Desde 2016, Perú se encuentra sumido en una crisis política e institucional que parece no llegar a un fin. Con seis presidentes en tan solo seis años, lo que debería ser una excepción para cualquier democracia se ha convertido en una “nueva normalidad”. El último capítulo de esta crisis institucional tiene como protagonista a Pedro Castillo quien fue electo como presidente en 2021 y cuyo gobierno ha estado marcado por una alta rotación de cargos gubernamentales, acusaciones de corrupción, mociones de vacancia presidencial y un intento de autogolpe que condujo a su captura policial y destitución.

El 7 de diciembre, Castillo enfrentaba su tercera moción de vacancia presidencial. A pesar del apoyo de la bancada oficialista y otros sectores del Legislativo, horas antes de la votación Castillo anunció la disolución del Congreso, la convocatoria a nuevas elecciones congresales con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución y la reorganización del sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional, entre otras instituciones.

Este intento de autogolpe se asemejaba al perpetuado por Fujimori en 1992 aunque con ciertos matices. Castillo no gozaba ni con la popularidad ni con el apoyo político o social de Fujimori. Por ello, el intento autoritario de Castillo no duró ni dos horas siendo este detenido por su escolta mientras intentaba llegar a la embajada de México para, supuestamente, solicitar asilo político. En paralelo, el Congreso peruano adelantó su sesión del día y destituyó a Castillo con 101 votos a favor de 130. De esta manera, la entonces vicepresidenta Dina Boluarte se convirtió en la primera mujer en presidir el Ejecutivo peruano.

El accionar de Castillo ha provocado un daño irreparable para los sectores que este suponía representar: las y los peruanos de provincia, con menos recursos y menos oportunidades. Lejos de ello, Castillo gobernó de manera clientelar y tanto él como su círculo político enfrentan un número significativo de investigaciones por supuestos delitos de corrupción. No obstante, Castillo no es el único responsable de esta crisis. Alegando la “incapacidad moral” el Congreso peruano tiene la facultad de iniciar un proceso de vacancia presidencial bajo argumentos arbitrarios. Esto ha supuesto una lucha entre los poderes que limita efectivamente la capacidad de gobernar de cualquier persona que ocupe el sillón presidencial.

Las protestas y la barbarie

El final de Castillo y la juramentación de Boluarte como nueva presidenta no ha significado el final de la crisis peruana. Esta última crisis institucional ha provocado una ola de protestas ciudadanas tanto en la capital como en las distintas regiones del país. En su mayoría, estas protestas tenían como objetivo el adelanto de elecciones para renovar tanto el Ejecutivo como el Legislativo y ponerles un fin a los absurdos conflictos entre los poderes del Estado.

Lamentablemente, en América Latina las protestas sociales siempre han sido respondidas con violencia y represión por parte de los gobiernos en lugar del diálogo y consensos. Perú no ha sido la excepción. Al momento de escribir este artículo, 28 personas, entre ellas cuatro menores de edad, han perdido la vida a causa del accionar de la policía y las fuerzas armadas. La represión policial ha llegado a tal punto que organizaciones internacionales como Human Rights Watch han denunciado los abusos y sugerido impulsar investigaciones exhaustivas e independientes a cargo de autoridades civiles.

La violencia se ha acentuado sobre todo en Ayacucho en donde, de acuerdo con los reportes de Human Rights Watch, el gobierno peruano desplegó a militares armados con fusiles de asalto. Al respecto, la Defensoría del Pueblo informó que 356 manifestantes y 290 policías resultaron heridos durante las manifestaciones. Asimismo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú sostuvo que la policía agredió a personas arrestadas o durante su custodia, demoró el acceso de abogadas y abogados a las personas detenidas y se retuvo a muchas de estas por un periodo mayor al permitido.

El exceso policial debe ser entendido en el marco de la respuesta del Ejecutivo ante las protestas. Una vez en el poder, la presidente Dina Boluarte, el 14 de diciembre, declaró a todo el estado peruano en estado de emergencia por 30 días. Esta medida excepcional contemplada en la Constitución suspendió algunos derechos básicos como la libertad de reunión y la inviolabilidad de domicilio y movilizó a las fuerzas armadas a las distintas provincias del país.

Este nivel de violencia policial dirigida a los manifestantes no ha sido la excepción sino la regla. Perú tiene un largo historial de violación de derechos durante las protestas. En 2020, durante la crisis política institucional de ese año tras el ascenso de Manuel Merino al poder, dos jóvenes, Brian Pintado e Inti Sotelo, perdieron la vida en las marchas. La muerte de Inti y Brian marcó el final de Merino y reforzó la presión social al Congreso para encontrar una salida democrática.

Al respecto, la politóloga Jo-Marie Burt definía la crisis peruana no solo como una crisis política e institucional sino también como una crisis de derechos humanos. Las protestas en Perú se han tornado cada vez más violentas, se han tomado aeropuertos y bloqueado carreteras. En esta nueva crisis, la decisión de movilizar a las fuerzas armadas ha provocado un impacto negativo sobre la vida de la ciudadanía pues esta organización no cuenta con la organización o equipos para llevar a cabo estas tareas. Al contrario, su accionar solo ha recrudecido los niveles de violencia.

La respuesta a las protestas ha sido un “desdén institucionalizado”. Tanto la actual presidenta como distintos congresistas y periodistas han señalado que las manifestaciones son producto de “malos peruanos” o “terroristas”. Lejos de intentar establecer un diálogo con los manifestantes, parte del establishment peruano ha preferido ignorar los excesos de la policía y las fuerzas armadas. Con cerca de 30 muertos, lo mínimo que debería asegurar el gobierno peruano es una investigación profunda y justicia hacia las víctimas. Esto en Perú no será el caso pues Boluarte afirmó que las muertes durante las manifestaciones serán investigadas en el foro militar.

Una “salida” de la crisis

Tras 28 personas muertas durante las manifestaciones, la crisis peruana se mantiene. La respuesta de Boluarte a las protestas fue un adelanto de elecciones para cambiar tanto el Ejecutivo como el Legislativo para 2024 en lugar del 2026. Aunque ciertos sectores de la ciudadanía exigían la organización de estos comicios en 2023, el 20 de diciembre el Congreso aprobó el adelanto de las elecciones para abril de 2024. La aprobación de esta medida se deberá reconfirmar en la siguiente legislatura.

A pesar de esta posible salida de la crisis existen ciertos elementos institucionales que de continuar en el sistema político peruano provocará una nueva crisis independientemente si se renueva o no el Ejecutivo y el Legislativo. Estas son: la insolvencia de los partidos de gobierno para obtener (o consensuar) mayorías en el Congreso y la incapacidad moral como causal para la vacancia presidencial. Ambos factores se mantienen presentes en el sistema peruano.

Debido a la crisis de partidos y a la alta fragmentación de estos, los partidos de gobierno en Perú han tenido grandes dificultades por obtener mayorías en el Congreso. Así, en las Elecciones Generales de 2001, 2006, 2011, 2016 y 2021, los partidos de gobierno solo han acumulado el 37.5%, 30.0%. 36.2%, 13.8% y 13.4% de escaños. En ningún caso los gobiernos han conseguido generar alianzas efectivas entre los partidos. Esta disparidad entre el número de bancadas de gobierno y de la oposición ha producido que los conflictos entre el Ejecutivo y Legislativo se mantengan constantes. Sin un partido de gobierno fuerte, los conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo continuarán.

El segundo factor, y el que debe resolverse con prontitud, es de carácter constitucional. En específico, la presencia de la vacancia por incapacidad moral como una causal para la destitución del presidente. El término de “incapacidad moral” solo se empleó antes del 2016 en un solo caso: la renuncia de Fujimori y su salida del país tras un escándalo de corrupción. Esta excepcionalidad se interrumpió a partir del gobierno de minoría conducido por Pedro Pablo Kuczynski y ha sido empleado por la oposición con una alarmante frecuencia. La vacancia por incapacidad moral produjo la renuncia de Kuczynski, la destitución de Martín Vizcarra, sucesor de la presidencia, y el intento de autogolpe por parte de Castillo para evitar su destitución.

A pesar de que Perú ha esquivado nuevamente la caída a un régimen autoritario, el ascenso de Dina Boluarte solo ha producido protestas masivas de una ciudadanía que se encuentra ya harta de la inestabilidad política. En lugar del diálogo, el gobierno ha respondido con extremada violencia. Perú cierra el año con una democracia a cuestas, débil y profundamente desconectada de las necesidades de la ciudadanía, en especial de ciudadanas y ciudadanos fuera de Lima Metropolitana.