El Instituto Nacional Electoral (INE) ha sido el epicentro de intensos debates y transformaciones en los últimos años, especialmente en lo que respecta a su presupuesto. Con cambios de liderazgo, recortes significativos y una relación compleja con el presidente de la República, el INE se encuentra en una encrucijada que mantiene en incertidumbre nuestra democracia.

Desde los años 90, México ha visto surgir órganos autónomos que asumieron funciones que antes pertenecían al Poder Ejecutivo. Uno de los más destacados es el Instituto Nacional Electoral (antes IFE), que fue creado para organizar elecciones con autonomía, fuera del control de los gobiernos en turno.

A lo largo de los años, ese órgano ha experimentado cambios significativos. Desde asumir responsabilidades como la administración de tiempos oficiales en TV y radio y el monitoreo de esos medios, ser un un órgano de carácter nacional desde 2014, hasta ser responsable de nuevas formas de participación ciudadana en materia de consulta popular, revocación de mandato, paridad en todo y además garante de atender las denuncias por la violencia política contra las mujeres en razón de género.

El presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) solía ser un tema sin mayores controversias para su aprobación en la Cámara de Diputados. Sin embargo, con la llegada de López Obrador al poder, la situación cambió drásticamente.

El discurso de austeridad del gobierno actual tiene un doble propósito: someter a las instituciones y encontrar financiamiento para proyectos prioritarios. En este contexto, los órganos autónomos, como el INE, se han convertido en tela para el recorte.

Desde el inicio de la administración de López Obrador, el presupuesto del INE ha sufrido distintos recortes. Con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en 2019 y 2020, se redujo en un 8%. En 2021, fue del 4.3%. Pero en 2022 y 2023, los recortes fueron más drásticos, con 26.1% y 24.2% respectivamente. Estos últimos recortes coinciden con la implementación de mecanismos de participación ciudadana, como consultas populares y revocaciones de mandato, que requieren recursos similares a los de una elección nacional.

Ante la presión financiera, el INE ha tenido que buscar soluciones. Se vio obligado a realizar ajustes internos que incluyeron la reasignación de fondos y la difícil decisión de reducir el número de casillas, sobre todo en la consulta de revocación de mandato, para ahorrar recursos. A pesar de los recortes y la astringencia presupuestal el INE garantizó la transparencia y eficiencia del proceso de revocación de mandato.

Paralelamente, el INE recurrió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La primera vez, en 2021, no tuvo éxito. Sin embargo, en 2022, la Corte falló a su favor y estableció que aunque la Cámara de Diputados tiene la facultad de aprobar el presupuesto, no puede hacerlo de manera arbitraria. Cualquier recorte debe estar fundado y motivado, justificado técnicamente.

A pesar de la resolución de la Corte, la Cámara de Diputados, dominada por la coalición oficialista, insistió en los recortes. Para 2023, el INE enfrentó un escenario similar, aunque sin la presión de una consulta popular.

El año 2021 marcó un punto de inflexión en la política mexicana. A pesar de no obtener mayoría en las elecciones y no alcanzar mayoría calificada en la Cámara de Diputados, el partido oficial anunció dos movimientos clave: una sucesión adelantada y una Reforma Electoral.

Esta reforma buscaba transformar radicalmente el sistema electoral mexicano. Propuso la desaparición del INE y la creación de un nuevo instituto, la elección por voto universal de consejeros y magistrados electorales, y la eliminación de institutos y tribunales electorales locales, entre otros cambios.

Aunque la reforma constitucional no prosperó, el presidente de la República presentó lo que llamó su "Plan B". Este plan tenía implicaciones drásticas, como la eliminación de la mayoría de las plazas del Sistema Profesional Electoral Nacional. Afortunadamente, esa reforma, que fue aprobada en ambas Cámaras, fue invalidado por la SCJN.

Para 2024, el INE ha presentado el presupuesto más alto de su historia, con más de 27 mil millones de pesos. Este gasto cubrirá funciones vitales, como organizar elecciones, fortalecer la democracia y la inclusión, así como coordinar el sistema nacional electoral. Dentro de este presupuesto, se ha asignado una cantidad para posibles consultas populares o elecciones extraordinarias.

Además, hay que considerar que el padrón electoral llegará a 98 millones de electores, habrá concurrencia de elecciones federales y locales en las 32 entidades federativas, se emitirán millones de credenciales y se aplicarán nuevas normas legales, como las de 2020 sobre violencia política contra mujeres.

Algunos cuestionan el costo del INE. Sin embargo, su presupuesto para 2024 representa solo el 0.3% del gasto total. Si lo vemos en términos simples: de cada 100 pesos del presupuesto federal, solo 30 centavos van al INE.

Las comparaciones con otros países a menudo son injustas. Por ejemplo, no se considera el gasto en el padrón electoral y las credenciales de elector, que representa alrededor de una tercera parte del presupuesto del INE.

En 2023, se anticipa otro recorte en el presupuesto del INE. Sin embargo, a diferencia de años anteriores, la atmósfera ya no está cargada de la misma intensidad y presión. Incluso hemos visto a la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, tener acercamientos con el grupo parlamentario de Morena, que contrasta con las fricciones que había con Lorenzo Córdova.

Aunque la amenaza de reducción presupuestal sigue presente, el contexto político y las dinámicas actuales sugieren un enfoque más moderado y menos agresiva hacia el instituto.

Taddei, vista por muchos como una aliada cercana al presidente, ha logrado que el presupuesto del INE deje de ser un punto de conflicto. Esta situación ha generado diversas especulaciones sobre el futuro de la autonomía del instituto y su relación con el titular del Poder Ejecutivo.

A pesar de los desafíos, el INE sigue siendo una institución consolidada, respaldada por miles de empleados y funcionarios que trabajan en todo el país. No es solo un grupo de 11 consejeros electorales, sino una institución que ha trabajado durante casi tres décadas para garantizar la democracia en México.

El INE ha enfrentado retos significativos en los últimos años, pero sigue siendo una pieza fundamental en el entramado democrático de México. Su presupuesto, aunque cuestionado, es esencial para garantizar elecciones libres y justas.

Es crucial que, independientemente de las presiones políticas, el INE mantenga su autonomía y continúe desempeñando su papel vital en la democracia mexicana.