En este trabajo presentaremos algunos de los retos que enfrentarán las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación [TEPJF] en los procesos electorales 2023-2024: la violencia en las elecciones, la inteligencia artificial y la contención al uso de los recursos públicos en la competencia electoral para garantizar el principio de equidad y, por tanto, el voto libre.

Si bien nos enfocaremos en estas cuestiones como retos que enfrentarán las salas regionales del TEPJF, no son exclusivos de dicho tribunal, ni siquiera de los tribunales y autoridades electorales. Los retos que estos organismos enfrentan amenazan al sistema democrático mexicano en su conjunto, a los partidos políticos, a las personas candidatas, a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general.

Por ello, agradecemos el espacio que nos brinda Voz y Voto para reflexionar, en colectivo, en torno a estos retos: ¿qué podemos hacer para enfrentarlos?, ¿cómo prepararnos para ello? Quienes no forman parte del TEPJF ¿pueden hacer algo para contribuir a superar estos retos de manera óptima?

1. Violencia

Violencia en los procesos electorales. En México hay diversas organizaciones que reportan el aumento de la violencia durante los procesos electorales.¹ Según Etellekt, en las elecciones 2020-2021 hubo 152 personas políticas asesinadas, cuarenta y ocho eran aspirantes a una candidatura u ostentaban una candidatura. En las elecciones 2020-2021 fueron 102 las personas asesinadas, treinta y seis aspirantes o personas candidatas; además, se asesinó a 108 personas servidoras públicas sin militancia y cuatro personas funcionarias electorales.²

En el comunicado de prensa de la Organización de Estados Americanos [OEA] en que dio a conocer su informe preliminar de las elecciones cuya jornada se celebró en 2021, indicó su preocupación por la violencia extrema que afecta a la política mexicana, señalando que “la principal amenaza al proceso electoral han sido los altos niveles de violencia, incluyendo el asesinato de candidatas y candidatos, precandidatas y precandidatos, funcionarios públicos, equipos de las campañas, así como de familiares de estas personas”.³

Ese año, tres partidos políticos –coaligados– acudieron a impugnar la nulidad de la elección de la gubernatura de Michoacán, entre otras razones, por la violencia cometida por el crimen organizado. Al resolver esas impugnaciones la Sala Superior del TEPJF analizó por primera vez el impacto de la violencia ejercida por el crimen organizado en una elección, y si bien determinó que estuvo acreditada la incidencia de la violencia en el proceso electoral, también sostuvo que no fue de la magnitud suficiente como para declarar la nulidad de la elección.⁴ 

No podemos dejar de mencionar que además de la violencia causada por el crimen organizado, en México existe otro tipo de violencia que amenaza la democracia: la Violencia Política contra las Mujeres por Razón de Género [VPMRG] que puede llegar a ser de tal trascendencia en los procesos electorales que afecte la validez de las elecciones, como sucedió en dos casos durante los procesos electorales 2020-2021.⁵

Esto acontece, pues la VPMRG no sólo afecta a las candidatas violentadas y a sus familias, sino que también tiene un impacto en el electorado, pues, derivado de esa violencia contra las mujeres, pueden llegar a enfrentarse opciones electorales que no compiten en una contienda equitativa y, consecuentemente, presentar sesgos que trascienden al ejercicio de un voto informado –como premisa fundamental del voto libre–.

La VPMRG contra candidatas y la violencia ejercida durante los procesos electorales en México contra personas políticas,⁶ el funcionariado electoral y personas cercanas a estas, es un reto que enfrentamos como sociedad, pues amenaza la premisa fundamental de la democracia: el derecho a elegir de manera libre y periódica a quienes nos gobernarán y representarán. En caso de que se llegue a impugnar la validez de alguna elección por la comisión de actos violentos, los tribunales electorales deberán determinar si la violencia ejercida es de tal magnitud que hubiera trascendido a los resultados electorales y, de ser así, si fue determinante para estos, o no.

A pesar de que la declaración de nulidad de una elección es la máxima sanción en la materia electoral –por sus implicaciones–, puede implicar la salvaguarda del derecho de la ciudadanía a elegir a sus gobernantes y representantes en procesos con integridad electoral que permitan el voto libre, secreto y periódico, garantizando la transmisión democrática y pacífica del poder.

2. Inteligencia artificial

La inteligencia artificial es un tipo de tecnología capaz de desarrollar procesos semejantes a los desarrollados por los seres humanos. Si bien la inteligencia artificial cobró auge recientemente con el desarrollo del sistema llamado “Chat GPT”, que puede dialogar e interactuar con las personas, no es nueva, ni reciente y ya ha sido empleada en procesos políticos previamente.⁷

En efecto, como relata Brittany Kaiser en su libro Targeted,⁸ la empresa Cambridge Analytica fue capaz de interferir en 2016 en el referéndum del Reino Unido que definió el llamado Brexit, y en la elección de Donald Trump en los Estados Unidos de América,⁹ mediante el uso de algoritmos y la microfocalización, lo que permite identificar ciertos sesgos de cada persona en sus redes sociales para intentar manipularle mediante su exposición a propaganda específicamente diseñada para ello.¹⁰

Recientemente, en la Ciudad de México hubo una polémica en medios de comunicación y redes sociales en torno a un audio que se difundió como expresado por Martí Batres Guadarrama,¹¹ audio que él mismo desmintió diciendo que había sido elaborado con inteligencia artificial y que no era real.¹² Los posibles usos de la inteligencia artificial son variadísimos, desde el uso de algoritmos y campañas con microfocalización, hasta la creación de audios o videos falsos, la intervención de comunicaciones, el espionaje digital, la suplantación de identidades, etcétera.

La inteligencia artificial puede ser utilizada de manera sutil –con el ánimo de que las personas a quienes se dirige su uso no lo sepan– o de manera clara, por ejemplo, mediante el uso de montajes de imágenes o audios en que las personas afectadas de manera directa son plenamente conscientes de su uso. Los retos que esto plantea para la democracia son igualmente muy variados: como integrantes de nuestra sociedad, ¿cómo saber con absoluta certeza si alguna imagen o audio que se difunde en medios de comunicación o redes sociales es verdadero o fue creado con inteligencia artificial? Esto puede ser de la mayor trascendencia si pensamos en la importancia de estar bien informados e informadas a fin de decidir nuestro voto. El impacto de esta respuesta puede ser mucho más complejo si quien se enfrenta a ella es un tribunal y esa cuestión es relevante para resolver un juicio en el marco de un proceso electoral.

El uso de la inteligencia artificial en los procesos democráticos implicará sin duda retos importantes para las autoridades electorales, pero también para la ciudadanía y los medios de comunicación. Todas las personas que integramos la sociedad mexicana debemos informarnos respecto a sus posibles usos y estar alertas para procurar que los procesos electorales que están comenzando se desarrollen en un ambiente de integridad electoral que nos permita garantizar la vigencia de los principios rectores de nuestra democracia.

3. Contención al uso de recursos públicos

El uso de recursos públicos en las elecciones es grave y por ello es una causa de nulidad de elección de índole constitucional. Sin embargo, la entrega de recursos públicos a través de los programas sociales, por sí misma, no es un problema; se vuelve conflicto cuando se usa con fines electorales. En 2018 el tema estuvo presente en la declaración de la nulidad de una elección donde se puso en tela de juicio si el diseño en el ejercicio de determinado gasto público tenía una finalidad electoral y si eso había determinado el resultado.¹³

La intención de sacar ventaja electoral siempre ha estado presente y las fórmulas para hacerlo a través del ejercicio del gasto se han vuelto más sofisticadas y difíciles de probar. Sin duda se trata de malas prácticas que afectan la integridad electoral. La atención especial en este proceso electoral es por la magnitud de la derrama económica a través de programas sociales.

Los retos en ese tópico para tener procesos electorales con integridad electoral son la demostración de la irregularidad electoral y la difícil construcción argumentativa para justificar cómo el uso de recursos públicos dio una ventaja electoral a determinado partido o candidatura –de ser el caso–, que resultó definitoria en el resultado, particularmente porque en esos casos hay ausencia de prueba directa, y generalmente sólo se aportan indicios; en el entendido de que es prácticamente imposible saber si la dádiva electoral fue lo que determinó el sentido del voto de una persona.

Conclusiones

Hemos expuesto muy brevemente algunos de los retos que afrontarán las salas regionales del TEPJF en los procesos electorales 2023-2024 [federal y locales], que no sólo son históricamente más numerosos y complejos por la cantidad de cargos a elegir, sino que ocurren en un marco de alta polarización política y social en donde parece ser que partidos, candidaturas y la sociedad en general se juegan no sólo el resultado electoral, sino el rumbo del país para los próximos años mediante la selección de la opción política que gobernará a México, la mayoría de los estados y municipios de nuestro país con una determinada visión, así como la definición respecto a la integración de los congresos federal y locales, la cual es fundamental por la función que constitucionalmente les corresponde como un poder autónomo encargado de aprobar las leyes que nos rigen y el presupuesto público, así como la designación de muchos de los cargos de las personas titulares de diversos órganos fundamentales para la democracia mexicana.

Tenemos la certeza de que se pondrá el máximo grado de exigencia sobre las autoridades electorales, bajo un régimen normativo que limita muchos aspectos de la competencia electoral y que ya resulta incómodo –por decir lo menos– para muchos gobiernos,¹⁴ personas actoras políticas y medios de comunicación, entre otros y otras participantes.

El reto seguirá siendo que con su actuación las salas del TEPJF contribuyan al fortalecimiento de la democracia mexicana en un contexto donde comienza a decrecer el compromiso democrático de algunos actores y actoras políticas, medios de comunicación y de la ciudadanía.