Esta semana la presidenta del Perú, Dina Boluarte, cumplirá 100 días de gobierno. Su llegada al poder se dio en uno de los puntos más álgidos de la crisis política que libra el Perú. Pedro Castillo terminó abruptamente su gobierno en un mensaje a la nación en el que dispuso la disolución del Congreso y la reorganización del Poder Judicial, el ministerio público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional.

El día del golpe de Estado estaba prevista la votación para declarar la vacancia por su permanente incapacidad moral debido a serias imputaciones que lo comprometían en actos de corrupción. A esa hora no se contaban con los 87 votos, pero los hechos gatillaron 101 votos. Así Boluarte se convirtió en la primera presidenta del Perú, con una clarísima legitimidad de origen, de acuerdo con la Constitución. Al llegar a los cien días, su popularidad resulta ser la más baja entre los seis presidentes que el Perú ha tenido en los últimos 5 años, cercana al 20%. Al Congreso no le va mejor pues registra una aprobación aún menor.

Los problemas de gobernabilidad democrática que enfrenta el país se reflejan en el descontento ciudadano con el funcionamiento de las instituciones y el bajo apoyo a la democracia. A ello ha contribuido el conflicto entre poderes del Estado, la percepción de corrupción en la política y la insatisfacción con los servicios públicos. Por este motivo, se propuso el anticipo de elecciones y algunas reformas al sistema político.

El recorte de mandato y elecciones anticipadas no están previstos en la Constitución por lo que se requería una reforma constitucional. Se llegó a un frágil acuerdo en la primera votación, en medio de violentas manifestaciones, la respuesta del Estado que decretó estado de emergencia en todo el territorio nacional y la lamentable perdida de más de medio centenar de muertes. No hubo segunda votación. Las elecciones anticipadas no eran una solución a la crisis, pero podían contribuir a una salida. Como explica Przeworski, las elecciones democráticas procesan de manera pacífica los conflictos sólo cuando los partidos políticos logran estructurarlos y canalizar las elecciones políticas hacia los comicios. Sin embargo, los partidos políticos peruanos son poco representativos y débiles.

Las manifestaciones por ahora no cesan, pero se dan en una menor escala. El sur manifiesta el mayor descontento, mientras que el norte sufre los embates de la naturaleza con intensas lluvias. En el Congreso, la agenda de reformas está en debate. El tema de la reforma política ha sido recurrente: desde 2001 se impulsaron diferentes procesos de reformas. Por ello, en las investigaciones publicadas por Flavia Freidenberg, el Perú es calificado como hiperactivo en la aprobación de reformas. En este nuevo proceso, las reformas que forman parte del debate público son las siguientes:

El retorno a la bicameralidad. Contra la tradición histórica, el Perú tiene un congreso unicameral desde hace 30 años. Desde 2001, se ha debatido el retorno a la bicameralidad sin que se haya logrado aprobar. El congreso peruano tiene 130 congresistas, elegidos en 27 circunscripciones. La ratio entre representantes y población es de 257 mil electores, casi el triple que Uruguay, Bolivia y Chile. 

El restablecimiento de la reelección parlamentaria inmediata. Mediante un referéndum, en el 2018, se aprobó la prohibición de reelección inmediata. La tasa de reelección inmediata desde 2001 fue en promedio de 20%. En otras palabras, lo que hubo fue renovación en un contexto de alta volatilidad electoral. Ambas reformas constitucionales cuentan con algún nivel de consenso político y apoyo académico, pero resultan muy impopulares entre la ciudadanía.

Juicio Político. La Constitución peruana blinda al presidente durante su mandato, pues este no puede ser acusado durante el ejercicio del cargo, salvo por cuatro causales que no incluyen el de corrupción ni otros delitos graves. Por ello, se recurre a la figura de la permanente incapacidad moral. Asimismo, se ha propuesto incorporar un proceso de impeachment, similar al que tienen otras legislaciones de la región.

La polarización y fragmentación en el Congreso hacen poco probable que se logren los votos para aprobar las reformas o el anticipo de las elecciones. Boluarte ha logrado una frágil alianza en torno a los sectores conservadores, mientras que su principal oposición son los congresistas que fueron elegidos por el mismo partido que ella.