Uno de los efectos menos debatidos de la reciente reforma en materia de transparencia y privacidad en México es la reestructuración de competencias entre distintas autoridades responsables de garantizar estos derechos, frente a ciertos sujetos obligados clave, en particular, los partidos políticos y sindicatos del orden local.

Hasta antes de la reforma, tanto los partidos como los sindicatos locales eran sujetos obligados en materia de acceso a la información y protección de datos personales de los órganos garantes de las 32 entidades federativas. Sin embargo, el nuevo modelo institucional aprobado en marzo de este año establece un viraje: ahora serán autoridades federales quienes asuman directamente estas funciones. En el caso de los sindicatos, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Y respecto de los partidos políticos, el Instituto Nacional Electoral (INE).

Aunque el texto legal no distingue expresamente entre sujetos nacionales o locales, se ha interpretado que el cambio abarca a todos, en atención del principio jurídico conforme al cual no deben hacerse distinciones donde la ley no las prevé. Esta interpretación ha generado implicaciones relevantes, tanto en términos legales como operativos, y abre una conversación urgente sobre el papel de los partidos políticos en la nueva arquitectura de transparencia y privacidad.

Implicaciones jurídicas y operativas del cambio de competencias

Con el rediseño institucional, la resolución de los recursos de revisión que involucren a partidos políticos y sindicatos –locales y federales–, así como la supervisión del cumplimiento de sus obligaciones en materia de acceso a la información y protección de datos personales, pasará a estar en manos de las nuevas autoridades federales, que deberán ejercer funciones que antes recaían en el órgano garante nacional y en los 32 organismos garantes locales. Esta redistribución de competencias fue acompañada por un plazo de 30 días, contado a partir de la publicación de las leyes secundarias, para que las autoridades receptoras realizaran los ajustes normativos internos necesarios.

El INE fue uno de los primeros organismos en responder. El 19 de abril de 2025, su Consejo General aprobó modificaciones al Reglamento Interior para asumir formalmente las funciones de autoridad garante en materia de transparencia y datos personales respecto de los partidos políticos nacionales. Además, se definieron dos instancias internas que asumirán funciones diferenciadas: el Órgano Interno de Control, para atender asuntos relacionados con el propio INE, y el Consejo General, para ejercer como garante frente a los partidos.

Sin embargo, este ajuste normativo solo ha contemplado a los partidos de carácter nacional. En lo que respecta a los partidos políticos locales, el Instituto aún no ha realizado un proceso formal de adecuación normativa ni ha establecido criterios específicos para asumir esta función.

Mientras esto ocurre, algunas legislaturas locales, han interpretado la reforma en sentido inverso, aprobando disposiciones legales que conservan la competencia de las nuevas autoridades garantes locales sobre los partidos políticos de sus respectivas entidades. Este escenario fragmentado no solo evidencia la diversidad de criterios, sino que anticipa eventuales tensiones jurídicas e, incluso, potenciales controversias constitucionales sobre el alcance real del nuevo marco normativo.

Retos del nuevo modelo: archivos, coordinación y vacíos

El cambio en la autoridad garante para partidos políticos plantea desafíos técnicos importantes. En primer lugar, la transferencia ordenada de expedientes requiere capacidad archivística, criterios claros de clasificación y mecanismos homologados de gestión documental. Estamos hablando de la eventual transferencia no solo de los partidos políticos nacionales, sino también de 32 transferencias de los partidos políticos de cada entidad.

Pero los retos que plantea esta transición van más allá de lo técnico. Por un lado, existe una necesidad urgente de fortalecer la coordinación interinstitucional entre los órganos garantes locales y las nuevas autoridades federales. Sin canales de comunicación claros y mecanismos efectivos de colaboración, es difícil garantizar una transferencia ordenada de funciones y responsabilidades.

Por otro lado, las nuevas autoridades enfrentan una carga institucional considerable al asumir funciones que antes recaían en otras instancias, lo que potencialmente implicaría la necesidad de mayores recursos humanos, técnicos o presupuestales. Esta situación podría limitar su capacidad de respuesta, sobre todo en lo que se refiere a resolución y seguimiento del cumplimiento de recursos; verificaciones y evaluaciones; así como capacitación.

Finalmente, el proceso se desarrolla en un contexto de incertidumbre jurídica. La falta de una ruta unificada para los partidos del ámbito local, así como la ausencia de mecanismos y lineamientos para la transferencia de estos sujetos obligados, ha ralentizado la implementación del nuevo modelo en este ámbito y ha generado dudas operativas que aún están por resolverse.

Es pertinente apuntar que, en el caso de los sindicatos, la lógica de esta centralización es coherente con la reforma laboral de 2019. En cambio, en el ámbito de los partidos políticos, la motivación legislativa no es tan clara. ¿Se trata de una señal hacia un nuevo modelo electoral federalizado? ¿O es solo una medida transitoria? La reforma electoral que ha sido anunciada para el próximo periodo legislativo podría ofrecer pistas más claras sobre esta dirección.

El caso de la Ciudad de México: transición y voluntad

Si bien en la capital del país el proceso de armonización legislativa en materia de transparencia y privacidad aún no se ha concretado, los artículos transitorios de las leyes secundarias federales son contundentes: en tanto las legislaturas locales no armonicen sus leyes, los órganos garantes locales conservarán funciones, excepto en los casos en que la ley no los contemple. Este es el caso de partidos políticos y sindicatos, que han dejado de figurar entre los sujetos obligados competencia de las nuevas autoridades garantes locales.

Frente a este mandato, el INFO CDMX inició un proceso de transición ordenada, enfocado por ahora en los sindicatos, a través de la aprobación, por parte del Pleno del Instituto, de dos convenios de colaboración: uno con el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y otro con el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. A partir de estos instrumentos, el Instituto ha comenzado la entrega de expedientes relacionados con recursos de revisión y denuncias. A la fecha, se han transferido expedientes de siete sindicatos al Centro y está por concretarse la entrega de otros quince al Tribunal.

En contraste, el caso de los partidos políticos locales –siete, en el caso de la Ciudad de México– permanece abierto. El INFO CDMX mantiene canales de comunicación activos con el INE y permanece a la espera de la definición de los mecanismos formales de transferencia.

Vale la pena destacar que, en la evaluación censal de transparencia realizada por la Dirección de Estado Abierto del INFO CDMX en 2024, los partidos políticos locales de la capital obtuvieron una calificación promedio de 80.92. Mientras que en la Verificación de la Solventación de las recomendaciones derivadas de esa evaluación, la calificación promedio fue de 65.86. Si bien el análisis detallado de estas evaluaciones permite identificar un compromiso importante con el cumplimiento de sus obligaciones, también evidencia que persisten retos y áreas pendientes que requieren continuidad en la supervisión, más allá de los ajustes institucionales en curso.

Conclusiones

Los partidos políticos, ya sea nacionales o locales, desempeñan un papel central en la vida democrática del país. Como entidades de interés público que canalizan demandas sociales, acceden a financiamiento público y aspiran al ejercicio del poder, tienen la obligación de actuar con responsabilidad, transparencia y respeto por los derechos fundamentales. Entre estos, el acceso a la información y la protección de los datos personales son pilares fundamentales de una ciudadanía informada y de una administración pública confiable.

En este contexto de reconfiguración institucional, es necesario ver el nuevo modelo como una oportunidad para mejorar las capacidades del Estado y fortalecer la garantía efectiva de estos derechos. Por tanto, la transición debe ser entendida como un proceso de corresponsabilidad institucional que convoque a las autoridades locales y federales a trabajar de manera coordinada, con criterios claros y voluntad política, poniendo siempre en el centro a las personas y a sus derechos humanos.

Garantizar el derecho a saber y proteger los datos personales no puede quedar sujeto a inercias ni a incertidumbres normativas. Es momento de construir un nuevo andamiaje operativo que priorice la colaboración, la armonización normativa y el fortalecimiento de capacidades. Solo así será posible que el cambio institucional se traduzca en una mejora real para la sociedad, y no en una pausa en la exigibilidad de sus derechos.