Hay una cosa segura, y otra casi, en las elecciones de 2024, en Estados Unidos.

Lo seguro es que la migración será el gran tema de los candidatos presidenciales, tanto demócrata como republicano.

Casi seguro es que Donald Trump será el candidato republicano, con altas posibilidades de un segundo mandato en la Casa Blanca, con todo lo malo que ese hecho traerá aparejado, para México y para la seguridad y la paz mundial.

No tengamos duda alguna, Donald Trump usará a México, a los mexicanos y a los migrantes como ejes del terrorismo verbal con el que buscará volver a impactar al electorado conservador.

Desde México podríamos hacer algo para evitar quedar colocados, de nuevo, como el muñeco para tiro al blanco en la feria electoral norteamericana.

Ingenuo sería pedir al gobierno mexicano que faltando un año para concluir su periodo haga un cambio significativo en sus decisiones y acciones sobre migración, tema en el que desde 2019 se impuso la militarización como estrategia y el chantaje como arma frente a la Casa Blanca. Cada que el presidente mexicano requiere amagar a su contraparte americana, usa a los migrantes.

Relajar la cortina militar y de la Guardia Nacional para impedir el tránsito de los migrantes por nuestro territorio ha sido táctica repetida desde los acuerdos entre Marcelo Ebrard y Mike Pompeo, en julio de 2019, por el que México aceptó, sin los condicionamientos previamente pactados, la masiva devolución de migrantes centroamericanos y de otras nacionalidades, solicitantes de asilo en Estados Unidos.

Lo que en los siguientes 9 meses se puede propiciar, al calor del proceso electoral mexicano, es abrir un análisis de la crisis migratoria y las alternativas que tenemos para su atención, desde nuestras propias capacidades y posibilidades. En ese debate deberían participar tanto quienes aspiren a la presidencia, como los candidatos al Senado. El punto de partida es aceptar lo que el gobierno mexicano se niega a reconocer: la crisis migratoria. O dicho en pocas palabras, para resolver esa crisis, lo primero es aceptar que existe.

Expongo en este artículo algunos elementos a debate. Algunos de ellos los argumenté durante mi trabajo como jefe de asesores de la secretaria de Gobernación (diciembre de 2018 a junio de 2021)

A mi juicio, la premisa para reorientar el debate sobre la migración y los migrantes de nacionalidades extranjeras que ingresan a México es asumir y reconocer que su objetivo es llegar a Estados Unidos. No quieren trabajar ni vivir en México, no de manera permanente, y ni siquiera por temporadas largas. Quieren tener acceso al sueño americano. Quieren vivir y trabajar en Estados Unidos, adquirir el estatus de residentes legales y, pasado el tiempo, la nacionalidad americana. Como he dicho en diversos foros, en referencia a los migrantes mexicanos, también quieren votar, pero en las elecciones de allá.

México no es país de destino, no para la enorme mayoría de los migrantes extranjeros que ingresan a nuestro territorio. A las oleadas de seres humanos procedentes de los países del triángulo centroamericano (Guatemala-El Salvador-Honduras) se han sumado venezolanos, cubanos y haitianos. Haití es como una especie de islote africano frente a la costa americana. De diversos países de África y Asia también llegan migrantes en tránsito al sueño americano.

Si México es país de tránsito de migrantes de múltiples nacionalidades hacia Estados Unidos, entonces el enfoque mexicano del tema debe ser, primero, bilateral, y luego multilateral.

En lo bilateral, hay que abrir un diálogo serio, constructivo, entre los gobiernos de ambos países y entre sus legisladores, en particular senadores, para encontrar las estrategias y acciones que permitan atender el tema, con visión civil basada en el respeto a los derechos humanos de los migrantes. Para ese propósito es necesario retirar a los militares de la conducción y operación del Instituto Nacional de Migración. Es decir, hay que desmilitarizar la política migratoria de México. Esa será una decisión del próximo gobierno, que debería formar parte del plan para el retiro de los militares de aquellas áreas en las que de manera inconstitucional el actual gobierno les ha dado tareas y mando que les están vedadas.  

El otro enfoque es multilateral. Involucrar a la ONU y sus organismos de protección de derechos humanos y de atención a fenómenos migratorios globales debe ser prioridad para el próximo titular de Relaciones Exteriores del gobierno de México. Recuperar experiencias como la de los años 80, cuando se crea la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) en el marco de la participación de nuestro país en la ACNUR/ONU.

Las elecciones de 2024, en ambos países, pueden ser el espacio para el nuevo planteamiento de un tema que es, antes que nada, de derechos humanos.