo nivel: estarán en contienda la Presidencia de la República, las 128 senadurías y 500 diputaciones federales del Congreso de la Unión; además, nueve gubernaturas (incluida la capital), treinta congresos estatales y 1803 ayuntamientos.¹ 

Por su naturaleza ciudadana, las elecciones mexicanas convocan a un gran número de personas que organizan, arbitran y vigilan el proceso electoral de cabo a rabo: miles de consejeras y consejeros ciudadanos que conducen la elección de su distrito, estado, municipio; las y los funcionarios de casilla que reciben y cuentan los votos el día de la elección; el ejército de personas que les capacitan y además realizan funciones de asistencia electoral antes, durante y después de la jornada; el funcionariado público electoral experto; las personas observadoras que vigilan actividades puntuales de la preparación y el desarrollo de la elección; las candidatas y candidatos que participan con grandes capacidades de despliegue para promover sus proyectos políticos; y desde luego, las y los votantes que acuden a las urnas para decidir el destino político de su país y sus estados, pero también para refrendar su voluntad de vivir en una democracia. Se trata de la más amplia convocatoria ciudadana que hace el Estado mexicano para esa función instrumental elemental de la que depende toda democracia: la celebración periódica de elecciones libres, competidas, legales y pacíficas.

El modelo electoral mexicano dispone que por cada cargo de elección popular (directa) que hay en contienda se conforma un órgano colegiado ciudadano que se ocupa de conducir y vigilar el proceso electoral de esa demarcación territorial. Los consejos están integrados por ciudadanas y ciudadanos independientes, y en ellos participan también los partidos políticos que, si bien no tienen voto en las decisiones que toman las y los consejeros ciudadanos, sí tienen derecho a voz para participar, opinar, cuestionar, proponer, y sobre todo, vigilar la legalidad y el rigor técnico de la conducción del proceso electoral. 

Para las elecciones federales, el Consejo General del INE, treinta y dos consejos locales y 300 distritales se encargan de conducir y vigilar las elecciones a la Presidencia de la República, a las senadurías y a las diputaciones federales, respectivamente. A nivel local, además de los consejos generales de los estados, se instalan también órganos distritales y municipales responsables de la conducción de las elecciones para diputaciones locales y munícipes. Como referente, para las pasadas elecciones locales concurrentes de 2021, los OPL instalaron 2225 consejos distritales y municipales.²

Los consejos constituyen el cinturón de vigilancia ciudadana porque son los órganos que conocen y aprueban, a lo largo del proceso electoral, los diferentes acuerdos que se van tomando para la organización de la elección, dotando de definitividad y certeza cada acto y decisión del proceso. Destacadamente, los consejos distritales y municipales son responsables de realizar los cómputos y recuentos de los votos, de manera que su trabajo es crucial para dotar de legalidad, certeza y máxima publicidad el proceso electoral en su conjunto.

Las elecciones también convocan a las y los ciudadanos que se encargan de recibir y contar los votos de sus vecinas y vecinos el día de la elección. Como un antídoto contra la desconfianza, en México las casillas se integran por personas sorteadas que son capacitadas por el INE para hacerse cargo de la votación durante la jornada electoral. Para los comicios de 2024, el INE instalará casi 171 mil casillas en toda la extensión del territorio nacional (hay una casilla cada 750 ciudadanos que habitan el país), lo cual implica visitar a más de doce millones de personas para, al cabo, contar con 1.5 millones de funcionarias y funcionarios de casilla requeridos para la elección.³ 

Un ejército de personas que tocan las puertas de esos millones de ciudadanas y ciudadanos sorteados, para invitarles a participar y capacitarles en esta función sustantiva de la organización electoral, estará desplegado a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Para esta tarea, el INE tiene previsto el reclutamiento y contratación de 42 616 personas capacitadoras y 7118 supervisoras electorales.⁴ Pero además, los OPL contratarán figuras espejo a nivel local, que realizan funciones de asistencia electoral en tareas que corresponden a los OPL, como el sellado y enfajillado de boletas, el armado, distribución y recolección de paquetes electorales, así como el apoyo en los procesos de cómputos y recuentos. Nuevamente a modo de referencia, en las elecciones pasadas locales de 2021, los institutos electorales de las entidades contrataron a 41 354 personas como capacitadores y supervisores asistentes electorales locales.⁵

 Las elecciones también convocan a la ciudadanía interesada en hacer observación electoral. Otro de los mecanismos que ha dotado de confianza a las elecciones mexicanas, pues posibilita la participación social en la vigilancia de las distintas etapas del proceso electoral y, de esta manera, atestiguar la legalidad y pulcritud de su organización, y al mismo tiempo generar un contexto de exigencia para que todas las actividades, procesos y decisiones se conduzcan bajo los principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad y máxima publicidad. 

El involucramiento ciudadano va más allá de la organización electoral. Las elecciones son el escenario de quienes se postulan para contender por un cargo de elección popular, y de todas aquellas personas que participan desde los partidos políticos para acompañar la promoción de sus candidaturas. Decenas de miles de candidatas y candidatos estarán en contienda a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, promoviendo sus proyectos políticos, compitiendo para ganarse la simpatía popular de casi noventa y ocho millones de mexicanas y mexicanos que podrán votar el próximo 2 de junio, dentro y fuera del territorio nacional, para elegir a sus gobernantes y representantes. En las elecciones locales de 2021, los institutos electorales de los estados registraron más de 257 mil candidaturas. Para 2024, por tratarse de una elección federal completa (donde se eligen todos los cargos federales), ese número de candidatas y candidatos recorriendo el país en campaña seguramente se incrementará.

Desde luego, la convocatoria más extensa y más definitoria para el futuro del país es la que invita a acudir a las urnas a ejercer el derecho al sufragio auténtico, libre, secreto e informado. Ese derecho fundamental que nos iguala, que instituye el estado democrático, sus órganos de representación y gobierno, su división de poderes y sus controles. 

La organización de las elecciones mexicanas implica el involucramiento de miles de mujeres y hombres que participan en esta gran convocatoria cívica. Por su magnitud, por su carácter desconcentrado y su trascendencia para la vida política del país, esta amplia movilización ciudadana entraña retos diversos: el territorio y el contexto en que se organizarán y desarrollarán estas contiendas políticas es, por decir, lo menos complejo. 

La polarización de la opinión pública; el fenómeno de desinformación y proliferación de noticias falsas; la desconfianza en las instituciones y el desencanto con la democracia; la inseguridad que se vive en algunas regiones del país; la renuencia a las formas y los procedimientos propios de la democracia de distintos actores; y la disminución de la participación electoral, son algunos de los desafíos que enfrentamos como sociedad de cara a las elecciones de 2024.

Múltiples estudios y mediciones reportan una profunda desafección con la democracia, una preocupante extrapolación de opiniones que dificultan la deliberación democrática –la conversación libre entre iguales–, así como un incremento en los índices de desconfianza con las instituciones y la clase política, que es alimentada por las redes de la posverdad y la desinformación. Latinobarómetro reporta en su más reciente informe de 2023, que 61 % de las y los mexicanos es proclive o indiferente al autoritarismo: 33 % dice que en algunas circunstancias es preferible un gobierno autoritario que uno democrático y el 28 %, que da lo mismo vivir en un régimen democrático o no.⁶ La Encuesta Nacional de Cultura Cívica (ENCUCI 2020) del INEGI, en su apartado sobre tolerancia y respeto a las diferencias, arrojó que casi 45 % de las personas mayores de quince años no están de acuerdo en que una persona que piensa distinto aparezca en los medios de comunicación.⁷ También la ENCUCI 2020 muestra el nivel de confianza que hay en las instituciones de la democracia, donde los partidos políticos, las diputaciones locales y federales, así como las senadurías, tienen las calificaciones más bajas: menos de 3 % de la población mexicana confía mucho en ellas, y sólo a alrededor del 20 % le inspiran algo de confianza.⁸ Como estos datos, se pueden encontrar otros, pero son elocuentes para ilustrar el panorama que enfrentamos.

México está en las compuertas de un proceso electoral que movilizará a millones de ciudadanas y ciudadanos y culminará el próximo 2 de junio de 2024 con la elección más grande que se haya organizado en la historia del país. Lo que se juega es mucho y debe ser directamente proporcional a la exigencia social para con los actores de la contienda a conducirse con legalidad; para con las autoridades a desempeñarse con profesionalismo, rigor e imparcialidad; y con la ciudadanía a asumir su responsabilidad cívica de informarse con verdad, y participar en este proceso electoral para refrendar, una vez más, nuestra aspiración democrática de vivir en una sociedad con derechos y libertades, en igualdad.