La desinformación es una amenaza latente en las elecciones, la cual muchas veces se acentúa por la opacidad o hermetismo en las decisiones de las autoridades electorales. En este contexto, la exigencia ciudadana por información completa, oportuna y confiable sobre cómo se desarrollan los comicios, las medidas que se adoptan y el impacto de estas adquiere una relevancia particular. Así, las garantías que se derivan del derecho al acceso a la información facilitan la rendición de cuentas y permiten que las personas votantes, partidos políticos y medios de comunicación tengan mayores certezas sobre la transparencia e integridad de las elecciones y cuenten con las herramientas tanto para ejercer control político y social sobre la actuación de las autoridades electorales, como para hacer frente a la desinformación.

Con el acelerado impacto de la tecnología en las elecciones estos desafíos son mayúsculos. Hacerles frente requiere de autoridades electorales que avancen al ritmo que marca la tecnología, lo que implica desarrollar una mayor capacidad técnica e infraestructura que garantice la seguridad y funcionamiento de las tecnologías que son contratadas o desarrolladas, pero sobre todo de la adecuación y/o implementación de mecanismos que permitan el acceso a esa información, sin que se impongan restricciones desproporcionadas, injustificadas e innecesarias.

De manera particular, en los comicios de Congreso de la República de Colombia realizados en el 2022, se generaron cuestionamientos debido a la poca información brindada por la Registraduría Nacional del Estado Civil sobre la contratación, desarrollo e implementación de diversas soluciones tecnológicas, lo que, sumado a las fallas en los resultados preliminares y la ausencia de auditorías, afectó la confianza ciudadana en el proceso y las preguntas sobre un posible fraude electoral no pararon. Aunque, finalmente, en la etapa de consolidación definitiva de las votaciones (cómputos, en México), se efectuaron las correcciones y los resultados fueron ampliamente aceptados; esta situación pudo tener un mejor manejo si la autoridad hubiese (i) entregado información oportuna para despejar las dudas, muchas sobre las cuales aún no se tiene respuesta, y (ii) dispuesto de un plan que permitiera el desarrollo de auditorías externas e independientes, e incluso a través de la divulgación de los resultados y hallazgos identificados por las firmas auditoras contratadas por las autoridades. Esto último continúa siendo una caja negra sin mayores controles ciudadanos.

En México, la organización Red en Defensa de los Derechos Digitales solicitó al Instituto Nacional Electoral (INE) información sobre los resultados de las pruebas de seguridad y operatividad del sistema de votación por internet desde el exterior. La autoridad negó esta solicitud, debido que, a su juicio, este tipo de información ponía en riesgo las elecciones, por lo cual justificó la reserva con la Ley de seguridad nacional. Ante esta negativa, acudieron ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), quienes respaldaron la decisión del INE de reservar por cinco años esa información. Finalmente, en las últimas semanas de abril de 2023, una autoridad judicial, determinó que la decisión del INAI violaba el derecho al acceso a la información y el principio de máxima publicidad.

La conclusión a la que llegó el Tribunal es importante porque recordó que toda restricción de acceso a la información, especialmente cuando se acude a la cláusula de seguridad nacional, debe estar justificada. Pero, además, le ordenó al INAI emitir una nueva decisión la cual debería demostrar el riesgo al interés público o seguridad que se deriva de la publicidad de los resultados de las pruebas del sistema y sustentar la reserva de esa información.

Esta no es una discusión exclusiva de México, debido que uno de los principales argumentos para restringir el acceso a cierta información en los procesos electorales es la protección de la seguridad nacional. Por lo tanto, la importancia del mencionado pronunciamiento radica en la obligación que tienen las autoridades de tomar decisiones razonables, fundamentadas y proporcionadas para que estas sean legitimas y acordes con el derecho al acceso a la información.

Adicionalmente, controversias como estas tienen otro tipo de impacto y es el llamado a que estas discusiones y decisiones en materia electoral no se quedan en un nivel cerrado en el que solamente participan y conversan las autoridades electorales y, en su caso, empresas que proveen los servicios; limitando el acceso a la sociedad civil, organizaciones políticas y misiones de observación electoral, solo por poner un ejemplo. En sentido similar ha ido avanzado el Tribunal Superior Electoral de Brasil (TSE), pues pese a las desconfianzas y naturales vulnerabilidades de los sistemas tecnológicos, recodemos que ninguno es completamente infalible, el TSE ha adecuado mecanismos para que participen auditores y puedan hacer las pruebas al sistema de votación electrónica. Esta medida también ha estado acompañada de campañas para contrarrestar la desinformación que transita sin control a través de las redes sociales. Son buenas prácticas de las que muchos países de la región podrían aprender.  

Otras prácticas que pueden contribuir a mejorar el acceso a la información es la adopción de políticas institucionales de datos electorales abiertos. Algunas autoridades electorales como las de Perú, Costa Rica y México, muestran enormes avances en esta materia, al haber adecuado sus sistemas para que la ciudadanía pueda acceder y descargar información que permite su procesamiento y reutilización. Su divulgación proactiva facilita el trabajo de la sociedad civil y medios de comunicación, pues permite que a partir de ella se presenten recomendaciones, pero además su transparencia activa posibilita un adecuado control ciudadano con mayores y mejores datos.

Sumado a esto, las autoridades electorales deben realizar un cambio institucional y cultural para entender que cualquier cuestionamiento y solicitud de información es un derecho legítimo ciudadano y que parte de la necesidad que se tiene de que los resultados obedezcan a la voluntad de las personas votantes. Esto debe llevar a procesos democráticos y abiertos para que se conozcan las decisiones de las autoridades y las razones detrás de ellas. La gran cantidad de desinformación que rodea los procesos electorales en la actualidad debe ser enfrentada por las autoridades con mayor información clara, precisa y accesible. No debe ser acentuada por el hermetismo de las autoridades, que están llamadas a reducir y no profundizar las asimetrías en el acceso a la información, como también a traducir en lenguaje sencillo los tecnicismos que se desprende la incorporación de la tecnología en las elecciones.

Ante esa situación, resulta pertinente hacer una analogía al eslogan adoptado por el periódico estadounidense The Washington Post “Democray Dies in Darkness” (“La democracia muere en la oscuridad”). Las elecciones mueren en la oscuridad si las instituciones electorales no se adapten de manera rápida y contundente para responder a las exigencias de información necesarias para mantener la integridad y la confianza electoral.