A menos de cinco meses de las Elecciones Generales 2021 (los comicios que coinciden con la celebración del Bicentenario de la Independencia), nuestro país transita por la mayor crisis presentada en las últimas dos décadas. Nuestra accidentada realidad se nutre de un problema sanitario que no tiene para cuando ceder y una contracción económica severa, a las que se suma un problema institucional mayor, que tensa la relación Ejecutivo-Legislativo a tal punto que tres ciudadanos se han calzado la banda presidencial en menos de dos semanas. Ello, producto de una protesta social intensa, sólo comparable con la producida a finales de la década de los 90´s.

En este contexto de expectativas insatisfechas y problemas institucionales se instala en el país un nuevo gobierno de «Transición y Emergencia» cuya principal ancla se sostiene en la pronta realización de las Elecciones Generales del 11 de abril próximo, misma que debe ser capaz no sólo de otorgar legalidad y legitimidad a las principales autoridades políticas, fruto de dichos comicios, sino, además, convertirse en la gran oportunidad de canalizar propuestas y demandas que sirvan para repensar el Perú que queremos y necesitamos construir a partir del Bicentenario.

De esta manera, los grandes desafíos que recaen en la administración electoral se pueden agrupar en dos: 1) conciliar los derechos políticos de sufragio y participación, con el cuidado y seguridad de la salud pública por la latente amenaza de contagio de la COVID-19 y, 2) ofrecer a la ciudadanía la realización de un método democrático confiable e inclusivo para la superación de la crisis política nacional.

1. Conciliación de los derechos políticos y el derecho a la protección de la salud

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó el brote del Coronavirus (COVID-19) como una pandemia, tras haberse extendido en más de cien países del mundo de manera simultánea. En ese contexto, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, el Ministerio de Salud declaró la Emergencia Sanitaria y, por Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros decretó el Estado de Emergencia Nacional, mismas que se encuentran actualmente vigentes en el Perú.

Posteriormente, y en cumplimiento al mandato constitucional, el presidente de la República, mediante Decreto Supremo N° 122-2020-PCM, convocó a Elecciones Generales para el 11 de abril de 2021 para la elección del presidente de la República, vicepresidentes, así como de los congresistas de la República y de los representantes peruanos ante el Parlamento Andino. Asimismo, a través de la promulgación de la Ley N° 31038, ley que modifica la Ley Orgánica de Elecciones (LOE) a fin de establecer normas transitorias para la celebración de las Elecciones Generales 2021 en el marco de la Emergencia Nacional Sanitaria ocasionada por la COVID-19, se precisa que: «Es responsabilidad de los organismos electorales garantizar, en el ámbito de sus funciones, todas las medidas de control y seguridad sanitarias establecidas en el Protocolo Sanitario que, para tal efecto, determinen en coordinación con el Ministerio de Salud».

En ese marco normativo, la nueva gestión de la ONPE impulsó la coordinación con el Ministerio de Salud (MINSA) para la aprobación de siete protocolos de seguridad y prevención contra la covid-19: 1) en las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) y en las Oficinas Regionales de Coordinación (ORC); 2) en el local de votación y espacios abiertos; 3) en la mesa de sufragio; 4) para los electores; 5) para los personeros durante el proceso electoral; 6) para los observadores durante el proceso electoral y 7) para los periodistas que cubren el proceso electoral.

Los siete protocolos de seguridad y prevención contra la COVID-19 fueron trabajados por la Gerencia de Organización Electoral y Coordinación Regional (GOECOR) y el Centro Nacional de Epidemiología Prevención y Control de Enfermedades del MINSA, y tienen como punto de partida el estricto cuidado y protección a la salud de todos los actores electorales.

Un elemento importante recogido en los protocolos de seguridad y prevención contra la COVID-19 es el distanciamiento social. Para ello, la ONPE, en virtud de la modificación legal promovida por el congreso de la República, ha cambiado radicalmente su estrategia de organización, pasando de una basada en el uso limitado de locales de votación –con un número importante de mesas de sufragio en su interior y un gran volumen de electores convocados– a una pensada en el ciudadano, con un gran número de recintos electorales disponibles en cuyo interior se podrán instalar un número limitado de mesas de sufragio, convocando a un reducido número de electores.

Para conseguirlo, la ONPE ha cuadriplicado el número tradicional de colegios electorales utilizados por proceso electoral (alrededor de 5,300) logrando asegurar, para tal fin, infraestructura que permitirá implementar no menos de 22,000 recintos electorales. Ello contribuirá a generar las condiciones que permitan evitar la recurrente aglomeración de parte importante de los 24 millones, aproximadamente, convocados para sufragar en territorio nacional.

A modo de recomendación ciudadana –y en aras de fortalecer las estrategias de evitar el contagio de la COVID-19– la ONPE viene propagando una argumentada campaña comunicacional respecto al «voto escalonado» o voto por franjas horarias, de acuerdo al último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los electores. La sugerencia, que ante la ausencia de marco legal cuenta con estudios logísticos de tiempos y movimientos, protege a la población propensa a mayor contagio (adultos mayores, mujeres gestantes y pacientes con patologías) otorgándole prioridad durante las doce horas de la jornada electoral y reservándole las dos primeras horas (de 7 a 9 am) para que pueda sufragar cuando los recintos electorales están en inmejorables condiciones higiénicas.

En la línea de estrategias adoptadas para salvaguardar la salud de los electores al mismo tiempo de garantizar sus derechos políticos al sufragio y participación, el uso intensivo de tecnologías no podía dejar de acompañar a las acertadas modificaciones legales que el parlamento adoptó mediante la Ley N° 31038, permitiendo que los electores elijan su local de votación en un distrito distinto al de su domicilio consignado en el DNI, siempre que éste se ubique dentro de la misma región.

A través del dato georreferenciado de los locales de votación, incorporado en el aplicativo tecnológico «Elige tu local de votación» que la onpe ha puesto a disposición de la ciudadanía en todo el territorio nacional, habrá menor tránsito de personas durante la jornada electoral, reduciendo las posibilidades de contagio tanto al interior de los recintos electorales como fuera de los mismos.

2. Elecciones como método democrático para la superación de la crisis política

Los recientes episodios de movilización ciudadana evidencian la necesidad de fortalecer nuestra democracia desde el permanente diálogo que debe existir entre representantes y representados. Qué mejor oportunidad para hacer oír nuestras voces desde el poder del voto y las urnas. En tal sentido, la ONPE viene trabajando para no sólo incrementar significativamente el número de locales de votación, sino, también, en la desconcentración territorial de los mismos y en la aplicación de políticas transversales de interculturalidad.

Los estudios de investigación realizados sobre las elecciones democráticas en el Perú muestran el creciente esfuerzo de la ONPE, elección tras elección, por llegar a cubrir más ámbitos territoriales –sobre todo rurales– de nuestra accidentada y compleja geografía nacional. Pese al importante esfuerzo precedente, cientos de miles de connacionales no consiguen ejercer su derecho al sufragio por las insalvables distancias que separan a sus comunidades del local de votación más cercano.

La actual gestión de la ONPE se ha propuesto superar la cuenta pendiente nacional respecto a nuestros compatriotas aún invisibles y, así, comenzar a reducir –significativamente– el ausentismo estructural, que podría estar afectando a uno de cada cinco electores. Para ello, se instalarán no menos de 200 mesas de sufragio adicionales en municipios de centros poblados, como espacios de organización rural de vital importancia para los citados connacionales.

En esa línea, se suma la implementación acotada de materiales electorales en lenguas nativas. Una novedad que implica una importante reivindicación histórica a los pueblos originarios, pues en un país con 48 lenguas y 40 alfabetos, sólo se había elaborado material electoral en castellano excluyendo, culturalmente, a quienes poblaron estas tierras desde tiempos inmemoriales.

Como se ha podido apreciar, los desafíos de la administración electoral peruana, de cara al Bicentenario, son mayúsculos, pero la organización electoral se encuentra preparada y comprometida con el éxito del proceso electoral. Las Elecciones del Bicentenario deben ser las mejores elecciones de la historia republicana. La ciudadanía lo merece.