De previo y especial pronunciamiento: hasta que concluya el proceso electoral en curso, quizá en agosto o septiembre de 2024, no es posible que haya cambios en las normas electorales. Los apuntes siguientes son más una ayuda de memoria de futuro. Para la reforma que vendrá.

Contra lo que sostiene la opinión pública, el ciclo de reformas electorales en México no está asociado a la secuencia de los procesos electorales federales. Entre la primera reforma (1977) y la siguiente (1986) pasó casi una década. La segunda rigió para una elección, la de 1988. Luego el cambio se aceleró. De 1990 a 1996 hubo 4 reformas constitucionales electorales de gran importancia. Luego pasaron otros diez años sin tocar la Constitución en esa materia. En 2007 y 2014 tuvimos otras 2 reformas.

Aunque la tendencia ha sido progresiva e incremental, no es una línea recta. Han habido pruebas, errores, y hasta experimentos fallidos, como en 1993. Las reglas electorales han sido producto de experiencias y balances. También hubo, como en 2014, cambalaches: la energética por la electoral. Lo positivo fue la voluntad de dialogar y avanzar, de responder a las coyunturas críticas con reformas, no con violencia. Esa fue la ruta que en 2023 el presidente y su partido quisieron torcer para regresar al patrón de reformas impuestas desde el poder, algo que el PRI no hizo en el periodo que transcurrió de 1977 al inicio del fin de su hegemonía, en 1997.

Durante las sucesivas reformas el hilo conductor fue evaluar lo que funciona, para fortalecerlo, y lo que no funciona, para cambiarlo. Pongo dos ejemplos. La autoridad electoral administrativa, heredada de la época de predominio del PRI, reventó en 1988, cuando se calló el sistema. En 1990 la Comisión Federal Electoral fue sustituida por el IFE, al que en 1996 se le dotó de autonomía constitucional. En 2006 la indebida injerencia de las televisoras y los organismos empresariales en la contienda presidencial, sumado al resultado, provocó una crisis que debió ser enfrentada en 2007 con cambios drásticos, entre otros en el modelo de acceso a radio y TV por los actores políticos y los poderes fácticos.

En la reforma de 2007 también se puso en la mesa el tema de la duración de las campañas electorales. Vicente Fox inició la suya para la presidencia de México en la segunda mitad de 1997. Conducta similar siguió López Obrador para su primera campaña presidencial, la de 2006. Los partidos decidieron, en la reforma de 2007, acortar el periodo de campaña presidencial a 90 días, y regular y acotar las precampañas, a fin de evitar que por ausencia de ley se repitiera la adelantada salida de aspirantes. Pusieron plazos, reglas y sanciones.

En las elecciones de 2009 a 2021 el modelo más o menos funcionó. Partidos y gobiernos, con sus bemoles, lo respetaron. El quiebre no vino de los partidos, sino del presidente de México, que poco después de concluida la elección de 2021 decidió adelantar el proceso de su propia sucesión y brincarse las trancas. Lo demás es historia demasiado reciente como para que requiera contarla aquí.

Por mandato de ley, que el TEPJF debió hacer valer ante el INE, las precampañas federales darán inicio el 20 de noviembre de este año. Pero desde hace varias semanas dos mujeres recorren el país como candidatas de facto a la presidencia de México. ¿Qué precampaña van a hacer?

Esta semana Morena anunciará los ganadores de sus encuestas para obtener las candidaturas a gobernador(a) y para la jefatura de gobierno de la CDMX. Solo quedará por saber cuáles entidades serán para hombres y cuáles para mujeres. Eso lo decidirán después, en tanto que la selección de candidatos a senadores y diputados nada tendrá que ver con el concepto de precampaña. Tanto para las dos coaliciones como para MC precampaña es igual a encuesta.

Lo que se decidió en 2007 no funcionó. Cabe aplicar a la precampaña el refrán popular: “solita se murió, y entre todos la mataron”. Tomemos nota para la reforma que viene.

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