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Migración

La tragedia ocurrida en San Antonio, Texas, con saldo de más de 50 personas migrantes muertas por hacinamiento dentro de la caja del tráiler en que fueron transportadas en Estados Unidos, vuelve a poner de manifiesto el fracaso de la política de migración de ambos gobiernos. El de Estados Unidos y el de México.

Solo a un sujeto con la insania del gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, le parece legítimo lucrar electoralmente con la tragedia y culpar al presidente Joe Biden de la misma. En todo caso, es a Donald Trump y al Partido Republicano a quienes corresponde la mayor responsabilidad por la situación de parálisis en que se encuentra la política migratoria en el Congreso de Estados Unidos.

Desde que Trump amenazó al gobierno de México con imponer sanciones económicas por los flujos migratorios y obtuvo como respuesta la militarización de la política y las instituciones migratorias de nuestro país, en ambos lados de la frontera la situación va a la deriva, con pingues beneficios para los traficantes de personas y grave daño a los derechos humanos de los migrantes, tanto mexicanos como extranjeros.

Desde que en septiembre de 2019 en México se tomó la decisión de entregar, sin cambiar la ley, la conducción de la política migratoria a la Secretaría de Relaciones Exteriores, creando la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria y pasando –de facto- el control del Instituto Nacional de Migración (INM) a esa Secretaría (Ver DOF 19/09/2019) y a la SEDENA, nuestra política migratoria se caracteriza por el enfoque de contención y persecución contra las personas migrantes, bajo el control y mando directo de elementos militares dentro del INM. Hoy en día, casi todos los delegados de ese instituto, en los estados y en los puntos de entrada y salida del territorio nacional, son militares, retirados o con licencia.

Desde los acuerdos Ebrard-Pompeo, primero en la CDMX y luego en Washington, a mediados de 2019, la política migratoria del gobierno de México se diseña y opera con enfoque y mando militar, lo que ha traído costos enormes para los derechos humanos de las personas migrantes, generando y alimentando, como daño colateral, según las evidencias disponibles, una mayúscula red de corrupción dentro del INM.

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal asigna a la Secretaría de Gobernación las facultades para “Formular y conducir la política migratoria y de movilidad humana, así como vigilar las fronteras del país y los puntos de entrada al mismo por tierra, mar o aire, garantizando, en términos de ley, la libertad de tránsito, en coordinación con las demás autoridades competentes.” (Artículo 27, fracción V). Sin embargo, desde julio de 2019, esa disposición es letra muerta, pese a que en la SEGOB aún existe una subsecretaría de “Derechos Humanos, Población y Migración”.

El gobierno de México tiene una responsabilidad ineludible por la tragedia en San Antonio y frente a las familias de los más de 50 migrantes muertos en esa caja siniestra, la mayoría de ellos connacionales. Esa responsabilidad ni se cubre ni se resume con pagar el traslado de los restos de los fallecidos, o asesorar a sus afligidos familiares para facilitar los trámites. Esa responsabilidad es por continuar aplicando la misma política migratoria que Donald Trump impuso en 2019.

Para terminar con esa situación en la política migratoria, lo primero es respetar la ley y devolverla a la Secretaría de Gobernación, recuperando la visión y mando civil, fundado en el respeto a los derechos humanos, así como devolver al Instituto Nacional de Migración su carácter y calidad de institución civil, tanto en sus mandos como en su personal operativo.

El Decreto presidencial del 19 de septiembre de 2019 debe ser abrogado y la Comisión Intersecretarial desaparecer. No podemos dictar a la Casa Blanca o al Capitolio lo que deben hacer. Pero si podemos hacer lo que está en la esfera de nuestra soberanía como nación y nuestra tradición como país solidario. Volvamos a una política migratoria con visión y mando civiles. Ese será el mejor tributo a la memoria de los cientos de migrantes muertos. Ya es hora.     


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Jorge Alcocer V.

Director fundador de Voz y Voto. 

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