Muchos se preguntan cuál es el cálculo que hacen en el gobierno y su partido cuando anuncian que el miércoles 13 de abril, en plena semana santa y apenas tres días después de la consulta de revocación de mandato, llevarán al pleno en San Lázaro, para su votación, el dictamen de la iniciativa de reforma constitucional que en materia de energía eléctrica presentó el presidente en octubre del año pasado.

No me ocupo en este artículo del contenido de la iniciativa, ni del dictamen que, supuestamente, será presentado en comisiones el lunes 11 de abril. Atiendo solamente los cálculos numéricos y a partir de ellos los escenarios posibles de la votación del dictamen en el pleno.

Parto de una premisa: en política, el que no sabe contar, no cuenta.

Para que una reforma constitucional sea aprobada se requiere, primero, el voto a favor de las dos terceras partes en cada una de las cámaras del Congreso de la Unión. ¿Respecto de qué?: de los diputados o senadores que estén presentes en la sesión de cada cámara en que se vote.

Veamos los números para la Cámara de Diputados: si los 500 diputados estuvieran presentes, se requerirán, por lo menos, 333 votos a favor. Pero si están presentes solamente 251 diputados (el quórum mínimo para sesionar y votar es la mitad más uno del total), se requerirán, por lo menos, 167 votos a favor. Entre esos extremos las combinaciones posibles de votación, a favor y en contra, son múltiples.

Veamos primero el escenario con los 500 diputados presentes. El bloque del gobierno en San Lázaro tiene en total 277 votos. Le faltan 56 votos para que, en la hipótesis de que están presentes los 500, alcance los 333 requeridos como mínimo. Esos votos que le faltan al gobierno y su partido deberán provenir de uno o varios grupos de oposición, pero solamente los del PRI (71) o el PAN (113) pueden, por si mismos, darle 56 votos. MC y PRD, juntos o separados, no aportan ese número.

En otro escenario extremo Morena y sus aliados pueden alcanzar dos terceras partes, aunque no tengan un solo voto opositor. Para que esa posibilidad se concrete sería necesario que ningún diputado de las oposiciones asista a la sesión. En esa hipótesis le bastaría al gobierno y su partido que los 251 diputados que hacen quorum estén presentes, y una votación unánime a favor del dictamen, que en ese mismo extremo podría ser aprobado por 277 votos a favor de Morena-PVEM-PT, y cero en contra.

Pero si los grupos parlamentarios de oposición deciden asistir a la sesión del miércoles 13 de abril, como todo indica que lo harán, el mejor escenario para el gobierno y su partido es tener asegurados sus 277 votos, y que las oposiciones reúnan un máximo de 138 diputados presentes, e igual número de votos en contra. Tendríamos entonces que, de un total de 415 votos emitidos, 277 (66.74%) serían a favor y 138 en contra (33.25%). Requisito cumplido. Habría reforma constitucional en materia de energía eléctrica, que una vez aprobada en la Cámara de Diputados pasaría al Senado “para sus efectos constitucionales”. (De lo que me ocuparé, en su caso, el jueves 14 de abril.). Pero si los votos en contra son 139 o más, el gozo se irá al pozo. No habrá reforma.

¿Cuál es la cuenta del gobierno y su partido?

Que los 277 diputados de su bloque asistan a la sesión del 13 de abril.

Que los grupos de oposición tengan un máximo de 138 diputados en la misma, o en la otra cara de la moneda, que no asistan a la sesión 85 diputados de esos grupos.

Por cada diputado opositor adicional, que asista y vote en contra, se aleja el porcentaje requerido para poder aprobar la reforma constitucional. En sentido inverso, por cada diputado opositor que no asista, el éxito del bloque gobernante se reflejará en un porcentaje mayor al constitucionalmente requerido. Siempre bajo la condición que los 277 votos a favor del gobierno estén presentes en la sesión. Por cada uno que les falte, se aleja la posibilidad de aprobar el dictamen.

En síntesis: la apuesta del gobierno y su partido en San Lázaro es que todos sus diputados estén presenten y a las oposiciones les falten 85, o más.

Sesionar el miércoles de semana santa es un factor que aumenta el grado de dificultad, para ambas partes. En la agenda de sesiones, aprobada en febrero pasado, esa semana aparece sin sesiones plenarias. Aunque para convocarlas Morena y sus dos aliados tienen en la JUCOPO los votos suficientes, como los tienen para aprobar en comisiones el dictamen.

Cabe dejar establecido un escenario que, aunque hoy parece remoto, es plausible. Me refiero a que en Palacio Nacional admitan algunos cambios que las oposiciones (PAN/PRI) han planteado, y así se abra el camino a la aprobación unánime, o casi.

Un apunte final. Persiste la incógnita de lo que resuelva la Corte la próxima semana cuando entre a conocer y resolver sobre las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales interpuestas contra la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, fuente del pleito que obliga a hacer cuentas y más cuentas.