Con el proceso electoral 2020–2021 se cierra un ciclo completo de aplicación de las reformas constitucional y legal de 2014 que pusieron en marcha el nuevo sistema nacional de elecciones. En estos seis años se han renovado los poderes que se eligen, federales y locales, y se han debido aplicar –prácticamente– todas las atribuciones que la legislación le otorgó a las instituciones electorales (nacional y locales). En este lapso, el sistema nacional de elecciones ha mostrado su fortaleza y capacidad de adaptación a las modificaciones legales vigentes.

El próximo año habrá comicios en todo el país. Se renovarán 15 gubernaturas y 30 congresos locales (eligiendo un total de 1,063 diputadas y diputados estatales), además de 1,926 ayuntamientos y juntas municipales también en 30 entidades:

• Gubernaturas: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.
• Congreso local en 30 entidades: excepto Coahuila y Quintana Roo.
• Ayuntamientos y alcaldías en 30 entidades: excepto Durango e Hidalgo.

Además, en cuatro entidades se elegirán también diversos cargos de autoridades en un nivel de desagregación al interior de los municipios: juntas municipales en Campeche, sindicaturas en Chihuahua, regidurías en Nayarit y presidencias de comunidad en Tlaxcala.

Cabe destacar que diez entidades dispondrán de lo necesario para el voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero: para las gubernaturas de Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, así como el diputado migrante de Jalisco.

En cuanto a los retos que los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) habrán de enfrentar en el proceso venidero, es pertinente señalar que este año 2020 ha estado marcado por una intensa actividad legislativa estatal en materia electoral con temas de diversa índole, destacando aquellas que modifican el inicio de los procesos electorales, en su mayoría para que se inicien en 2021, o bien, para retrasar o adelantar unos meses. En otros casos, las modificaciones han ido más allá y han implicado modificaciones sustanciales a la logística de las elecciones, por ejemplo, moviendo las fechas de instalación de los órganos desconcentrados para más allá de enero de 2021 (Chiapas) o eliminando, de un plumazo, las instancias municipales de organización y calificación de la elección (Veracruz).

En este rubro habrá retos interesantes qué resolver dado que, al recorrer el inicio de los procesos a enero de 2021 se amplió, a su vez, el plazo para continuar modificando las reglas –para efectos prácticos hasta el mes de septiembre próximo–, por lo que los ople deberemos estar atentos y dispuestos a ajustar lo planeado para atender posibles cambios en las previsiones hechas hasta el momento; además de que, actualmente, varias de las reformas efectuadas han sido objeto de la presentación de sendas acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que añade más posibilidades de ajuste al panorama.

Podríamos dividir los retos a enfrentar clasificándolos en dos categorías: previstos e imprevistos. Entre los primeros destacaría los mecanismos para hacer efectiva la paridad de género en la postulación de las candidaturas, el combate a la violencia política contra las mujeres por razón de género, las disposiciones para hacer efectiva la reelección y las anunciadas restricciones presupuestales; en lo imprevisto, me limitaré a referir las implicaciones que tendrá –en nuestros comicios– la presencia del COVID-19 en nuestras vidas. Procedo a detallar cada rubro. En cuanto a la paridad de género en la postulación de candidaturas, los ople hemos tenido experiencias exitosas en procesos pasados;1 no obstante, en 2021 habremos de aplicar las normas que en cada entidad se hayan modificado para armonizar el marco legal estatal con la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 13 de abril, en lo que toca a diversas leyes generales con la finalidad de prevenir, erradicar, atender y sancionar la violencia política contra las mujeres en razón de género.1 Toda aplicación de un nuevo marco legal electoral tiene implicaciones políticas a considerar, y más en este tema que ha ocasionado inconformidades de una parte de las militancias de los partidos, las que probablemente buscarán algún resquicio en la norma para intentar frenar los avances en este sentido.

En todas las entidades se han dado pasos en pos de mejorar las condiciones para la competencia política de las mujeres en condiciones más justas. Algunos de estos pasos han sido más cortos y otros más largos, pero todos han sido hacia adelante; estoy cierto que en los ople estamos comprometidos en mantener esta ruta. A principios de agosto, la Sala Superior ordenó al Congreso de Nuevo León legislar y emitir cuanto antes la normativa relacionada con paridad y la violencia política en razón de género en la Ley Electoral local, así como en los ordenamientos legales que estime pertinentes, para cumplir así con el mandato constitucional en la materia y determinó que –dado que dichas disposiciones no resultarían aplicables para esos comicios–, vinculó a la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León para que emitiera los lineamientos correspondientes para hacer efectiva la protección de los derechos de las mujeres en los próximos comicios. Esta sentencia, novedosa e inédita, implica para los ople la posibilidad de generar normatividad sobre estos temas ante una omisión legislativa similar en otra entidad; viene bien y muestra que el sistema nacional electoral actuará para evitar vulneraciones a lo legislado en la materia.

En lo que concierne a la reelección, habrá también nuevas reglas en varias entidades; esto implicará, necesariamente, ajustes en las medidas que tomamos para procesar el tema en 2018. En muchos casos, enfrentamos aquella elección sin leyes locales que reglamentaran el tema y tuvimos que avanzar, a golpe de acuerdos e impugnaciones, para hacer efectiva la opción que se estableció en las constituciones de los estados para permitir la elección consecutiva de legisladores e integrantes de ayuntamientos. Seguramente con nuevos marcos legales podremos resolver mejor las controversias que se presenten.

A las previstas restricciones presupuestales que habremos de enfrentar en 2021 se nos ha sumado el factor más relevante de lo no previsto: la pandemia. La contracción económica anunciada por los especialistas –como consecuencia del COVID-19– se sumará a la necesidad de prever la obtención de medios para garantizar la seguridad en materia de salud de las personas que habremos de participar en la preparación de la elección y de la propia jornada electoral y el procesamiento de los resultados.

Tenemos plena conciencia del imperativo de preparar, como se ha venido haciendo desde hace años, presupuestos ajustados a la realidad nacional, garantizando que el ejercicio de los recursos se apegue a la normatividad sin afectar un ápice de la calidad con que solemos organizar las elecciones en nuestros estados. Esto es un desafío importante: encontrar la manera de erogar menos recursos sin dejar de hacer y de disponer de lo necesario para garantizar comicios íntegros con los altos estándares de calidad a que estamos obligados. En este tema, el uso de la tecnología y la revisión de procedimientos acordes al siglo XXI serán fundamentales.

Respecto del gran reto no previsto, la pandemia por COVID-19 y sus implicaciones para los procesos electorales en México, es pertinente mencionar que nos estamos preparando a conciencia, investigando y dando seguimiento a lo hecho en materia electoral en otros países de la región y del mundo. Por ejemplo, en la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas se organizó un foro que, con el título Proceso Electoral 2020-2021 en el contexto de la pandemia. Desafíos logísticos y operativos, ha acercado a consejeras y consejeros de los ople la visión de especialistas nacionales y extranjeros sobre diversos temas en los que tendremos que prever ajustes a los procedimientos que hemos desarrollado hasta hoy para organizar y preparar las elecciones que, en nuestro país, se caracterizan por reunir grupos amplios de personas y que el material electoral pase por muchas manos antes de su utilización.

También estamos muy atentos al desarrollo de los procesos electorales de Coahuila e Hidalgo de este año, para conocer lo que están haciendo en esas entidades, y para apoyarles en lo que podamos para la conclusión exitosa de sus procesos en las mejores condiciones. Los ople de esas entidades ya han generado materiales y protocolos que estamos adaptando a nuestras realidades estatales a fin de aprovechar su experiencia en el camino que han de andar antes del resto de nosotros.

En suma, me parece que los ople –en el marco del sistema nacional de elecciones– cuentan con gran experiencia acumulada, previa y posterior a 2014, y han demostrado solvencia para resolver las elecciones locales a partir de sus propias condiciones y contextos sociopolíticos.

Me atrevo a afirmar que estamos en la ruta: encaminados a preparar todo para que la ciudadanía de nuestros estados encuentre cerca de su domicilio, el próximo 6 de junio, las boletas necesarias para elegir a quien la gobierne y la represente, y a las instituciones listas para garantizar el respeto de la voluntad popular.