Una de las primeras preguntas de ciencia política es averiguar por qué a veces existe la disposición de los gobernados para obedecer a la autoridad y en otras ocasiones se rehúsan a hacerlo. Se parte del principio de que sólo cuando hay un gobierno legítimo la ciudadanía ha de respetar el Estado de derecho y sus instituciones.

En un gobierno democrático, o que aspira a serlo, las fuentes de la legitimidad están relacionadas con la percepción de los ciudadanos de que el gobierno y los gobernantes son justos, que actúan apegados a derecho. Al mismo tiempo, la ley se respeta porque surge de una Asamblea de representantes que es, ante todo, un espacio de deliberación, crisol de las corrientes políticas, la expresión más acabada del pluralismo social. La voluntad de la ciudadanía se hace ley y por tanto hay disposición a cumplirla. La obediencia a la norma surge de la honestidad del gobernante, de la congruencia entre lo que dice hacer por la gente y lo que en realidad hace. Mientras mayor confianza inspira un gobierno mayor será la disposición a obedecer sus decisiones.

El 15 de septiembre de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma de gran calado para cambiar al Poder Judicial, en especial la forma de nombrar a las personas juzgadoras. López Obrador, Sheinbaum y por tanto los morenistas consideran que su legitimidad emanará del voto popular, porque, de acuerdo con sus creencias, la única fuente de autoridad moral está en el sufragio. Sin embargo, en sus convicciones y, sobre todo, en sus disposiciones, parece haber contradicciones insalvables que ponen en duda su legitimidad.

En México tenemos larga experiencia de personas elegidas que no gozaron de legitimidad. Cuando en 1988 se eligió a Carlos Salinas de Gortari como presidente no hubo confianza en la autoridad que organizó las elecciones. Los resultados fueron rechazados por la mayoría de los ciudadanos, salvo los priistas; muchas personas creyeron que los resultados no reflejaban la voluntad del pueblo depositada en las urnas. El propio Salinas hubo de reconocer la urgencia de una reforma electoral, porque el viejo régimen se había quedado sin apoyo. De aquí podemos concluir que el voto de la ciudadanía no genera, por sí mismo, legitimidad.

Después de 1990, la credibilidad en las elecciones se construyó porque hubo participación de las tres principales fuerzas políticas de entonces, PRI, PAN y PRD, en la construcción de una legislación completamente nueva. Se transformó la autoridad encargada de organizar las elecciones y también se creó un nuevo Tribunal para dirimir las controversias jurisdiccionales. Desde un principio se pusieron en marcha mecanismos para hacer transparente el padrón electoral, se inventó el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) para que la ciudadanía pudiese conocer las tendencias con prontitud. No tengo duda alguna al afirmar que la legitimidad electoral se construyó con muchísimo trabajo. Como bien ha señalado José Woldenberg en repetidas ocasiones, la confianza, base de la legitimidad, se gana micra por micra, pero se pierde por kilómetros con el más mínimo resbalón.

Ahora bien, tratemos de analizar las posibles fuentes de legitimidad del próximo Poder Judicial una vez que, a través del voto popular, las personas juzgadoras resulten elegidas el primer domingo de junio de 2025.

Considero difícil afirmar que su legitimidad provendrá del proceso de la reforma constitucional y de la creación de la legislación secundaria. La reforma constitucional fue propuesta por un presidente en el ocaso de su mandato como imposición a su sucesora, que, aunque aparentemente la abrazó por decisión propia, no se le permitió moverle ni una coma.

El Congreso que comenzó sus labores el 1 de septiembre de 2024 aprobó la reforma a toda velocidad, con un absoluto desprecio a las oposiciones y a las múltiples voces que trataron de advertir que la reforma era una muy mala idea y, además, que estaba hecha con gran falta de conocimiento de la técnica legislativa. Frente al movimiento social que surgió sólo hubo denostación y desprecio a cualquier opinión que pudiera cuestionarla; además sabemos bien que ésta es violatoria de los derechos laborales de miles de personas que salieron a protestar a la calle sin que nadie los escuchara. Difícil suponer que el proceso legislativo de la reforma constitucional será fuente de legitimidad del nuevo Poder Judicial.

Sabedores de que se restaría autonomía al Poder Judicial y de que había habido violaciones al procedimiento legislativo, partidos políticos de oposición, particulares y agrupaciones sociales y académicas interpusieron frente a la Suprema Corte aquellos recursos que tuvieron a su alcance para pedirle que dictaminara sobre la (in)constitucionalidad de la reforma. Los argumentos fueron variados y pueden consultarse en los documentos digitales sobre el tema. El ministro ponente, Juan Luis González Alcántara, hizo un proyecto de resolución que ofreció una salida a la crisis política y constitucional. La propuesta no consiguió los ocho votos necesarios para la declaración de inconstitucionalidad ni siquiera de algunas de sus partes. El voto del ministro Alberto Pérez Dayán, aunado al de las tres ministras oficialistas, Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, clavaron los clavos del féretro del actual Poder Judicial. Difícil suponer que el proceso de revisión de la constitucionalidad de la reforma será la fuente de legitimidad del nuevo Poder Judicial.

Inició el proceso de organización del proceso electoral para las personas juzgadoras. El Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial emitieron tres convocatorias con hartas divergencias entre ellas. La respuesta de la ciudadanía interesada en presentar su candidatura fue preocupantemente lenta; sospechosamente y con opacidad total, en las últimas 72 horas se aceleró el proceso y se logró conseguir las candidaturas necesarias. Cada uno de los Poderes hizo una depuración para ver qué personas reunieron los requisitos que marcaba su propia convocatoria. El Poder Legislativo no sólo fue incapaz de cumplir con sus propios tiempos legales, tardíamente publicó una lista que más tarde sustituyo por otra, con muchas diferencias. Todo parece indicar que la transparencia del proceso de inscripción y depuración de candidaturas tampoco será fuente de legitimidad del nuevo Poder Judicial.

El INE inició la organización del proceso electoral judicial que, evidentemente, no tiene precedente; sin embargo, está obligado a cumplir con los mandatos de la legislación electoral que es la que sabe implementar. A partir de ahí hizo los cálculos del costo para solicitar el presupuesto, lo que comprende: instalación de consejos locales y distritales; adaptación de los programas cibernéticos para que funcione el PREP; capacitadores electorales; urnas, casillas y boletas (en papel seguridad); refrigerio para los funcionarios de casillas, mamparas para la votación secreta; y como sabemos un larguísimo etcétera de todas las cosas que han permitido que por más de tres décadas hayamos tenido elecciones de calidad.

Sin embargo y sin más razones que el austericidio, el partido oficialista decidió recortar el presupuesto a la mitad. Esto tendrá como consecuencia la adaptación de la organización a lo que ajuste el presupuesto. Podemos suponer reducciones drásticas en el número de casillas, contratación de la mitad de los capacitadores, boletas impresas en papel bond y no en papel seguridad, 50% de visitas a los ciudadanos insaculados para ser funcionarios de casillas y muchas otras decisiones tomadas bajo la presión de ahorrar a marchas forzadas sin estudios de viabilidad. No, las próximas elecciones de jueces no tendrán la calidad a la nos acostumbró el INE, así que esta tampoco será esta la fuente de legitimidad del nuevo Poder Judicial.

Como ya se dijo, el voto popular no es una máquina generadora de confianza y legitimidad. La disposición de la ciudadanía a respetar las leyes y las instituciones debe construirse. Hasta quienes jamás han leído a Nicolás Maquiavelo reconocerían fácilmente dos de las premisas fundamentales de El Príncipe: “Más vale ser temido que amado” y “El fin justifica los medios”. Para el florentino el deber más importante de un príncipe es imponer su voluntad, lograr que los súbditos obedezcan. Un gobierno tirano puede darse el lujo de no ser legítimo solo cuando es temido, la mayoría del pueblo debe creer en la capacidad de castigar a quién tenga la osadía de desobedecer al soberano. Con la finalidad de justificar al Poder Judicial reformado habrá que convencer al pueblo de su inevitable implementación.

La teoría política ha dedicado ríos de tinta para discernir sobre la primacía del consenso por encima de la coerción, la nobleza intrínseca en la construcción de acuerdos entre representantes y representados; las ventajas de la obediencia por convicción por encima de la sumisión por temor. Sin embargo, el partido oficialista, supuesto defensor de la reforma, ha dejado a los jueces electos próximamente sin más fuente de legitimidad que la fuerza, la coerción y la imposición. El Poder Judicial no será amado; en el mejor de los casos, será temido.