Hay quienes atribuyen a las encuestas electorales la capacidad de influir de manera decisiva en la voluntad de los electores a través de la presentación de resultados –inventados o reales- en los que uno de los competidores obtiene, desde meses o años previos al día de la elección, ventaja considerable. Se trata, en todo caso, de una indebida presión, disfrazada de información.

Quizá la influencia de las encuestas sea una leyenda urbana, pero en México lo que estamos viviendo es una tragicómica encuestolatría, que se practica desde el altar mayor de Palacio Nacional cada mañana. No pasa semana sin que el presidente, o sus voceros, pregonen a los cuatro vientos la supuesta popularidad que las encuestas le otorgan. Tales resultados son el incienso que como copal es quemado para rendir culto al Tlatoani, el más popular de la historia de México, el presidente con mayor aceptación en el ranking mundial, aunque de pronto algún dictador de otros lares le disputa el primer sitio.   

Las encuestas son, por decisión del  oficialismo, la voz del pueblo.

Por una encuesta el presidente López Obrador tomó la decisión de cancelar la obra del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Por otra encuesta, una empresa privada fue obligada a cancelar el proyecto de inversión para instalar una planta cervecera en Baja California. La devastación del ecosistema de la península de Yucatán y la destrucción del patrimonio histórico de la cultura maya, por la obra del tren en ese territorio, se justifica con encuestas y consultas.

El poder de las encuestas alcanzó su cénit al ser el instrumento por el cual dos candidatas a la presidencia de México en 2024 fueron seleccionadas, con tal antelación, violatoria de la ley, que ahora ni ellas, ni los partidos que las habrán de postular formalmente en febrero del próximo año, saben qué hacer en las semanas y meses siguientes. Será un ridículo, o una farsa, leer las encuestas que midan la popularidad de cada una de las ya candidatas, compitiendo con ellas mismas para ser lo que ya son, a partir del inicio de las precampañas en la tercera semana de noviembre.

Sin medir consecuencias ni reparar en efectos, Morena extendió el uso de encuestas para seleccionar a sus 9 abanderados para las elecciones de gobernador y de jefe de gobierno en la CDMX. El procedimiento devino en rosario de Amozoc, que hoy nadie sabe a ciencia cierta en qué habrá de terminar. Habiendo establecido en la convocatoria que entre 4 a 6 aspirantes, seleccionados por los comités estatales de Morena, serían considerados y evaluados en cada encuesta, la rebelión de los excluidos obligó a modificar la decisión. Hoy nadie sabe qué está ocurriendo con las encuestas estatales de Morena, ¿dónde las hacen, cuántos aspirantes son evaluados, qué preguntan a los entrevistados y cómo lo hacen?  La trágica noticia son los secuestros y asesinatos de encuestadores contratados por Morena, en Chiapas.

Usar las encuestas como aparador es la estratagema para ocultar las decisiones que en solitario toma el inquilino de Palacio Nacional, o los acuerdos a que en lo oscurito llegan los dirigentes de los tres partidos del Frente Amplio. Por una encuesta Xóchitl Gálvez es la candidata presidencial de la coalición opositora. Por varias encuestas –cuestionadas- Claudia Sheinbaum es la candidata presidencial de la alianza oficialista. Y por lo que han declarado en MC, una encuesta definirá al tercer candidato(a) presidencial para 2024. Ese es el poder que desde la presidencia y los partidos políticos se ha otorgado a los encuestadores y a las encuestas.

El resultado es catastrófico para la calidad y confiabilidad de las empresas encuestadoras. La mayoría de ellas disputan el favor y los recursos de gobiernos y partidos. El mercado de la demoscopia mexicana está distorsionado por la apabullante catarata de encuestas pagadas por partidos o aspirantes, que son difundidas como si fueran pagadas por algún medio de comunicación. La distorsión y manipulación informativa ha llegado a tal nivel que existen sitios de internet en que se difunden resultados, a gusto del cliente, de supuestos ejercicios del tipo “poll of polls” (suma de encuestas).

El miércoles 4 de octubre Xóchitl Gálvez subió en su cuenta de Twitter (X) un satírico comentario sobre dos encuestas. En una de ellas se le coloca a 54 puntos de distancia de Claudia Sheiunbaum (14 vs 68); otra encuesta, levantada una semana después de la primera, reduce la desventaja de la candidata opositora a 30 puntos (50 vs 20). Asiste razón a la hidalguense al burlarse de ambas encuestas. Pero el problema está ahí, como un elefante en la sala.

El engaño y la manipulación de encuestas deben ser denunciadas y sus autores exhibidos como lo que son: mercaderes al servicio del mejor postor.

El INE debe hacer cumplir la ley y los acuerdos del Consejo General en materia de encuestas electorales. (Artículo 213 de la LGIPE). En particular, debería requerir a las empresas que las realizan y a los medios que las difunden, la presentación inmediata del reporte de resultados de cada encuesta publicada o difundida. El reporte debe incluir la base de datos, el cuestionario utilizado, tal y como se presenta o lee a los entrevistados, y la comprobación del financiamiento de cada encuesta. ¿Quién paga? Esa información debe ser pública y estar al alcance de cualquier persona interesada. El INE debe actuar ya.

Me precio de conocer y tratar a encuestadores de larga data y reconocido prestigio; creo que deberían actuar para detener la espiral de engaño y descrédito en que ha caído una actividad que alguna vez pensamos importante para informar a la sociedad de los humores y preferencias ciudadanas, no para engañar y manipular a los electores.   

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