En los países de América Latina y el Caribe, con procesos democráticos en fortalecimiento y consolidación, la gobernanza y la administración electoral constituyen temas centrales en el desarrollo de elecciones transparentes, limpias y competitivas. Las reglas constitucionales y legales en la materia son esenciales para el funcionamiento del sistema político. De la misma manera, los órganos electorales son fundamentales para el desarrollo de elecciones de calidad en un contexto democrático.

En su libro “Cómo mueren las democracias” Steven Levitsky y Daniel Ziblatt señalan que la historia ha planteado que las democracias son socavadas por golpes de Estado en mano de los generales, pero advierten que existe otra manera de hacer quebrar el sistema democrático. Esta se realiza a través de dirigentes que deslegitiman a las instituciones y, específicamente, a los procesos electorales. Este debilitamiento comienza en las urnas, se fortalece con la descalificación de los oponentes y toca su punto más álgido con la transgresión y ocupación de las instituciones y organismos autónomos con personas leales a sus intereses.

Esta práctica hace que la erosión de la democracia sea casi imperceptible, pero los daños que se generan sobre la legitimación del régimen impactan rápidamente en la percepción de las y los ciudadanos. La pregunta es: ¿cómo proteger al sistema político de estas situaciones? En este artículo se analizan algunas prácticas de desprestigio contra los órganos electorales en América Latina y en Estados Unidos. Este último país es relevante por la influencia que ejerce sobre la región y por su reciente “periferización”^[1] en términos democráticos. Si bien estas prácticas se presentan de distintas vías o modos, el objetivo perseguido es el mismo: deslegitimar los procesos democráticos y condicionar el funcionamiento institucional.

Narrativa de fraude y desconocimiento de los resultados electorales

La discusión en torno a las acusaciones de fraude electoral presenta desafíos para los procesos eleccionarios de los países de la región. Uno de ellos reside en la falta de consensos sobre lo que es fraude electoral. Este vacío conceptual abre la posibilidad a que su uso esté más relacionado a cuestiones de estrategia política para condicionar la transparencia de los resultados antes, durante o posterior a la jornada de votación.

En este sentido, luego de que su proyecto para modificar el actual sistema de voto electrónico por el voto en papel sea rechazado por la Cámara de Diputados, el presidente brasileño Jair Bolsonaro viene sosteniendo hace más de un año que las próximas elecciones presidenciales corren el riesgo de ser manipuladas. Estas declaraciones fueron realizadas cuando las encuestas lo ubicaban por debajo del candidato del Partido de los Trabajadores, Lula Da Silva, y con la posibilidad de perder en primera vuelta. Así, el actual mandatario brasilero sostiene en reiteradas ruedas de prensa que las próximas elecciones no serán legítimas y están signadas por una “mancha de la desconfianza” perfilándose este tema como uno de sus ejes de campaña. En ocasiones, Bolsonaro ha llegado a afirmar que no aceptaría los resultados.

Estas declaraciones cuentan con el antecedente de las Elecciones Municipales de noviembre de 2020. En estas, Bolsonaro ligó directamente su derrota a supuestas presiones de la justicia electoral sobre las y los diputados redoblando así las denuncias de imparcialidad contra el Tribunal Superior Electoral, órgano que organiza y garantiza la fiabilidad de los comicios. Lo llamativo es que, en Brasil, el sistema de votación por voto electrónico es el mismo desde 1996 y sus famosas urnas que garantizan un recuento rápido no han presentado irregularidades ni graves fallos de seguridad. Incluso fue ese mismo sistema el que llevó a Bolsonaro a la presidencia en 2019.

Cruzando la frontera, Keiko Fujimori fue candidata en reiteradas ocasiones a la presidencia de Perú y ante la posibilidad de perder ante Pedro Castillo en el balotaje comenzó una similar estrategia de desprestigio del proceso electoral, en la cual denunció fraude desconociendo los resultados que reflejaban su derrota. Dichas acciones no solo aumentaron la desconfianza sobre los organismos de control electoral, sino que también demoraron un mes y trece días la proclamación oficial de resultados.

Las acusaciones de Fujimori se vieron respaldadas por las declaraciones del empresario Zamir Villaverde quién cumpliendo prisión preventiva por tráfico de influencias sostuvo meses atrás que el actual presidente Castillo planificó y coordinó junto al Jurado Nacional de Elecciones su triunfo electoral durante 2021. Aunque estas versiones fueron desmentidas por la entidad electoral abrió lugar -una vez más- a cuestionamientos sobre la legitimidad democrática de un gobierno que permanece inmerso en una profunda crisis política e institucional desde el inicio de su gestión.

Quizás el caso más disruptivo para la institucionalidad de la democracia liberal fue el arribo de Donald Trump a la presidencia de EE.UU. y que continuó con el patrón de comportamiento antidemocrático citado anteriormente. Trump fue el primer candidato en plantear dudas sobre el sistema electoral desde los comicios de 1960 dejando explícito incluso la negación a la legitimidad de los adversarios, Hillary Clinton primero y Joe Biden después.

En su intento por desacreditar el sistema electoral en el año 2016, Trump manifestó en reiteradas oportunidades la posibilidad de fraude tanto durante su campaña como el mismo día eleccionario motivando la movilización social a partir de la idea de que podían robarle la elección. Todo ello llevó a que gran parte de los estadounidenses creyesen tanto en ese año como en 2020 que le podían haber robado las elecciones a Trump.

La reducción presupuestaria de los órganos electorales

En los últimos años se ha visibilizado una modalidad utilizada por los poderes del Estado en detrimento de los órganos electorales: la reducción presupuestaria de los mismos. En el caso de México, a nivel nacional, en el año 2021 la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó el presupuesto 2022 con una reducción del 26% de lo solicitado por el Instituto Nacional Electoral (INE), órgano electoral constitucional del país, para dicho ejercicio. A partir de ello, si bien el INE interpuso un recurso, esta institución debió hacer modificaciones en la organización del proceso de revocación de mandato a llevarse a cabo ese año.

Asimismo, este tipo de accionar también se evidencia a nivel local. En marzo de este año, el INE alertó sobre los recortes presupuestarios de hasta más del 40% de Organismos Públicos Locales Electorales, a través de un informe^[2] que daba cuenta de los diferentes impactos. De los 32 institutos locales existentes, 25 se vieron afectados por estas reducciones.

En este punto, en el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, también debió intervenir el Poder Judicial para evitar un recorte considerable. Así, mediante un fallo del Tribunal Electoral de la Ciudad se ordenó al gobierno y al Congreso Local a incrementar el presupuesto del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) para el actual ejercicio por haberse extralimitado en sus atribuciones vulnerando las garantías de legalidad y los principios de autonomía e independencia presupuestaría. Esta acción se produjo de manera paralela a la reforma electoral aprobada por el Congreso local que eliminó las áreas técnicas del Instituto.

Los ataques a los funcionarios a cargo de los organismos electorales y el intento por controlar su designación

Junto con la narrativa de fraude y el desconocimiento de los resultados electorales, y a favor del desgaste de la credibilidad de los órganos encargados de la organización de los comicios, en los últimos procesos electorales de la región es común encontrar también el ataque a los mismos funcionarios titulares de los organismos electorales.

En el caso de El Salvador, durante el año 2020 el Presidente Nayib Bukele atacó en reiteradas oportunidades a uno de los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) combinando este accionar con las manifestaciones de que el TSE incurriría en fraude electoral en las elecciones legislativas que se llevaron a cabo en febrero de 2021. Incluso se llegó a bloquear y sitiar la sede de este organismo por parte de un grupo de simpatizantes del gobierno luego de que el TSE decidiera suspender la inscripción de algunas candidaturas de Nuevas Ideas, partido oficialista. En este marco de amedrentamiento de las y los magistrados y en colisión con el respeto de la autonomía del órgano electoral, Bukele motivó el nombramiento de un hombre de su extrema confianza al frente la Unidad de Servicios Informáticos del TSE, despertando serias sospechas de cara a los comicios de 2024.

En Ecuador, durante las elecciones presidenciales de 2021, el Consejo Nacional Electoral (CNE), órgano que según la Constitución de 2008 tiene competencia privativa sobre la función electoral, recibió presiones de otros órganos del Estado como la Contraloría General. Así, cinco vocales del CNE podían ser destituidos durante y después del proceso.

Sumado a la narrativa del fraude en el Perú, desde el 2021 hasta la fecha se han producido ataques tanto a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) como al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con el objetivo de generar desconfianza en los comicios a llevarse a cabo este año a nivel regional y municipal. El Presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, resaltó la agresión, acoso y amenazas a los titulares de las instituciones electorales peruanas, incluso en sus viviendas personales.

En el reciente proceso electoral en Colombia, el Registrador Alexander Vega denunció ataques personales que recibió de parte del Presidente del Senado de la República Juan Diego Gómez, en el entendimiento que “a gravedad de sus dichos desde la institucionalidad del Estado no solo afectan a la Registraduría como institución electoral, sino que atacan el proceso electoral e impactan en la confianza ciudadana sobre el proceso electoral”.

Usualmente, esta estrategia busca desprestigiar al árbitro para deslegitimar un proceso en el cual el candidato puede verse derrotado. El uso de cajas de resonancia, como pueden ser hoy las redes sociales para viralizar un mensaje sesgado o directamente falso, generan un impacto social que, flojo de fundamentos, confunde al electorado y pone en tela de juicio el rol de las instituciones de la democracia y polariza a la sociedad.

Volviendo a la pregunta de cómo prevenirnos de estas situaciones, se debe tener en cuenta lo asegurado por Levitsky y Ziblatt (2018) acerca de que siempre existe cierta incertidumbre sobre el comportamiento democrático que tendrá un político sin un curriculum contrastable una vez ocupe la presidencia. Los líderes antidemocráticos suelen mostrar algunas señales con anterioridad, como lo fue en su momento Trump, quien incluso antes de su asunción ya daba muestras claras de su débil compromiso con las reglas democráticas del sistema.

Adam Przeworski plantea en primer lugar que una alerta que evidencia el accionar de estos líderes son las expresiones de sentimientos anti institucionales: el lenguaje del “yo” y no el de las instituciones. En segundo lugar, destaca la calificación de sus adversarios políticos como: “los enemigos del pueblo”, “los enemigos de la nación” o “los enemigos del Estado”. Por su parte Scott Mainwaring y Aníbal Pérez Liñán, en su obra “Democracias y Dictaduras en América Latina”, apuestan que para prevenir o contrarrestar surgimientos de candidatos con actitudes autoritarias se debe identificar a los actores comprometidos con la democracia y activarlos para que funcionen de anticuerpos a estos avances.

Seguramente todo esto contribuya, pero lo que debiera interpelar es que, si las y los ciudadanos van a las urnas, las élites políticas se alternan, las demandas sociales no son satisfechas y la protesta social en las calles no tiene una adecuada canalización institucional, la aparición de líderes antidemocráticos que presenten soluciones mágicas y una consecuente erosión democrática no debería sorprender. Estos aspectos también deben ser trabajados primando la agenda ciudadana por sobre la de los intereses corporativos de las élites políticas.

^[1] Este concepto fue acuñado por Aníbal Pérez Liñán. Se sugiere revisar: https://nuso.org/articulo/podra-la-democracia-sobrevivir-al-siglo-xxi/

^[2] El informe en cuestión se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/127138/CGex202202-21-ip-14.pdf